Hoy 23 de junio es el Día Mundial de los Alertadores de corrupción o también llamados “whistleblowers”. Personas valientes que denuncian casos de fraude y corrupción, expresando con libertad todo aquello que no se ajusta a la Ley. Los diversos casos de corrupción que han salido a la luz en España gracias a denuncias individuales, así como en otros países, han dejado claro que estos alertadores cumplen un rol esencial en la detección, lucha y prevención de la corrupción.
El pasado 26 de noviembre de 2019, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Entró en vigor el 17 de diciembre de 2019 y obliga a los Estados miembros a partir de esa fecha a transponerla dentro de los dos años siguientes. La Directiva marca un hito en la lucha contra la corrupción y otras ilegalidades. Da un paso importante hacia la promoción de los valores democráticos y del Estado de Derecho.
La normativa alienta a las personas a poner en conocimiento las irregularidades que de otro modo no se detectarían. Esto contribuye a mantener el juego limpio y la integridad. La directiva protege a un círculo amplio de personas consideradas como alertadores, así como también a las personas que los ayudan. Prohíbe las represalias, protege sus identidades en la mayoría de las circunstancias y les ofrece varias vías de denuncia. Sin embargo, siguen existiendo lagunas importantes. Entre las mas graves se encuentra que no todos los alertadores están amparados por la Directiva, pues su alcance objetivo como no puede ser de otra manera- está limitado al ámbito de las infracciones contra la normativa europea.
Una Directiva: ¿protectora de los alertadores?
La Directiva establece normas mínimas de protección de los alertadores (whistleblower) en todos los Estados miembros, exigiendo una armonización normativa en el ámbito europeo. Siendo un marco de protección mínimo y a la hora de trasponer la Directiva, los Estados miembros de la UE tienen margen discrecional para aumentar la protección para alcanzar esos objetivos garantistas contenidos en la propia Directiva, dentro del plazo fijado por ella. Este plazo cumple el próximo 17 de diciembre de 2021.
En el caso de España aún queda mucho por hacer. Esto es así porque el ordenamiento jurídico español carece de una norma que regule tales cuestiones con un carácter integral y exhaustivo. Más que un proceso de armonización se trata de adoptar una regulación enteramente nueva, que dé respuesta efectiva a las exigencias que este tema y la propia Directiva exigen.
Como demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 publicado por Transparencia Internacional, la corrupción en España continúa siendo un problema grave. Para su solución se necesita de un firme compromiso de todas las instituciones de nuestro país, públicas y privadas. También de la ciudadanía, vigilante, atenta y dispuesta denunciar. Esto solo se podrá llevar a cabo con esfuerzos institucionales y normativos relevantes. Entre otros, la adopción de una legislación integral y sistemática de protección de los alertadores. Personas que están cumpliendo con su deber cívico de reportar una situación de irregularidad.
Desde que se aprobase la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, en España todavía no se ha transpuesto la misma. Si bien es público que el Ministerio de Justicia tiene a un grupo de juristas trabajando sobre ello y que el plazo no cumple hasta el 17 de diciembre de este año. Así que en seis meses todo cambiará y esta Directiva será ley en España. Eso supondrá ciertos cambios legislativos importantes. En el caso español, según los expertos, habrá que modificar algunos artículos del Código Penal y algún otro cambio de nuestra normativa de protección de datos.
Por el momento y mientras llegan estos cambios normativos, los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España, según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). El objetivo del Ministerio de Justicia es que la Directiva esté asimilada a la legislación española antes de esta fecha límite de 17 de diciembre. Mucho tiempo no queda…
Desprotección absoluta
Ya hemos comentado el papel tan importante y crucial de los denunciantes de corrupción para la detección y posterior persecución de todo tipo de lesiones al bien común y para la prevención de las conductas contrarias a la integridad. No debemos olvidar que todas estas personas representan un ejercicio de la libertad de expresión que es básica en una sociedad democrática. Son personas que alzan su voz para denunciar actos ilegales. No pueden mirar para otro lado cuando ven que la Ley no se cumple y valientes, deciden dar el paso de denunciar a pesar de todos los problemas y consecuencias posteriores que pueda ocasionar su acto.
¿Pero qué se encuentran estas personas cuando sin miedo deciden denunciar? Pues estos alertadores se encuentran con multitud de represalias, tanto laborales, judiciales e incluso personales. Estas represalias requieren o deberían requerir una cobertura plural: económica, jurídica, psicológica.
Estos valientes son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Denunciar supone situaciones de acoso laboral, hostigamiento, repercusiones económicas, expedientes disciplinarios injustos, acusaciones por delitos no cometidos e incluso el despido. Soportan en su vida diaria constantes actos de intimidación, presión y castigo como consecuencia de la denuncia interpuesta. Pensemos que a pesar del impacto individual, a menudo demoledor para estas personas, estamos ante un problema social.
No solo se encuentran con represalias sino también con una enorme desprotección. Existe una necesidad de proporcionarles protección y no solo a ellos sino también a todas aquellas personas de su entorno que le apoyan. Desde It-Magazine animamos a las organizaciones, públicas y privadas, a avanzar en la implantación de canales seguros de denuncia y de mecanismos para su adecuada gestión.
Consideramos necesario un cambio legal y un cambio cultural y de mentalidad de la sociedad. Tenemos que concienciar a la sociedad sobre este papel de los alertadores de corrupción. Hay que normalizar la denuncia como un acto cívico y de responsabilidad que cada uno tiene, y no verlo y sentirlo como una deslealtad o una traición hacia los demás. También debemos proporcionar una tutela e inmunidad al alertador desde el momento en que da el paso de denunciar. La sociedad debe difundir cualquier acción de acoso de la que tenga conocimiento a estas personas.
Según un estudio que llevó a cabo la Comisión Europea en 2017, la falta de protección de alertadores o denunciantes de corrupción, está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto.
¿Y qué piensa la sociedad?
El 60% de la sociedad española cree que las personas alertadoras de corrupción deberían poder denunciar de forma anónima, según el informe de investigación publicado por la ONG Blueprint For Free Speech. En un país donde el tratamiento de los datos está muy protegido, se antoja bastante difícil poder denunciar algo que está bajo secreto oficial o más aún, que un funcionario de la Administración Local pueda denunciar sin revelar información protegida.
¿Es eso posible? Recientemente conocimos el caso de un trabajador informático que recibió en su taller un ordenador para reparar. El propietario del pc era un sacerdote profesor de un colegio católico. En él descubrió ingentes cantidades de material pornográfico infantil y lo puso en conocimiento de la Policía. El alertador recibió una reprimenda por parte de la Dirección del colegio y luego fue despedido. En cambio al profesor se limitaron a apartarlo de los niños.
La gran mayoría de encuestados aboga por una mayor transparencia en las instituciones y el abandono del secretismo en las diferentes administraciones. Así mismo inciden en que hay que proteger al máximo a los alertadores. En cambio hay división de opiniones en cuanto a la manera de denunciar. Y es que 12% cree que la mejor manera es a través de los medios de comunicación. El 10% utilizaría las redes sociales o internet y un 16% desconfían de todos los mecanismos de denuncia.
El alertador de corrupción en Puente Genil
El estadounidense Edward Snowden es uno de los ejemplos de alertadores, denunciantes de corrupción o whistleblowers. Un ex técnico de la CIA que trabajó como consultor para la Agencia Nacional de Seguridad está acusado de espionaje. Ha desvelado que el Gobierno de EE.UU utiliza un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo.
Pero no hay que irse tan lejos. En España el denunciante de corrupción Daniel Tejero Navas sufre un auténtico acoso por parte de sus ex superiores, compañeros y de todo un ayuntamiento con su alcalde a la cabeza. Hoy en día tiene infinidad de causas judiciales abiertas. Recordemos que la única persona juzgada y condenada en firme por el delito de consumir prostitución infantil, es precisamente Lorenzo Humanez Aguilar, su ex jefe de policía local. En cambio a su denunciante y alertador, el propio ayuntamiento lo mantiene sin empleo y sueldo desde hace ya unos años.
Daniel Tejero Navas, un policía de Puente Genil que se atrevió a denunciar a su superior Lorenzo Humanez. Desde entonces él y su familia sufren un auténtico calvario. Daniel ha sido la persona valiente que ha puesto el foco sobre los entresijos y ha sacado a la luz las cloacas de Puente Genil.
“Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”
Martin Luther King
