En octubre de 2020, la Fiscalía archivó la investigación iniciada nueve meses atrás en la que se vigilaba de cerca una supuesta organización criminal dedicada a la explotación sexual de niñas tuteladas en centros de acogida en las Islas Baleares. El Fiscal general declaraba no haber encontrado pruebas que evidenciaran la existencia de una red organizada para la explotación sexual de estas menores. El carpetazo sonó, no solo en las islas, sino en el resto de la Península. Pero igual que golpeó la mesa de la Fiscalía, lo hizo en los medios de comunicación que comenzaron a hacerse eco del caso. Hasta que de repente, se hizo el silencio en todos ellos.
Y ya se sabe que el silencio es la antesala del olvido. Sin embargo esas menores existen. El caso se llevó a los tribunales pero se calla. A día de hoy existen también organizaciones como la Asociación Justicia Poética, que a través de su presidente Mario Díez como máximo responsable, ha interpuesto una querella por las niñas de Baleares por un delito de abandono de menores contra el IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) y contra su presidente Javier de Juan, quien por cierto recientemente ha declarado no conocer casos de abuso sexual, hasta cuatro meses después de haber llegado a la presidencia.
Todo eso se sabe que existe pero se ha silenciado. Por lo tanto, vamos a tratar de que no se olvide. La desprotección de estas menores es máxima. Ya no sólo por el propio centro que las tutela, sino también por parte de Fiscalía, políticos (PSOE y Unidas Podemos han rechazado que se creen comisiones de investigación para que se depure lo que ha ocurrido en Mallorca) y el Estado en general. Sencillamente, como ha afirmado en alguna ocasión Mario Díez, cabeza visible de la Asociación Justicia Poética:“Los menores no importan a nadie. Ni a la Fiscalía, ni a los políticos ni a los centros de menores encargados de la tutela de estos niños”, cuyos padres tampoco pueden prestarles ni tutela, protección o cuidados porque el propio Estado ha considerado que no son capaces.
Las niñas tuteladas ¿desconocimiento de los centros?
Hasta un total de 16 casos estaban siendo investigados por explotación sexual de las menores tuteladas en centros de Mallorca. Una realidad que vivían en primera persona las menores y que desconocían desde los centros. De hecho, también se desconocía desde las instituciones. O eso dicen.
Javier de Juan, presidente del IMAS, en declaraciones recogidas por algunos medios de comunicación como Onda Cero, afirmaba recientemente que los casos de explotación sexual «han existido siempre«. Ha explicado que profesionales de otras épocas describían casos de ESI: «sin darle importancia«. Sé que no se ha fomentado el abuso en el seno del IMAS pero ha habido épocas en que se ha puesto más intensidad que en otras». Y cabe preguntarse si ese afán por dar todo por hecho y por sabido, por considerar algo que ha ocurrido otras veces como normal, sin darle realmente la importancia que tiene, es algo más que dejadez de funciones. Considerar que “esto ha pasado siempre” es cerrar la puerta a encontrar una solución para que efectivamente por fin deje de pasar.
Hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza si se nos ocurre decir que la violencia machista “ha existido siempre”, que el tráfico de drogas “ha existido siempre” o que las violaciones “suceden todos los días”. Porque dejarlo ahí conlleva no buscar una solución o al menos, una denuncia que trate de parar el “ha sido siempre así”. Que las cosas pasen porque sí, no significa que estén bien o que no puedan cambiarse. Y ciertamente hablar de abusos sexuales o incluso de prostitución de menores ni siquiera debería tener esa coletilla del “siempre ocurrió”. Porque revuelve el estómago hasta al más simple de los mortales.
Pero la realidad es… abandono de menores
¿Qué es abandono? Abandono es dejar de cuidar. En el caso de los menores se trata un delito tipificado en el artículo 229 del Código Penal. En él se explica que puede ser castigado con penas de 1 a 2 años de prisión si dicho abandono se produce por parte de la persona encargada de su guarda. Asimismo, se explica que: “Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años”. Y “se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto en peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave”.
Asociar todos estos casos de abandono y trasladarlos al ámbito familiar resulta sencillo: unos padres abandonan a los menores a su cargo y se les juzga por ello aplicándoles el Código Penal. Pero ¿qué ocurre cuando ese abandono se produce por parte de las instituciones del Estado? ¿Y si son los propios centros los que abandonan a los menores que tienen a su cargo?
Dicen que la ley es o debe ser igual para todos. En este caso estaría claro que el Código Penal se aplicase sin miramientos sobre quienes han desprotegio a estas menores en Mallorca. Sobre todo porque los centros no prestaron protección, tenían conocimiento de que lo necesitaban y contaban con posibilidad de prestarlo. Recordemos en este punto que los centros cuentan con cuantiosos presupuestos aplicables en partidas presupuestarias por niño tutelado. También que en declaraciones de ciertas ONG’s: “las comunidades autónomas acogerán a más niños si se las incentiva con dinero”. Y por último, apuntemos que en cualquier economía familiar, pagar por algo que no presta servicio es tirar el dinero. Esto es también aplicable a las instituciones. Denle una vuelta.
Responsabilidad de los centros: dejadez en sus funciones y menores olvidados
Por concluir, si hay dinero, hay medios pero no ganas. Tenemos un verdadero problema. Un problemón. Si hay dinero para acoger a menores, si hay centros que se encargan de ellos y fundaciones, empresas y otras organizaciones que se “pelean” por la gestión de los mismos, alejándose del objetivo real que es el cuidado, la tutela y la reeducación de estos menores ¿qué hay que hacer con todo aquel que desoye sus funciones y afirma no conocer lo que ocurre delante de sus narices? ¿Se le ayuda a silenciarlo para que acabe todo en el olvido? O ¿Se intenta alzar la voz para solo por vergüenza ajena y aludiendo a un ilusionante escarnio público, reconozca que erró, desoyó y sea castigado por ello?
En casos como este de Mallorca, se han incumplido los deberes de protección de los menores. Los menores continuaron en situación de desamparo y desprotegidos ante las garras del deseo sexual de unos depravados. Olvidados además por Fiscalía, políticos y responsables de los centros que supuestamente los protegían y tutelaban. Cuando sean mayores recordarán con horror su infancia. Sentirán que siempre han estado desprotegidos. Dejarán de creer en los jueces, en los políticos y en todo aquel que les prometa amor, protección o amparo. Y si eso es lo que se quiere, con estas menores ya se está consiguiendo.
Por nuestra parte seguiremos intentando que no se quede en silencio, porque sino pronto se quedará en olvido. Y no hay nada peor que una sociedad que olvida, porque está condenada a repetirlo todo.
