La Ley del Solo si es si, la Ley del consentimiento. ¿Por qué se pone el foco el consentimiento de las mujeres? Porque las violencias sexuales constituyen quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española. Afecta de manera específica y desproporcionada a las mujeres. La violencia sexual es un problema social y estructural y proviene de la cultura patriarcal arraigada en nuestra sociedad.
El consentimiento expreso es clave al juzgar los delitos sexuales y borra la distinción entre abuso y agresión sexual. Se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
Esta Ley ha desatado una gran polémica en la sociedad actual. Tene como premisa principal la no distinción entre las figuras de abuso y agresión sexual, antes claramente diferenciadas, situando el consentimiento en el centro. La principal diferencia respecto de la regulación anterior consiste en considerar agresiones sexuales a todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin que medie el consentimiento de la otra persona.
La ley del «solo sí es sí» beneficia ya a 978 agresores sexuales y deja en libertad a 104 de ellos. Son datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial hasta el 14 de abril. Esto se tiene en cuenta a partir de los datos facilitados por el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales
Ya estamos rozando el millar. Según datos, son 978 los agresores sexuales que han visto sus penas rebajadas en aplicación de la Ley de nuestra ministra Montero. A estos datos les podemos añadir uno más. Los tribunales se han visto obligados a excarcelar a 104 agresores al aplicar la legislación más favorable al reo.
El problema social que nos concierne es que se está haciendo especial hincapié en el debate político. El gobierno está tratando únicamente de defenderse de las críticas a las que se expone. Y se debería de hablar de un debate jurídico. Que se trate de explicar la interpretación jurídica de la ley o la situación real de los derechos de las víctimas y condenados con esta nueva regulación.
