Gravísimo lo que ha denunciado ABC sobre la investigación, en 2017, de la Agencia Tributaria a periodistas y políticos señalados por el entonces ministro Cristóbal Montoro. Esto en el último Gobierno de Mariano Rajoy. Las pruebas constan en una investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona que investiga al despacho que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Trabajaba para empresas que querían influir en el ministerio.
Uno de los investigados es mi compañero, y sin embargo amigo, Javier Chicote, del que se elaboró el denominado por Hacienda “Informe Chicote”. A Javier, que había denunciado las actividades oscuras de Montoro, le abrieron una investigación. No solo a él, sino también a sus padres, a su mujer, a sus hermanos, a su hija menor de edad, a sus suegros. incluso hasta a la abuela de su esposa. El propio informe acredita que “no se detectan incrementos patrimoniales no justificados y el movimiento de efectivo de sus cuentas tampoco presenta un perfil particular de riesgo”. A Javier Chicote jamás se le informó de que se le estaba investigand. Jamás se la abrió ningún proceso sancionador. Pero ahí está el “Informe Chicote”, con un gráfico a color de su genealogía. Desde su hija, de corta edad, hasta sus suegros.
Montoro persigue a un periodista utilizando a la Hacienda Pública
En la investigación a Chicote participaron el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel Alarcón. Sigue ocupando el mismo puesto a día de hoy. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez y el director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez González. Es decir, toda la cúpula de la Agencia Tributaria, por órdenes del ministro Montoro, utilizando la Hacienda Pública para perseguir a un periodista.
Por supuesto que no le encontraron nada a Javier Chiocote. Es un periodista y un ciudadano decente, no como Montoro y sus sicarios. La fiscal Carmen García Cerdá quiso profundizar en estos hechos tan graves que son constitutivos de delito pero el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón ha ordenado paralizar la investigación. Es de una gravedad máxima. La Fiscalía General del Estado debiera ordenar que se investigue hasta el final como se emplearon recursos públicos para perseguir a un ciudadano al servicio del interés particular de un ministro.
Se sabe que Chicote no fue el único. También investigaron a políticos de Izquierda Unida, el PSOE y del propio PP. Les puedo confirmar que fui uno de los investigados. Después de varios comentarios en ABC Punto Radio y varios artículos en los que criticaba el comportamiento de Montoro y las actividades del despacho Equipo Económico que fundó y con el que mantenía relación siendo ministro, Hacienda me abrió investigaciones. Las denominadas “paralelas”. Me obligó a devolver el dinero que me había desgravado como autónomo aplicando el criterio básico de que cualquier autónomo se puede desgravar cualquier gasto en el que haya incurrido para generar un ingreso. Hacienda me obligó a devolver todo lo que me había desgravado durante cuatro años.
Acudí a los Tribuanles que me dieron la razón. En el proceso de investigación el inspector al que le encargaron el trabajo llegó a decirme respecto a unas facturas de comidas de trabajo que “si quiere deducirse alguna de estas facturas tiene que decirme con quien ha comido”. Por supuesto que me negué. Le advertí que como periodista tengo la obligación constitucional de guardar el secreto de mis fuentes de información. Y que no podía decirle con quien almorzaba porque se trataba de comidas con personas que me facilitan información. El me contestó “Pues o me dice con quién come o tiene que devolver el dinero desgravado”.
No se cree necesario investigar cómo se puede abrir investigación a un ciudadano
Solo en un sistema autocrático y dictatorial se utiliza a la Hacienda Pública para perseguir a discrepantes o a periodistas que informan verazmente a los ciudadanos. Es, además, repugnante que ahora la Fiscalía Anticorrupción se niegue a que se investigue el caso. Y que además, le impida hacerlo a la fiscal Carmen García Cerdá. Pero no fue solo el fiscal jefe. El pasado 26 de septiembre en una reunión de la Junta, 19 fiscales votaron en contra de que se investigue. Solo 5 votaron a favor, pese a que alguno de los responsables sigue ocupando un alto cargo en la Agencia Tributaria. O sea que la Fiscalía Anticorrupción, mayoritariamente, no cree necesario investigar cómo se puede abrir una investigación a un ciudadano, periodista, que no está involucrado en ninguna actividad delictiva ni es poseedor de una gran fortuna. O sospechoso de haber cometido alguna irregularidad o ilegalidad.
Y conozco a algún colega, cuyo nombre omito, al que le reventaron la vida porque tuvo que vender su casa para pagar una sanción injusta, que años después la Justicia declaró ilegal. Mariano Rajoy ganó unas elecciones prometiendo bajar los impuestos. Y nada más llegar al poder, con Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda, lo que hicieron fue subir los impuestos. Una costumbre del PP y PSOE la de no cumplir con los compromisos electorales.
Pero Montoro superó todo lo imaginable con la persecución a los discrepantes utilizando a la Agencia Tributaria. Reitero una pregunta de la que se la respuesta: ¿No hay un solo diputado en el Congreso que vaya a exigir una investigación sobre estos hechos y sobre la decisión de Anticorrupción de no perseguirlos? No. En el PP se callarán. Y como entre ladrones no se pisan la manguera el PSOE, que mantiene a alguno de los responsables en la cúpula de Hacienda, será cómplice de estos delitos gravísimos. No pasa nada. Nunca pasa nada.
