El descontento y los problemas para las familias no hacen más que crecer. Es un problema doméstico. Sí, pero también un problema para el Estado que ha visto como el descenso del IPC durante cinco meses consecutivos se revertía en el inicio de este 2023 con unas elecciones a la vuelta de la esquina.
En la actualidad, los gastos de los ciudadanos por la cesta de la compra es un problema que preocupa a la sociedad. En marzo se encarecieron un 16,5 % respecto a febrero, con un 16,6 %, su máximo. Desconocemos si estos índices han tocado techo pero estos dobles dígitos siguen preocupando.
Existe una dificultad existente en devolver a tasas más normales la evolución de los precios. Un gasto que cuando aumenta golpea especialmente en las familias con menos recursos y que se les hace cuesta arriba cada vez que tienen que hacer la compra. Las medidas aplicadas por el Gobierno destinadas a suplir el IVA de gran parte de los alimentos, no han servido para contener la espiral inflacionaria.
Medidas para resolver el problema de la cesta de la compra
Para tratar de atajar la subida de precios de la cesta de la compra, Podemos propone la creación de supermercados públicos. Se está hablando mucho de esta medida propuesta, pero no es nueva en España. La ministra Ione Belarra, encargada de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sugerido la creación de una cadena pública de distribución alimentaria que pueda luchar contra el «oligopolio alimentario«, que según ella, ejecuta el presidente de Mercadona, Juan Roig. «Están especulando con los alimentos, algo que no se puede permitir«, alegó en su intervención. Además sugirió nombrarla con la marca «Precios Justos» como parte de su proyecto para constituir empresas públicas en sectores estratégicos.
La diferencia entre un supermercado público y uno privado es fácil de entender. El público necesita ser eficiente. No persigue el lucro ni los grandes beneficios, sólo satisfacer una necesidad social. Esto da una ventaja competitiva que permitiría pagar mejor a los ganaderos y agricultores y también a sus propios trabajadores. Un supermercado público crearía empleo de calidad, favorecería a los productores locales, priorizaría los productos ecológicos y bajaría los precios de los productos básicos.
Podemos ve perfectamente viable esta propuesta. Además considera que sería bueno para la economía. Entienden que la puesta en marcha generaría 50.000 puestos de trabajo, sin contar los empleos indirectos que aflorarían con su actividad. Piensan que los supermercados privados están inflando los precios y ha planteado esta «ambiciosa idea” para intentar abaratar el coste de los alimentos.
Esta propuesta ha topado con el rechazo del sector del consumo. La principal Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC) considera que la medida “está fuera de la realidad” y que la cadena alimentaria española es «muy eficiente» y tiene «mucha competencia«.
Esta propuesta está dando que hablar en los hogares españoles. Un debate sobre si esto podría solucionar este problema que preocupa a los españoles. Una subida de los precios alimentarios que hace que cada mes sea más difícil alimentarse mejor. Los españoles consideran que la cesta de la compra se hace cada vez más inasumible.
