Acceder al Fondo de recuperación que fue acordado por la Unión Europea en 2020 guardaba bajo la manga ciertos requisitos como la adopción de la llamada Ley de Movilidad sostenible y Financiación del Transporte prevista para diciembre de 2023. Una Ley que, como se adelantaron a trasladar desde el Gobierno en comunicado oficial, «constituirá el marco normativo que permitirá que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI«. Sin embargo, se trata de una Ley, que como viene siendo habitual, ha generado polémica. Sobra decir que una Ley que no la genera, pasa desapercibida y se convierte al final, en una Lay insulsa.
La Ley se creó teniendo presente los objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030. Fue sometido a consulta pública antes de ser aprobada y considerada como una de las apuestas del Gobierno para «hacer caso a Bruselas«. Dicen que la propuesta de implantar peajes en las autovías formaba parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas tras la crisis del Coronavirus. Trataba de convencer a la Comisión Europea para optar a 140.000 millones de euros en ayudas. Pero no se trabajó más en ello porque los números no daban o al menos eso aseguraron recientemente desde Moncloa.
Sin embargo, la realidad es que la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación lleva dando vueltas desde el pasado año. Además se espera que siga dando que hablar por lo menos en los próximos meses. Entre otras cosas porque contempla que se establezcan límites de emisiones de CO2 para los vehículos. Prohíbe también la circulación de vehículos que sean contaminantes en las zonas de bajas emisiones de los núcleos urbanos.
El cobro de peajes, una medida de recaudación
Y, más aún, sirve de paraguas para la polémica generada en torno a la puesta en funcionamiento de peajes en las autovías de todo el país. Una medida que muchos han calificado de oportunista y de recaudación. Pere Navarro, Director General de Tráfico reconoció recientemente que España iniciaría efectivamente el cobro de peajes en las autovías del país por plena “imposición de Bruselas”. Y estas afirmaciones fueron desmentidas “categóricamente” por la titular del Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Según algunos medios, el objetivo del Gobierno sería recaudar nada menos que 5.000 euros al año. Eso sí, Bruselas está detrás. Aunque se niegue o no se haya querido reconocer.
Según la Red de Carreteras del Estado, quedan actualmente en España alrededor de 1.435 km que son autopistas de peaje directo al usuario. Unos 700km de ese total son gestionados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Y a esta red de carreteras se le deben sumar otros 5.200 km que son vías de gran capacidad de titularidad autonómica. 500 km de los cuales, son de peaje. Existen, por otro lado, autopistas de peaje que son gratuitas en horario nocturno (entre las 00:00 y las 6,00h), como la AP-41, Madrid-Toledo, la AP-36, Ocaña-La Roda, la R-5, Madrid-Navalcarnero o la AP-7, Cartagena-Vera.
Pero, ¿cuánto se recauda? Con datos de 2020, las autopistas de peaje de nuestro país recaudaron alrededor de 895 millones de euros. Con la nueva medida, la cifra aumentaría hasta los 5.000 millones. El salto es cuantitativo, cuanto menos. Y además, permitiría saldar la deuda. Al menos, contribuir al mantenimiento y la conservación de la Red de Carreteras del Estado, que alcanza un déficit acumulado de 8.000 millones de euros.
Críticas de los usuarios a esta medida
Sin embargo, no se han hecho esperar las críticas por parte de asociaciones de usuarios, colectivos de automovilismo, etc, que se quejan de que los usuarios ya pagamos bastante por las subidas de impuestos de matriculación y circulación, por el incremento en el precio de los carburantes o por el mero hecho de usar sus vehículos. Según datos de la Agencia Tributaria, la recaudación total del Estado a través de impuestos a los carburantes ascendió en 2019 a 19.804 millones de euros. Esto supuso un 6% más de lo que se alcanzó el año anterior, con 18.600 millones de euros.
El pasado año, las nuevas cuentas del Gobierno indicaban que los ingresos por el impuesto de hidrocarburos habían alcanzado los 5.014 millones de euros. Unas cifras que suponían el 32% más que antes de la guerra de Ucrania. Lo que hace sospechar que todo tiene su razón de ser. A finales de 2022, el Ministerio de Hacienda preveía una caída en los carburantes y pese a ello estimaba que recaudaría un 3,8% más por el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Si la intención es llenar de peajes el país para recaudar más, que lo recaudará seguro, las cifras podrían servir para añadir mejoras a nuestras carreteras. Pero siempre sería mejor venderlo así y comunicarlo de este modo, que anteponer la Agenda 2030. O enarbolar el deseo de cuidar el medio ambiente y ser más sostenibles “por recomendación de Bruselas”. ¿O no?
