Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888. Segunda hija de la familia cuyo padre era secretario de un periódico y la madre era costurera. La hermana mayor de nombre Clara falleció de meningitis un año después del nacimiento de Carmen Eulalia. Así que heredó su nombre. Clara Campoamor ejerció como abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer. Esta activista era ante todo republicana y nunca se afilió al partido socialista.
Precisamente tras proclamarse la Segunda República, resultó elegida diputada en las elecciones de 1931 por el Partido Radical al que sí pertenecía. Este partido se auto definía como “republicano, liberal, laico y democrático”. Luchó por el voto femenino y colaboró activamente en la elaboración de la Ley de Divorcio en 1932. Así mismo defendió ante el Congreso la erradicación de la prostitución. Al estallar la Guerra Civil se refugió en Suiza donde falleció en abril de 1972.
La Asociación Clara Campoamor nace para atender a víctimas de agresiones sexuales
Fue una gran luchadora y una gran mujer, no cabe la menor duda. Ahora bien, años después su nombre es utilizado para crear una asociación “sin ánimo de lucro” cuyo fin -entre otros- es la “asistencia y actuación específica bien sea Judicial, Social y/o Psicológica en beneficio de la Infancia y Juventud, cuando los usuarios se encuentren en situación grave o de riesgo por MALOS TRATOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, AGRESIONES SEXUALES, VIOLACIONES, etc.… y todos aquellos actos que por su magnitud revelen la transgresión de los derechos fundamentales de los menores”. (Transcripción literal del punto D de sus estatutos incluidas las mayúsculas).
A principios de los años 80 un grupo de mujeres del País Vasco se pusieron en contacto con Doña Pilar Lois Acevedo. Necesitaban su permiso para la creación de la Asociación que llevaría el nombre de su madrina “Clara Campoamor”. La doctora Lois les pone dos condiciones. Una: contar al mundo los logros de Clara e inscribirla en la Historia como se merecía, y dos: ser dignas de llevar su nombre. Una de esas mujeres fue Blanca Estrella Ruiz Ungo, en algunos lugares conocida como BERU.
Pero no solo se llevó el permiso sino que heredó todos los derechos de las obras y propiedades de Clara Campoamor. En 2006 donó el conjunto mobiliario del despacho de Clara al Congreso de los Diputados. Blanca Estrella adquirió el compromiso de tratar con dignidad y respeto todo lo referente a la memoria de Clara Campoamor. Vistas tanto la actuación de ella como la de la Asociación que preside a lo largo de los años, ha quedado más que demostrado su incumplimiento.
La Asociación nació bajo los auspicios del gobierno socialista de Felipe González. El propio Jesús Eguiguren Imaz presidente del Parlamento Vasco en 1989, acreditó a Beru como miembro del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer. Claro que pocos años más tarde (1992) fue juzgado y condenado por malos tratos a la que era su esposa. Sus propios compañeros de partido calificaron los hechos como “un mero incidente de hace muchísimos años que tiene probablemente una explicación distinta de la que ofrece la propia sentencia”.
Pero la recién creada Asociación necesitaba apoyos y notoriedad. Qué mejor que el triple crimen de Alcàsser, el caso más mediático y controvertido del país en 1992, para dar el salto a la fama. La Asociación de Euskadi pro defensa derechos de la mujer “Clara Campoamor” dedicada a la atención a mujeres y menores víctimas de agresiones, violaciones y malos tratos, que actúa en el Territorio Histórico de Bizkaia como Entidad sin ánimo de lucro, decidió interponer una querella en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira contra Miguel Ricart y Antonio Anglés por los delitos de detención ilegal, violación y asesinato.
El Juzgado exigió inicialmente el depósito de una fianza de 300.000 pesetas (1.800€), cantidad que le pareció excesiva a Beru. Por ello formuló recurso solicitando una rebaja. Rebaja que fue concedida. Dejaron como aval 50.000 pesetas (300€). El abogado designado fue Virgilio Latorre Latorre del Ilustre Colegio de Valencia.
Blanca Estrella se hizo “amiga” del padre de una de las chicas -Fernando García-, y juntos emprendieron una carrera hacia el estrellato televisivo. Ella quería notoriedad, él solo la verdad… a priori. Ambos eran de la opinión que los detenidos en aquel entonces no actuaron solos, es más, trabajaron para otros. Beru llegó a comentar que “no me dan ninguna confianza ninguno de los jueces ni juezas que han intervenido en el caso”. Fernando García estaba más que dispuesto a colaborar con la Asociación Clara Campoamor. El fin era esclarecer todos y cada uno de los casos de niñas violadas y asesinadas. Pero en cada rueda de prensa Beru abría la boca más de lo necesario. Relataba hechos y detalles de lo más escabrosos sin pensar que los familiares de las tres niñas la estarían viendo y escuchando.
Una Asociación que no ha ayudado a las víctimas de Kote Cabezudo
La heredera universal de las posesiones de Clara Campoamor reunió a varios familiares de menores asesinadas para acudir a la entrevista con el aquel entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Allí le expusieron su teoría sobre el triple crimen de Alcàsser en la que recordemos, Ricart y Anglés solo eran dos pobres delincuentes al servicio de gente más poderosa. Diversos nombres quedaron encima de la mesa, y el ministro ordenó una investigación más a fondo. A partir de aquella reunión Blanca Estrella dio un giro de 180 grados. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana desmintió dicha investigación y ella cambió la versión centrándose únicamente en los dos únicos detenidos.
Recordemos que la Asociación recurrió solicitando una rebaja en el importe de la fianza a depositar para presentarse como acusación popular en el Sumario. Dos años más tarde -1995- cuando se supone que Anglés había huido de la Justicia, hallaron un craneo humano en las costas de Irlanda. En un intento de atribuir estos restos a Antonio Anglés, la Asociación Clara Campoamor costeó el traslado a España, solicitó al Juzgado la práctica de la prueba pericial y se ofreció a abonar los gastos de dicha prueba. Incluso querían aprovechar la reapertura del sumario y contratar investigadores privados. ¿Era todo por dinero o estaba cumpliendo órdenes de arriba?
Blanca Estrella Ruiz Ungo denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a una magistrada porque le preguntó a una víctima de agresiones sexuales “si había cerrado bien las piernas”. En cambio se mostró victimista al asegurar que los “jueces a veces no ayudan” a la hora de personarse como acusación popular, eludiendo su propia responsabilidad como presidenta de una Asociación defensora de los derechos de la mujer… supuestamente.
En una entrevista concedida el 10 de agosto de 2019 a un diario digital, afirmó que “la Justicia está dando la espalda a las mujeres víctimas de violencia. No se están tomando en serio los delitos contra las mujeres que son delitos graves”. Se personaron como acusación popular en el caso Arny, en los casos de las manadas de Pozoblanco (la misma de Pamplona), la de Alicante, la de Aranda de Duero y la de Bilbao; en el caso de los menores tutelados y prostituidos de Sansoheta; en el caso de los jugadores del Arandina… es decir, aplicando en todo momento estrategias de marketing y buscando notoriedad y publicidad gratuita. Pero las víctimas de José Juan Cabezudo Zabala no merecían ni su atención ni su solidaridad.
Para ser una organización sin ánimo de lucro y estar subvencionada con millones de euros desde su creación en 1985 por parte de gobiernos socialistas, comunidades autónomas y ayuntamientos (incluido el de San Sebastián), retirarse del Sumario 684/2013 por no disponer de 3.000 euros para la fianza, ha sido uno de los mayores insultos que pudieron recibir las víctimas de las agresiones sexuales de Kote Cabezudo.
