He de confesarles que he dejado de creer en el feminismo institucional. El de las manifestaciones multitudinarias. El de los golpes de pecho en el Congreso. El de las Asociaciones subvencionadas. El de las celebrities oportunistas… ¿Cómo seguir creyendo tras ser testigo de primera mano de todo lo que yo estoy siendo testigo?
Creo en cambio firmemente en las personas, anónimas o no, que encajamos en la definición que el diccionario da del término feminismo. Los que creemos que hombres y mujeres debemos convivir en armonía y en igualdad de derechos y oportunidades. Los que pensamos que la educación ha de ser la piedra filosofal de una sociedad igualitaria y justa para mujeres y hombres. Los que somos conscientes de las maravillosas conquistas logradas en los últimos tiempos en favor de los derechos de la mujer y que peleamos enconadamente allí donde todavía queda trabajo por hacer…
El Estado opresor es (mucho peor que) un macho violador
El titular es imposible que no les suene porque forma parte de la letra del himno «Un violador en tu camino» que nació en Chile y cientos de miles de mujeres lo han entonado en las plazas de medio mundo. Un himno frente a los asesinatos y los delitos contra la libertad sexual cometidos por hombres sobre mujeres. Los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadística para el año 2017 en España cuantifican 51 víctimas mortales por violencia de género, es decir mujeres asesinadas por su parejas o ex-parejas varones, y 2695 mujeres víctimas de todos los tipos de delitos sexuales que contempla nuestro Código Penal. Son las cifras objetivas, y ciertamente inasumibles, tras las que están las masivas movilizaciones que se producen cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre o cada vez que un caso especialmente mediático como fue el de «La Manada» salta a los informativos.
Ahora quiero que reflexionen conmigo sobre otra realidad. Quizás de entre todos los derechos de la mujer, uno de los considerados más sagrados por todas ellas sea su derecho a la maternidad. Y convendremos que no existe amor ni vínculo más fuerte que el que desarrolla una madre por sus hijos. Tal es así que si sometiéramos a cualquier madre a la diabólica prueba de tener que escoger entre ser violada o que le arrebaten a un hijo, la práctica unanimidad de ellas asumirían la violación antes que la sustracción de su cachorro. Y todas aquéllas que yo conozco y que han sufrido la retirada de sus hijos expresan un sentimiento común: «me han matado en vida«.
Pues bien, mientras 51 mujeres eran asesinadas por sus parejas o ex-parejas, abriendo informativos de todas las cadenas, provocando manifestaciones masivas, regando de millones en subvenciones a toda clase de asociaciones feministas y promoviendo cambios legislativos para acabar con la lacra que supone esa cifra, en 2017 fueron asesinadas en vida por el Estado 29.583 mujeres. Y si se encuestara a esas casi 30.000 madres a las que el Estado retiró la tutela de sus hijos, la cifra de las que habrían preferido ser violadas sería prácticamente idéntica. Ya ven, el Estado opresor es (mucho peor que) un macho violador. ¿Y saben cuántos informativos han abierto con alguna de esas 29.583 mujeres? ¿Saben cuántas movilizaciones han convocado las asociaciones feministas para protestar por la violación de derechos de esas mujeres? ¿Saben cuántas subvenciones se han concedido a asociaciones para su defensa? Yo se lo digo. Cero. Cero. Y cero.
El interés superior del menor
Habrá quien me diga que no haga demagogia, que lo que prima en los desamparos es el interés superior del menor y que si los niños van a estar mejor bajo la tutela del Estado, eso está por encima de los derechos de esas 29.583 madres. ¿En serio? Dense una vuelta por los titulares relativos a prostitución de menores tutelados por el Estado en los últimos años por toda la geografía española.
¿Cuántas manifestaciones masivas del feminismo han visto ustedes por todas estas niñas convertidas en prostitutas bajo la tutela del Estado? ¿Cuántas asociaciones subvencionadas han visto que ejerzan la presión que se ejerce en otros casos para depurar responsabilidades? Llevo ya muchos años observando la terrible realidad, así que se lo resumo con una imagen: la del titular de la vergüenza en el Caso Kote Cabezudo que lo explica todo: no se muerde la mano que te da de comer.
¿Quién protege a los menores de aquéllos que supuestamente los tienen que proteger? ¿Cómo puede ser que nuestro Gobierno de Coalición rechace investigar los casos de menores tuteladas prostituidas en Baleares y que no pase nada? ¿En qué cabeza cabe que la Administración pueda arrebatar niños a sus madres sin el previo pronunciamiento de un juez sobre la adecuación de la medida? ¿Y por qué el feminismo institucional permanece sepulcralmente mudo frente a tan graves violaciones de los derechos de tantas mujeres que parecen invisibles para el movimiento?
La motivación de todo: el negocio
Los brutales desamparos masivos que la Administración ejecuta con unas dosis de crueldad inimaginables para quien desconoce esta realidad -más de 2.000 niños son arrebatados a sus padres por el Estado cada día- para mí han supuesto la definitiva tumba del feminismo institucional, la constatación de que las mujeres no les importan nada. Les importa el negocio multimillonario que hacen a costa del sufrimiento de las mujeres, eso sí.
El próximo martes en Alicante ejerceré en juicio la defensa de una madre a la que la Administración le arrebató su bebé del propio hospital tres días después de parirlo. Han pasado más de nueve meses desde entonces. Un bebé nueve meses arrancado del pecho de su madre sin respaldo judicial alguno. El martes tendré que ejercer la defensa sin igualdad de armas y combatiendo la diabólica presunción de veracidad de los funcionarios públicos. Pase lo que pase, la Administración ya hizo su negocio: al menos 36.000 euros limpios en 9 meses de secuestro si el juez da la razón a la madre. Muchísimo más si no se la da. Y mientras esa mujer implora ayuda más que violada por el Estado y muerta en vida, el feminismo institucional complice mira hacia otro lado. Concretamente hacia el lado del dinerito público.
creo que debería denunciarse ante quienes envian esos fondos, la UE, para que hagan una investigación, como se hizo con los ERE de Andalucia por ejemplo. Si ellos la UE o la CEE son los que están regando el sistema con dinero, ellos son los corruptores y tendría que haber un mecanismo para exigir responsabilidaes a ese nivel. A nivel nacional es muy dificil, tenemos el ejemplo de Noruega, donde los servicios sociales encargados de la «tutela» de los niños tienen el poder judicial de su pais totalmente controlado