La Ley Rhodes, bautizada (y blanqueada) así en honor al célebre pianista que dice haber sido abusado de niño, nació con un fin. El que pretendieron vendernos fue el de la protección integral de los menores frente a todo tipo de violencias. La realidad, como me harté de denunciar antes de su aprobación, es que nació para blindar la violencia institucional contra ellos. Nació para que el Estado pueda secuestrar niños impunemente y sin control judicial de ningún tipo.
Ángela y Micaela, hermanas mellizas, lo saben bien. Fueron secuestradas por los Servicios Sociales de Castilla y León por una simple discusión con su madre a cuenta de un móvil. Así de simple. Un técnico, al que la Ley Rhodes otorga la condición de autoridad, decidió que por eso estaban en situación de desamparo y no hay más que decir. La guardia civil se presenta en su casa con los secuestradores de los servicios sociales y se las llevan por la fuerza. Un completo HORROR.
La Ley Rhodes y la negación de todo derecho a los menores
Cuando se debatió el proyecto de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, quienes hemos despertado a la espantosa maquinaria de tutelar niños con fines espurios que es la Administración, pusimos el grito en el cielo. El Gobierno utilizó miserablemente a James Rhodes para que la promoviera y la ensalzara hasta que calara en la ciudadanía la aceptación de una norma que sustenta un proceder absolutamente criminal del Estado frente a nuestros niños. Me gustaría creer que el pianista también fue engañado, pero hasta el día de hoy todo lo que conozco apunta a que no.
Justicia Poética, asociación sin ánimo de lucro que presido presentó una enmienda a la Ley Rhodes con la esperanza de poder pararla. Fue inútil. Para el recuerdo queda mi intervención en la correspondiente comisión en el Congreso de los Diputados. Reclamé que se legisle para que cualquier niño en este país pueda designar abogado. Y para que todo niño declarado en desamparado tenga que ser puesto ante un Juez en un plazo máximo de 72 horas a fin de determinar judicialmente si fue legalmente tutelado por la Administración. Lo básico. El derecho que tiene cualquier delincuente. Los diputados, salvo alguna honrosa excepción, ni levantaban la vista. Incapaces de mirarme a los ojos.
El TSJ de Castilla y León condena a la Administración. Indemnización de 150.000 euros
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Administración por lo que las menores han tildado de «secuestro». A partir de su declaración de desamparo, solo podían ver a su madre una hora al mes. «El trato no se aleja del que puede recibir el ganado» manifiesta una de las mellizas, ya mayor de edad. Esta vez la aberrante Ley Rhodes no triunfó. La Fundación Raíces llevó la defensa de estas niñas y su madre a buen término. Sin un solo elemento de desprotección apreciable en la familia de las hermanas que justificase una tutela administrativa, observando la belleza innegable de las menores y a la vista de la masiva proliferación de casos de niñas prostituidas bajo tutela de la Administración pone los pelos de punta imaginar quién pudo dar la orden, por qué y para qué…
Urge acabar con esta Ley criminal cuanto antes. Y sería de esperar que James Rhodes, artífice de su promulgación, a la vista del espantoso sufrimiento que está provocando a manos del Estado en niños y niñas inocentes, encabece el movimiento ciudadano para su derogación. ¿Qué nos dices James? Te tiendo la mano…
