Desde el año 2016 hasta en cinco ocasiones el Juzgado de Instrucción número 4 de Álava ha abierto nuevos casos por sospecha de abusos sexuales en centros de menores de la provincia. Muchos de ellos se tildan de “escándalos” en los medios, pero el ruido que pueden llegar a hacer en la sociedad se sospecha mínimo a tenor de que los casos siguen apareciendo y continúa habiendo sospechas de que se abusa de los menores y se intuye incluso que el paso de estas personas por los centros es todo menos cómoda y saludable.
Escándalo de Sansoheta: abusos a menores en centros
Uno de esos casos, conocido como “escándalo de Sansoheta” puso incluso bajo las cuerdas a Beatriz Artolazábal, candidata por el PNV en 2022 a la alcaldía de Vitoria y actual consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Entonces, el PP de Álava anunció que llevaría el caso al Parlamento Europeo, ante la negativa de la Diputación alavesa de investigar la caótica gestión en la resolución del caso y en la investigación del papel que jugó el departamento que lideraba por aquel entonces Artolazábal. La Diputación tuvo que poner hasta 27 medidas para prevenir abusos porque no se actuó a tiempo.
El “caso Sansoheta” se quiso tapar. No convenía a los intereses ni de la Diputación de Álava ni a los políticos y encargados de las políticas de protección de esos menores a los que se les invitaba a prostituirse. Los abusadores trataron en todo momento de lavarse las manos e incluso de rebajarse a sí mismos las penas acogiéndose a la Ley del “sólo sí es sí”. Con tal de no pisar cárcel hay gente que se agarra “a un clavo ardiendo”. En Sansoheta cuatro de los acusados aceptaron hasta 13 años de cárcel.
La Fiscalía ha tenido mucho trabajo desde entonces. Pasó de pedir hasta 100 años de prisión por los acusados de abuso de menores a tener que aceptar alegaciones varias e ir viendo cómo los acusados se iban reduciendo en números. Quizá se quedaron como sospechosos. Con una mochila a las espaldas que a día de hoy nadie conoce ya. Salvo los menores que sufrieron abusos, que de ellos nadie habló entonces ni habla hoy. A pesar de que son los auténticos protagonistas del escándalo de Sansoheta y de los llamados “casos de abusos a menores en los centros” que a priori les aseguran protección y tutelaje.
Desatención de los políticos y el Estado a los menores
En España hay más de 17.000 menores que viven o residen en centros de tutelados. Muchos de ellos acusan falta de atención, ausencia de amor y llegan a sentirse vulnerables. Otros, viven situaciones complicadas e incluso sufren abusos por quienes en realidad les prometen cuidados. Esto, unido a la desatención por parte de los políticos y el Estado, hace que la situación de los menores tutelados no sea ni buena ni halagüeña.
Algunos medios creen que el problema de los abusos en los centros de menores es de una magnitud desconocida. Y no es de extrañar: pocos son los casos que se llegan a conocer y menos aún, los casos que se llevan hasta el final. Tanto es así, que el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación ante la inexistencia de datos globales que permitan hacer un dibujo claro de qué es lo que está ocurriendo en los centros de menores de nuestro país y de cuál es la situación real de muchos de nuestros menores. Porque de responsabilidades ya ni hablamos.
Nadie es responsable de nada, salvo de intentar quitarse de la instantánea o de retirarse a tiempo de que el foco no acabe apuntándoles. Cuando un caso va a estallar, se producen movimientos, destituciones, dimes y diretes con un fin concreto: que no se conozca el alcance real, que se acabe disolviendo el conocimiento de ese abuso. Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco… suma y sigue. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo?
