Ya no nos sorprende nada. Ahora todo es posible. De esto va el falso progresismo que nos inoculan a diario. En el mundo hay reglas tanto físicas como legales y económicas que son inexorables, empero el progresismo te vende que no pasa nada. Sí que pasa. Esas leyes a ti te alcanzarán fijo, no obstante, se trata de que no les alcancen a ellos: a los imperantes y su séquito. En este contexto, llega la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que, en el fondo, se exculpa a la buena de Magdalena Álvarez.
Otra factótum del PSOE y consejera de economía de la Junta de Andalucía, de la comisión de un delito continuado de prevaricación por el que fue condenada tanto por la AP de Sevilla como, después, por el Tribunal Supremo, tras evaporar la friolera de más de 800M€ en un escándalo monumental llamado «Caso ERE«.
Una sentencia del TC que supera los límites de la jurisdicción constitucional
El TC le otorga ahora parcialmente su amparo a pesar de reconocer su activa participación en la elaboración, aprobación y modificación de las leyes de presupuestos que instrumentaron tamaño desfalco entre el 2002 y el 2004. Allí colaron unas «transferencias de financiación» para esquivar la normativa de subvenciones y poder hacer de su capa un sayo con unas supuestas «ayudas socio-laborales» para empresas y trabajadores que acabaron –qué casualidad- en la red clientelar del PSOE. Allí metieron incluso a personas que nada tenían que ver con las empresas beneficiarias para que todos pudieran llevarse «su parte«. Quemaron dinero “pa’asar una vaca” como, gráficamente, aseguró la madre de uno de los condenados.
La «ganadería» mayoritaria en el TC -la del PSOE- no ve prevaricación ni delito alguno. Entiende, como Maleni, que todas esas operaciones presupuestarias fueron propuestas, tentativas, aunque el dinero desapareció de verdad. Esos 800M€ que, hasta que explote el «Caso Mascarillas«, es la plusmarca del latrocinio en la «era de la PPSOE» (que no de la democracia). Esas propuestas no pueden calificarse como resoluciones recaídas en un acto administrativo según el TC y, por lo tanto, no pueden ser objeto de control por parte de los Juzgados y Tribunales, ni, en puridad, constituir delito alguno.
En palabras del TC: ese “proyecto cuyo contenido contraviene la normativa existente mientras que es proyecto no puede someterse a un juicio de legalidad -en ese momento es un acto inexistente para el Derecho- y, una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad”. Así que el TC le devuelve las actuaciones a la AP de Sevilla para que dicte una nueva sentencia sin tener en cuenta nada de los hechos relacionados con esas leyes presupuestarias.
El Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial
Se vale todo. La sentencia –como acertadamente señalan los cuatro magistrados que firman el voto particular- no sólo supera los límites de la jurisdicción constitucional, irrumpiendo en la ordinaria y en el papel del Tribunal Supremo (TS) como máximo intérprete de la ley, sino que además genera una suerte de «Principio de Irresponsabilidad» para todos los políticos en el gobierno, colocándolos de facto por encima de la ley, de la Constitución y del mismísimo TFUE. A decir del TC, todas sus actuaciones son tentativas hasta que se ejecutan y, entonces, son leyes quedando fuera del control judicial a pesar de que el 9.1 CE reza que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
No pasa nada. Y si pasa, se le saluda como cuando, en 2008, la Sala de lo Penal del TS acordó aplicar inmediatamente una nueva doctrina también del TC sobre la prescripción del delito para exculpar –otra casualidad- a «Los Albertos«. A esos mismos «Albertos» a los que la misma Sala, en 2003, condenara por un delito de estafa por el «Caso Urbanor«. Entonces se dijo exactamente lo mismo: que la actuación del TC excedía su jurisdicción al generar una doctrina diferente en un asunto de legalidad ordinaria.
E idéntico fue el resultado. Sí, los imperantes y su séquito se fueron de rositas en el último momento porque el Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial. Tentativa y Poder. Sin separación de poderes –y, por tanto, sin democracia- para el poderoso todo es tentativa e irresponsabilidad. Porque yo lo valgo. Mientras, el súbdito responde de modo objetivo, incluso a título de simple negligencia, en cuanto se descuida un pelín. No es la ley del embudo, no. Lo que ocurre es que estás sosteniendo y legitimando con tú voto este estado antidemocrático de la PPSOE donde, por supuesto, la ley y la constitución no se aplican igual a todos los ciudadanos. ¡Vamos, ni de coña!
