Centros de menores en los que existen abusos sexuales. ¿Cómo detectamos los abusos? ¿Quién tiene las competencias para hacerlo? La competencia para detectar abusos sexuales en los centros de menores la tienen las autonomías. Son las que hacen y deshacen. Las CC.AA. marcan la hoja de ruta y gestionan todo lo que concierne a estos centros. En la gestión de los centros no vamos desencaminados si decimos que hay mucho donde elegir y mucho con lo que comparar. En 17 autonomías distintas que existen en España, encontramos el mismo número de formas de gestionar un centro de menores. Como consecuencia 17 maneras de considerar al menor. También 17 formas de entender la atención a la infancia. Y por tanto 17 modos de encarrilar el trato al menor que entra en un centro. A estos niños se les trata como un simple número, o como una partida más dentro de los presupuestos de las áreas de servicios sociales.
Si ya introducimos el tema de los abusos sexuales a menores internados en los centros, el propio tema comienza a hiperventilar. La situación nos muestra que, por mucho protocolo que haya o muchas visitas con sus correspondientes informes que los inspectores hagan por sorpresa, aparecen casos como los de las niñas tuteladas de Baleares. También se han detectado abusos en centros de menores en Euskadi. Pasen y vean.
Abusos de menores: cada comunidad autónoma tiene sus protocolos
La Consejería de Bienestar Social e Igualdad del Principado de Asturias publicó en 2012 una interesante guía con una serie de pautas de actuación para los profesionales de los centros de menores ante casos de abuso sexual. En la elaboración de esta guía colaboraron educadores y psicólogos de hasta nueve de esos centros de la región. En ella se tratan temas como la atención primaria, prevención y detección de situaciones. Incluso el tratamiento de esos posibles casos de abusos sexuales en los centros. Recalca que: “El principio de actuación es el interés superior del menor”. Y sobre esa base sitúa al abuso sexual como una de las posibles causas de desprotección que pueden afectar a un menor. Lo coloca al mismo nivel que otras como el maltrato emocional, negligencia o abandono.
En la guía se parte de la base de que un abuso sexual es: “una forma de violencia que atenta no solo contra la integridad física, sino también psicológica del menor”. En caso de detectarse, desde el centro se señala: “para cada menor y su familia se determina cuál es el tipo de intervención más adecuado, teniendo en cuenta la importancia de los diferentes factores implicados, y focalizando el tratamiento en el aspecto que es más crucial para el niño/a en función de su edad”.
¿Qué ocurre con los abusos en los centros?
El procedimiento pasa por varias fases: educativa, terapéutica, desahogo emocional, reevaluación cognitiva y finalmente “restauración de la sensación de autoeficacia en el niño/a, promoviendo una visión positiva de sí mismo/a, favoreciendo la recuperación de su funcionamiento independiente y dirigiendo su atención hacia un futuro en que ya haya superado los efectos del suceso traumático”. Todo tan metódico y protocolizado que de forma natural deja escapar ciertas dudas sobre qué ocurre cuando esos abusos sexuales se producen dentro del centro, y ningún responsable atendió o prestó atención a los menores que tenían bajo su cuidado.
Sobre todo se indica que ante casos de abuso sexual a menores se debe “evitar que recaiga en los profesionales toda la responsabilidad. A los profesionales se les pide que detecten, prevengan, traten y solucionen una realidad que les supera a menudo. Es fundamental que se les proporcione estrategias y formación continuada. Se posibilite su trabajo en equipo multidisciplinar. Y que se favorezca el apoyo social a la credibilidad y a la fiabilidad de su trabajo. Además que se dé conocimiento de la legislación relativa al tema”. O lo que a veces es lo mismo que “lo que pasa en el centro, se queda en el centro”. A no ser que el profesional encienda las alarmas y proceda a hacer público lo que ocurre tras esas cuatro paredes entre las que trabaja.
En el caso de la Comunidad de Madrid, desde el centro especializado en abusos sexuales infantiles, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se presta atención e intervención psicológica a los menores, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Participa en programas de prevención del abuso sexual infantil dentro del ámbito escolar y en centros que atienden a población de riesgo, entre los que se incluirían los centros de menores. Entendemos que cada centro elaborará sus propios protocolos, basándose en las directrices generales propuestas desde la Consejería en cuestión.
¿Cuáles son los protocolos generales?
Además de la multiplicidad de tipos de gestión según la autonomía, existen diversos protocolos de notificación de maltrato a menores (en los que entrarían los casos de abuso), según la institución o la autoridad a atender. Estamos hablando de un protocolo desde Servicios Sociales. Un protocolo policial, sanitario y un protocolo desde el ámbito de la educación.
Consultados varios documentos desde la División Justicia Poética Infancia, se observa que en Servicios Sociales se valora el maltrato como leve, moderado o grave y no contempla los diferentes tipos de maltrato que el menor puede llegar a recibir. Sin embargo en los protocolos sanitarios, policiales o de educación sí existe un apartado específico dedicado a los abusos sexuales. En él se contemplan aspectos y detalles a observar en el menor, como si se ha producido o no contacto físico con él, si presenta dificultad para andar o sentarse, si su ropa está rasgada, manchada o ensangrentada. O incluso si se ha producido explotación sexual o presenta enfermedades venéreas tras el abuso, entre otras. ¿Qué ocurre cuando se está produciendo o se ha producido abuso sexual de una manera no física? Es decir, cuando se trata de acoso sexual, de grabaciones o de miradas lascivas.
El menor podría sentirse atacado, abusado e incluso vejado y no presentar ninguna de las muestras que el informe de corte sanitario, policial o educativo pide detectar. ¿Es entonces cuando se queda registrado que es posible que el menor se lo esté inventando y se da carpetazo al asunto?
Los datos sobre abusos sexuales asustan
Cualquier abuso a un ser humano es despreciable porque todos somos iguales que todos. Nadie se merece que le traten mal o recibir malos tratos. Cuando ese maltrato tiene un matiz sexual y se produce con menores, el asunto es más que deleznable. Por el tono que toma cualquiera de las situaciones que haya podido vivir el menor mientras lo sufría, y por las nefastas consecuencias psicológicas que éstas puedan tener sobre él de cara a un futuro. Pero ocurre.
Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Es una estadística tan grave que para visibilizar este problema, se celebra cada año el 19 de noviembre como Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. De manera que cambiar las cifras depende de visibilizar esta lacra social. Tendríamos que concienciarnos que esto no debería seguir ocurriendo. ¿Podríamos actuar? El objetivo será que ese “uno de cada cinco” se convierta en cero.
La infancia debe estar por encima de cualquier estadística, protocolo y prevención, también el respeto y la protección de nuestros menores. Incluso de los menores que no son nuestros y parece que de nadie. De esos que están tutelados por la Administración. Los que se encuentran “en tierra de nadie” y merecen también ser atendidos. Y no con formularios que pretendan protección o con protocolos que indiquen formas de actuar y directrices. En ocasiones se acaban convirtiendo en papel mojado. Los menores, los nuestros, los de los demás y también los tutelados, esos que protagonizan carteles electorales, necesitan acción, actuaciones completas. Y sobre todo, necesitan respeto.
