El abogado y politólogo alemán Ernst Fraenkel publicó en EEUU –adonde emigró en el 39– un libro titulado ‘El Estado Dual’ en el que analizaba la estructura político-jurídica del régimen nazi frente al pluralismo político y a los equilibrios y controles que encontró a su llegada a los EEUU. Allí describió como el Estado Nazi funcionaba dividido en dos partes: un ‘Estado de Normas’, que se rige por la ley. Y otro ‘Estado de Medidas’, que permite una arbitrariedad y una violencia ilimitadas que no se ven restringidas por las garantías legales. Lamentablemente, ese ‘Estado de Medidas’ descrito por Fraenkel vemos como avanza paulatinamente en las democracias occidentales – dicho en sentido general, sin entrar en detalles– que cada vez más actúan en la ‘vía de hecho’.
Ese ‘Estado de Medidas’ es el que ahora traen a colación los abogados Robert Amsterdam y Christopher Walesen su libro titulado ‘Hacienda y el Estado Dual’ donde analizan la impunidad con la que opera de facto la Administración Tributaria española. En su experiencia jurídica operando como abogados en nuestro país, han observado con estupefacción como la AEAT y el Ministerio de Economía y Hacienda pueden actuar al margen de la Ley y la Constitución. Sin problemas y sin ninguna responsabilidad.
Confirman que la AEAT tiene un modus operandi más próximo a la Mafia que al de un Estado de Derecho. Hasta el punto de asegurar que “España es la Corea del Norte de los impuestos”. Y que “el poder que la Inteligencia Artificial va a darle a Hacienda es inmenso”.
Ponen el foco en los siguientes aspectos:
- (i) en el sistema de bonificaciones de la inspección de tributos vinculado a objetivos;
- (ii) en la inseguridad jurídica que generan unas normas ambiguas y cambiantes;
- (iii) en la presunción de veracidad y la inversión de la carga de la prueba;
- (iv) en el abuso de la ‘simulación fiscal’ como herramienta inspectora;
- (v) en las amplias facultades para recopilar información;
- (vi) en las constantes violaciones del procedimiento durante las inspecciones;
- (vii) en las barreras en el acceso a la Justicia (solve et repete), y
- (viii) en las deficiencias éticas e institucionales en la gobernanza de la AEAT.
Estado de depredación fiscal
Retratan un estado de depredación fiscal dopado por ese sistema de incentivos que, incomprensiblemente, solo pueden ser positivos en el sentido de que, si finalmente no prospera en los tribunales la propuesta de la inspección, el inspector conservará el bonus ligado a la liquidación practicada. Y no tendrá tampoco consecuencias disciplinarias. Un sistema que orienta el comportamiento de los inspectores hacia liquidaciones agresivas y maximalistas al margen de su futura sostenibilidad jurídica. Dejando a los pies de los caballos a los ciudadanos.
Asimismo, hacen un análisis comparativo internacional donde ponen de manifiesto que los derechos del contribuyente español son excepcionalmente débiles frente a los estándares europeos. Concluyen que España ha construido un ‘Estado Fiscal Dual’ donde la recaudación se logra socavando los derechos del contribuyente. Y corrompiendo las condiciones básicas de un Estado de Derecho.
La destrucción de la libertad económica
Para ellos, “el problema no es la asfixia que generan los altos impuestos, sino la estructura del sistema”. Un sistema que carece de los controles y contrapesos necesarios en una Administración Tributaria del siglo XXI. Por eso, la AEAT inspira miedo y odio a partes iguales entre los administrados hasta el punto de que ha destruido la libertad económica de muchas personas. Y a muchos otros les ha privado de su libertad individual o lo ha intentado.
Convengo con ellos en que, en España, claramente, existe un ‘estado dual’ como el que describió Ernst Fraenkel. Por encima, tenemos un ordenamiento jurídico por el que parece regirse todo –ese ‘Estado de Normas’– pero, por debajo, la administración en general y los políticos en particular pueden hacer lo que a su interés convenga sin apenas consecuencias –ese ‘Estado de Medidas’– que anticipa, cuando menos, la existencia de un Estado Autoritario.
En lo que no convengo, es en que la cosa se pueda arreglar con la supresión de esos incentivos, con la creación de un Defensor del Contribuyente o con una nueva Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Si ya se saltan todo, ¿qué garantía tenemos de que respeten algo? Lo que necesitamos realmente es un cambio de sistema que pasa, antes de nada, por resistirte a ser tratado como un súbdito cuando te llaman ciudadano. Sé coherente y no votes más a los que te pisan con la bota del estado dual.
