De aprobarse el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que ha preparado el gobierno autodenominado “progresista” de Pedro Sánchez, seguiríamos más o menos igual que con la anterior Ley de Secretos Oficiales. Aprobada por el dictador Francisco Franco en 1968. Seguiríamos con nuestra memoria secuestrada. Algo poco compatible con una democracia moderna. Historiadores, víctimas, periodistas, juristas, no podrían hacer su trabajo porque muchos asuntos, serios claro, seguirán clasificados. Y no podrán acceder a documentación necesaria para aclarar episodios esenciales de nuestra historia más reciente. Y ya se sabe que cuando nos hablan de secretos de Estado suelen ser en general secretos de Gobierno que han actuado de modo inconfesable.
Los partidos autodenominados “de Estado”, o sea, los que se van turnando en el Gobierno. Es decir, PSOE y PP, no aceptan que se desclasifiquen documentos que pueden permitir arrojar luz por ejemplo sobre el golpe de Estado frustrado del 23-F de 1981. Sobre el “Caso Almería”, sucedido en 1981, cuando unos guardias civiles al mando del teniente coronel Carlos Castillo Quero mataron a tres jóvenes a los que confundieron con etarras del Comando Madrid. O sobre la creación y actuación de los GAL, banda terrorista organizada y financiada por el Gobierno presidido por Felipe González Márquez. Incluso se ha llegado a no desclasificar documentos ya desvelados por algún medio de comunicación.
La nueva Ley, que el Gobierno no podrá lograr que se apruebe antes de 2023, quiere aplicar un período de 50 años. Prorrogable en otros 10, para los documentos que sean calificados de “Alto Secreto”. 40 para los “Secretos”. 10 años para los “Confidenciales” y 6 para los “Restringidos”. Si lo comparamos, por ejemplo, con los EEUU de Norteamérica, allí se desclasifican los documentos reservados a los 25 años.
Secretos de Gobierno que actúan fuera de la Ley
El anteproyecto del Gobierno de Sánchez ha dado un paso más para garantizar el secuestro de la memoria. Lo hace al contemplar que las autoridades autonómicas competentes en materia de Policía en territorios que tengan Comunidad propia, puedan clasificar información. O sea, que Sánchez amplía el número de organismos que pueden clasificar información. Hasta ahora solo era capacidad del Gobierno de España.
El anteproyecto posibilita por lo tanto que los Gobiernos de Cataluña y Euskadi, que mandan en la Ertzaintza y los Mossos de Esquadra, puedan ocultar o hacer públicos datos “Confidenciales” o “Restringidos”. Dos de las categorías de secretos oficiales que contempla en anteproyecto. O sea, que por ejemplo el Gobierno catalán, que ha incurrido ya en un delito sentenciado de sedición, tendrá capacidad para ocultar durante 10 años la información que consideren confidencial o restringida. Incluso a órganos jurisdiccionales. Si un juez pretendiera acceder a ella debería dirigirse a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que es quien decidiría al respecto.
El anteproyecto establece que las personas capacitadas para restringir el acceso a información, además de los Gobiernos catalán y vasco, son el presidente del Gobierno y los vicepresidentes del Gobierno. Los ministros y secretarios de Estado. El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor del Ejército. También el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio. Los Jefes de Misión Diplomática y de Oficinas Consulares. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, los delegados y subdelegados del Gobierno, los directores generales de la Guardia Civil y la Policía y el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
La clasificación y desclasificación de las materias consideradas “Alto Secreto” y “Secreto” corresponderán exclusivamente al Consejo de Ministros. Sorprende el amplio catálogo de personas autorizadas para clasificar documentos. Especialmente me llama la atención que incluyan al secretario general de Prisiones. No se me ocurre que información puede tener para declararla secreta. Bueno, o si se me ocurre, y aterra. Se ha abierto un plazo de exposición pública, en el que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones al texto. Las fechas son desde el 3 de agosto hasta el 12 de agosto. Es decir, solo 7 días hábiles y en plenas vacaciones de verano.
Una Ley que secuestra la memoria más reciente
Un Gobierno que pretende aprobar una Ley de Memoria Democrática trata de sacar adelante, y lo conseguirá. Una Ley de Secretos que secuestra la memoria más reciente. Y que no permitirá acceder a información relevante sobre hechos gravísimos que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Una contradicción suprema que evidencia que detrás de esos denominados secretos de Estado lo que hay es solo secretos de gobiernos que han actuado fuera de la Ley. Algo muy poco democrático que tienen derecho a investigar y poner en conocimiento de la opinión pública periodistas o historiadores. Una información relevante para que posibles víctimas puedan acreditar hechos ante las autoridades judiciales y la opinión pública.
La memoria con secretos es selectiva e incompleta. Solo le faltaría a este Gobierno de Sánchez recuperar la Organización Nacional Contrasubversiva (ONC) que creó Franco el mismo año 1968. Año que se aprobó la Ley de Secretos Oficiales. La ONC estuvo formada esencialmente por estudiantes, bedeles, taxistas y porteros adictos a la dictadura que trabajaban como confidentes de la Policía. A la cabeza de la ONC fue colocado el comandante José Ignacio San Martín. Miembro de los servicios secretos, que fue condenado por su implicación en el golpe de Estado frustrado de 1981. Demasiados secretos quieren ocultar. Por algo será.
El diputado socialista Odón Elorza publicó un texto en Twitter en el que criticaba el anteproyecto del Gobierno. Decía: «Los papeles del 23-F, los GAL, Caso Zabalza y otros han de ser públicos ya. En 2022 una Ley de Secretos Oficiales debe servir a la democracia«. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Odón Elorza. Eso sí, se le olvidó pedir que se desclasifiquen también los papeles que haya del «Caso Kote Cabezudo«. Aportarían luz a la trama de protección de que dispuso durante 30 años el fotógrafo violador donostiarra. Claro que igual a Elorza se le ha olvidado porque él no necesita que se desclasifiquen porque conoce bien el asunto.
