SÁNCHEZ, LA ENERGÍA Y LA LEGALIDAD

El presidente Pedro Sánchez legisla para conseguir un ahorro energético, dice él, del 7%. Nos dice que los hombres no utilicemos corbata porque ello contribuye a luchar contra el cambio climático. Además el aire acondicionado deberá estar a 27 grados de modo obligatorio en el sector privado y en la Administración. Las calefacciones a 19 grados. Lo del 7% y los 27 y los 19 grados no sabemos por qué. Podría haber sido un 8 o un 10, un 26 o un 20. Pero no, seguro que Sánchez ha estado asesorado por algún comité de expertos de los suyos. Quizá ha formado parte de él Don Simón.

Además deberá informarse al personal con luminosos en el exterior, lo cual parece contradictorio, porque esos luminosos gastarán. Y tras anunciar muy ufano todo esto, Sánchez se subió a su helicóptero Super Puma para recorrer poco más de 20 kilómetros. Y subirse después en Torrejón al Falcon para un viaje que bien podía haber hecho en coche o en tren. Pero no, a su sanchidad se la bufa todo. Él es de ordeno y mando y hago lo que se me place. Isabel Díaz Ayuso salió diciendo que no pensaba llevar a cabo en Madrid estas medidas. Fue hablar la presidenta madrileña y salir en tromba el PSOE a ponerla a parir con el argumento de que en España “las leyes se cumplen”. Lo cual dicho por este Gobierno o por el PSOE es de traca.


Medidas impuestas por Sánchez a cumplir por los ciudadanos pero… ¿y el Gobierno?

En esta España de Sánchez las leyes las cumplen los ciudadanos, pero los amigos y socios del Gobierno se las pasan por la entrepierna. Y el Gobierno les premia por ello. Si el gobierno catalán se pasa por el forro leyes esenciales, se les hace socios preferentes del Gobierno. Pero si Madrid anuncia que no va a poner en práctica medidas que no están avaladas por criterios científicos que pueden incidir negativamente en la vida de los madrileños Sánchez dice que Díaz Ayuso es “egoísta e insolidaria”.

No se si Sánchez trabaja ya con Grande Marlaska y Margarita Robles en la creación de alguna unidad especial para perseguir infractores provistos de termómetros especiales. Pero como ha revelado Alvise Pérez, la obligación de regular la temperatura es contraria al Real Decreto 486/97 sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así que cualquier multa que se pueda imponer a un comercio por ello sería ilegal. Puestos a prohibir, este Gobierno podría prohibir enchufar las televisiones. Uno de los electrodomésticos que más gasta, pero claro si lo hace, se le acaba la propaganda. 

Habría que ver a qué temperatura vive Pedro Sánchez en La Moncloa y a qué temperatura lleva el helicóptero Super Puma o el Falcon. Pero allí no llegarán los inspectores y no es necesario. Ya lo sabemos: a la temperatura que le salga de los cojones al presidente, que hace lo que le viene en gana. Si se aplica el decreto del Gobierno tendremos más calor en verano, más frio en invierno y calles a oscuras. Una metáfora que puede terminar siendo una realidad.


Y además…

  • El Gobierno no deja de trabajar en su estrategia para controlar el Tribunal Constitucional (TC). Pasa por colocar al actual magistrado del TC Cándido Conde Pumpido con su toga llena de polvo del camino como presidente y a José Ricardo de Prada como magistrado. El 8 de septiembre Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha convocado un pleno al que asistirán 19 de sus 20 miembros, pues la vocal María Victoria Cinto falleció recientemente después de perder una querella que interpuso a quien esto escribe por decir que aparecía en la denuncia presentada ante Fiscalía General del Estado contra la estructura de apoyo de que dispuso el violador Kote Cabezudo en San Sebastián. En ese pleno el CGPJ propondrá dos magistrados para el TC. Abriendo camino a que el Gobierno proponga los dos que le corresponden, para de este modo renovar un tercio del TC. No lo va a tener fácil Lesmes, porque algunos vocales del CGPJ están en contra de las maniobras del Gobierno y se proponen dificultar al máximo un acuerdo. Y le han planteado a Lesmes la necesidad de que la vocal del CGPJ Clara Martínez de Careaga, esposa de Conde Pumpido, se abstenga de participar, porque es conocedora de que su marido sería elegido presidente de producirse la renovación de magistrados. Otro de los vocales que podría tener que abstenerse es Enrique Lucas. En el caso de que su hermano Pablo, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, sea uno de los propuestos para el TC, como parece probable. El Gobierno piensa proponer al magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada. Famoso por ser quien introdujo en la sentencia del Caso Gürtel la frase que ponía en duda la credibilidad de Mariano Rajoy en la que se basó la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez en 2018. Veremos si Carlos Lesmes aguanta las presiones del Gobierno, que no van a cesar, porque el control del TC es el objetivo número 1 de Pedro Sánchez ahora mismo.
  • El Ministerio de IgualDá que maneja Irene Montero podría tener que indemnizar con cerca de 300.000 euros a las mujeres a las que le robaron la imagen para el famoso cartel en el que decía “El verano también es nuestro” con la imagen de cuatro mujeres. Una de ellas una famosa modelo gorda británica a la que retocaron con photosop. Otra una modelo a la que sustituyen una prótesis de titanio de su pierna por una de carne y hueso y a la que pintan pelos en las piernas y en las axilas. Y otra modelo a la que le extirparon una mama. El Ministerio contrató por 85.000 euros a una empresa propiedad de un redactor jefe del diario El País. Quien una vez adjudicado el contrato público, subcontrató a una ilustradora autónoma por 5.000 euros para hacer el cartel. Tres expertos en derecho de la propiedad me dicen que la responsabilidad va a ser del Ministerio que distribuye el cartel, y no del autónomo que lo realizó porque “es el Ministerio quien debió garantizarse de que las imágenes habían sido compradas legalmente y es el Ministerio quien impulsa la campaña y difunde las imágenes”.  El contrato con el redactor jefe de El País no aparece aún en el Portal de Contratación o en el Portal de Transparencia. La ilustradora autónoma ha declarado que quiere terminar pacíficamente con el asunto. Ha anunciado que renuncia a los 5.000 euros y que propone repartir ese dinero a las denunciantes, pero no parece que con 1.250 euros por cabeza se vayan a conformar las modelos. Saben que pueden ser indemnizadas con cantidades muy superiores y que ya han anunciado que van a reclamar al Ministerio de Irene Montero.
  • A quienes se han dirigido a mí para reprocharme que siga escribiendo y hablando del “Caso Kote Cabezudo” cuando ya hay sentencia, solo decirles que voy a seguir cumpliendo con mi obligación de investigar, denunciar y publicar todo sobre el caso hasta que se conozcan y asuman sus culpas todos los responsables de la estructura de protección de que dispuso el violador y todos los hombres que fueron invitados por Kote Cabezudo a sumarse a los abusos sexuales a estas mujeres, entre ellas varias menores de edad. No hay posibilidad alguna de que vaya a dejar de hacerlo. Sé que asumo riesgos, sé quiénes son muchos de ellos y su capacidad para hacer el mal. Pero no les tengo miedo. De entrada, en noviembre se emitirá en Dysney la serie “En el nombre de ellas”. En ella se relata el caso con detalle y con información irrebatible. Y tras el verano la Justicia tendrá que investigar ya algunos nombres de implicados. Y los lectores de IT MAGAZINE estarán enterados de todo. Del mismo modo que los grandes medios de comunicación españoles seguirán callando. Aunque quizá no les quede más remedio que contar alguna cosa a la vista de los nombres que irán saliendo. Las víctimas: un ejemplo de dignidad y valentía. Saben que nosotros no vamos a parar. Saben que no hay poder que pueda conseguir imponernos el silencio. Saben que vamos a llegar hasta el final. Y cada palo que aguante su vela. El Caso Kote Cabezudo no ha hecho más que empezar. Y los que han pretendido un cortafuegos con la sentencia que sepan que han fracasado. Y a ver el Supremo qué dice de los recursos. Y para cerrar, Odón Elorza dijo la semana pasada que “Los papeles del 23-F, los GAL, Caso Zabalza y otros han de ser públicos ya”. Muy bien el diputado Elorza, pero ya puestos que insista también en que sean públicos los papeles del Caso Kote Cabezudo, que también los hay. Y él sabe más que nadie del asunto.

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