Los golpistas catalanes llevaban tiempo indultados por Pedro Sánchez, pero el Gobierno está ahora pergeñando el decreto que le va a dar forma a los indultos. Aunque Salvador Illa dijo que “va a ser rápido”, o sea, como si de una inyección se tratase, o como la puntita nada más, no le está resultando fácil a los equipos de Carmen Calvo y Juan Carlos Campo su argumentación. Y ya espera Félix Bolaños junto a Iván Redondo en Presidencia para su redacción final. Dicen que se apoyarán en la “utilidad pública” porque claro, invocar “la equidad o la justicia” que son los otros dos motivos que la Ley de indulto de 1870 prevé para la concesión de la medida de gracia.
Lo de que el artículo 25 de esa citada Ley requiera de un informe del tribunal sentenciador que adjunte prueba del arrepentimiento del condenado, se lo pasan directamente por el forro. Pero es evidente que la ley no permite indultar a quien no solo no se arrepiente sino que además, presume de que va a volver a delinquir. Lo escriba quien lo escriba, ese decreto de indulto no será de utilidad pública sino de utilidad estrictamente privada. La utilidad para que Pedro Sánchez permanezca en el poder tranquilamente.
Indultos «inconstitucionales» de los condenados
Para entender lo de “tranquilamente” y la deuda que Sánchez tiene con el independentismo republicano catalán, sepan ustedes que en tan solo un año y medio los independentistas han evitado la constitución de siete comisiones de investigación en el Congreso por asuntos molestos para el Gobierno o sus socios de Podemos. Además de evitar una treintena de comparecencias de miembros del Ejecutivo ante el pleno, de las que la mitad de ellas -14- se le exigían al mismo Pedro Sánchez. O sea que ERC ha salvado al Gobierno de rendir cuentas al Congreso 37 veces en un año y medio.
Parece que a casi nadie le ha importado una higa que en un documento interceptado por la Guardia Civil en octubre pasado al ex consejero de ERC Xavier Vendrell, se evidenciara que todo lo que estamos viviendo responde al plan parido por los republicanos catalanes. El plan era utilizar una mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat para debilitar al Estado. Utilizar jurisprudencia europea para reducir las penas por declaraciones unilaterales de independencia y retocar los delitos de sedición. También conseguir el indulto de los condenados y a renglón seguido, comenzar de nuevo el proceso para otra Declaración Unilateral de Independencia. Presidencia del Gobierno ha dicho que no conocía ese documento. De esto se deduce que Grande Marlaska se lo ocultó al presidente. O sea, que lo que han hecho los golpistas catalanes es entretenernos con una tregua táctica para reorganizarse de cara al segundo asalto.
Hay muchos elementos para catalogar de inconstitucionales los indultos. El principal quizá, que no se han tratado como indultos particulares. Como bien ha dejado escrito el maestro Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal: “el Gobierno asume el discurso separatista bajo un síndrome de Estocolmo”. Si los delitos cometidos por los golpistas catalanes se hubieran cometido en Francia, Alemania, Italia o EE.UU, las penas habrían sido de hasta 20 años.
Los sindicatos respaldan al Gobierno en los indultos
Hay un detalle de la podredumbre de nuestra vida pública que ha pasado muy desapercibido, pues solo lo ha publicado el diario ABC. Los sindicatos CC.OO y UGT hicieron la pasada semana un comunicado de respaldo al Gobierno en los indultos. Están en su derecho, sin duda. Pero lo grave es que el Gobierno les ha subido a UGT y CC.OO las ayudas públicas un 56%. De modo que, aunque los Presupuestos fijaban una ayuda de 8,8 millones de euros, Sánchez ha subido la cifra a 13,8 millones. Pero no solo el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña ha autorizado una subvención directa de 1.493.759,13 euros a CC.OO y otra de 1.393.876,40 euros a UGT. Al ser una subvención directa no pueden optar a ella otros sindicatos.
Y ya puestos, la Generalitat Valenciana gobernada por el socialista Chimo Puig le ha otorgado una subvención a UGT de 255.000 euros con la excusa de financiarle un Congreso. O sea, que se riega de millones de euros de dinero público a los sindicatos (que en todo el mundo democrático se financian solo con las cuotas de sus afiliados) para agradecerles los servicios prestados.
La guinda del pastel la puso Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y ya nueva líder de Podemos. Reclamó que Puigdemont regrese a España sin ser requerido por la Justicia o inspeccionado por la Policía. Dice que hay que «desjudicializar el tema catalán”. Desjudicializar dice. Con un par. Y se queda tan ancha. Lo que propone esta señora es sencillamente inactivar al Poder Judicial en lo que se refiere al Gobierno y sus socios, para generarles una impunidad absoluta que no ponga en peligro a lo que podemos denominar una banda. Ha ido más allá que Guerra.
Vale que Montesquieu murió pero la separación de poderes es el eje nuclear de cualquier democracia. Lo malo es que si mañana les hace falta el fugado en Waterloo para algún pacto, le desjudicializaran en un plis plas. Ellos son así. Y claro, qué fácil es ser presidente o ministro con vasallos tan sumisos como los españoles que tragan con todo. Y aquí no pasa nada. Porque si alguien alza la voz contra el Gobierno a ese le judicializan en un instante. País, que diría Forges.
Y además…
Al poco de conocerse la terrible noticia de la aparición del cadáver de la niña Olivia en el fondo del mar en Tenerife, se inició una carrera de los partidos políticos para soltar sus arengas dentro de su ideología. Han buscado rédito electoral y con evidente división de la opinión pública. La ministra Irene Montero, sectaria como siempre, utilizó el asesinato de Olivia para justificar la sustracción de menores a un padre, como la perpetrada por Juana Rivas. Vox aportó su habitual autoritarismo. Propuso como solución la cadena perpetua para los asesinos, cuando es evidente que solo con endurecimiento de condenas no se evitan los delitos.
Errejón al borde del banquillo por propinarle una patada en el estómago a un hombre que le pidió hacerse una foto, esgrimió el asesinato de Olivia como argumento para que no se acudiese a la manifestación de Colón contra los indultos. Un disparate todo. Y casi nadie habló de la niña Yaiza, a quien su madre asesinó la semana pasada en Sant Joan Despí. Según confesó a la Policía: “por cuestiones relacionadas con mi pareja”.
Las estadísticas en España y en muchos otros países de Europa apuntan a que hay más casos de mujeres que matan a sus hijos que hombres. Pero tras lo de Tenerife, el feminismo militante liderado por Carlota Corredera, insiste en que: “la violencia vicaria es violencia machista, doblemente salvaje e inhumana”. Una pena que Corredera y sus colegas se callaran cuando en un programa de su cadena fue violada una mujer. Eso sí que es salvaje e inhumano.
Y para terminar…
La movida de los aplausos a Plácido Domingo en el Auditorio Nacional en su reaparición en Madrid tras el escándalo de las denuncias de abusos sexuales. A mí me pareció bien que se le aplaudiera porque el público ovacionaba su talento como artista. Puede que su conducta con las mujeres tiempo atrás no fuera ejemplar. Pero si juzgamos a los artistas por sus vidas personales y no por su talento, quizá quedarían pocos artistas a los que aplaudir. A Domingo recordemos que en 2009 en la prensa americana le acusaron varias mujeres de acosador sexual, algunas aportando nombre y apellidos y la mayoría no. Pero ninguna presentó denuncia por lo que el tenor no ha sido juzgado, ni lo será.
Domingo es un acusado que no puede defenderse porque no hay denuncias ni pruebas en su contra y porque las acusadoras ofrecen un relato y nada más. Pero no tengo dudas de que ninguno de los que le aplaudió en el Auditorio Nacional lo hizo tratando de aplaudir a un abusador sexual. Si es verdad lo que han dicho esas mujeres, mi condena absoluta de su comportamiento pero el aplauso en el Auditorio lo merece porque ha sido el mejor en lo suyo.
