Una red criminal ha sido desarticulada en Valencia, acusada de vender cadáveres robados. La Policía Nacional ha detenido a los dueños de una funeraria y a dos de sus empleados. Al parecer, falsificaban la documentación de los fallecidos para poder retirar sus cuerpos de las morgues de hospitales y residencias geriátricas, fingir su incineración en algunos casos y venderlos para su estudio en Universidades.
Las investigaciones en torno a este entramado criminal se iniciaron en 2023 tras detectar que un cuerpo había sido retirado con signos de haber sido retirado de manera fraudulenta de la morgue en el que estaba. La retirada, además, venía acompañada, tal y como se detectó después, de evidentes falsificaciones en el libro del registro del hospital así como en el Registro Civil, donde se había comunicado su fallecimiento.
Incineraciones de cuerpos robados
Tal y como se ha podido saber después, los detenidos realizaban una sola incineración cuando, en realidad, llevaban a cabo varias de ellas. Probablemente, de cuerpos que habían seguido este mecanismo de registro fraudulento. De manera oficial, a los detenidos se les acusa de falsedad documental. De manera extraoficial, de falta de escrúpulos.
Además, se les acusa también de uso fraudulento de los cadáveres, que vendían a Facultades de Medicina por 1.200€. De momento, Universidades como la de Valencia o la Universidad Católica de Valencia, CEU UCH o la Jaume I, ya se han desvinculado de la trama, asegurando que no aceptan cuerpos mediante compra. Todas defienden su protocolo de donaciones.
Los miembros de la funeraria, ubicada en el barrio valenciano de Benimaclet, buscaban fallecidos que no contasen con familiares que pudieran reclamar los cuerpos. Preferían, además, extranjeros o personas que hubieran tenido unas condiciones de vida precarias. De esta manera, era más fácil cometer todas las irregularidades que cometieron con los cuerpos.
Depuración de responsabilidades
Los detenidos declaraban realizar una sola incineración cuando, en realidad, llevaban a cabo varias. Llegaron a facturar más de 5.000€ a un centro universitario por la realización de hasta once incineraciones de cuerpos. De hecho, agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la retirada de un cuerpo ubicado en la morgue de un hospital valenciano. Ésta no se había realizado de manera regular. Siguiendo la pista del traslado del cuerpo, se cercioraron de que en lugar de recibir sepultura, había sido llevado a una universidad para su estudio. Ningún familiar había autorizado este traslado.
Poco tiempo después, los investigadores dieron con otro cuerpo, retirado de una residencia de ancianos. El fallecido, al parecer, habría autorizado, tres días antes de su propio fallecimiento, que su cuerpo fuera llevado a estudio en lugar de recibir sepelio. Detectaron que el hombre tenía menoscabadas sus facultades mentales, con lo que difícilmente había podido autorizar ese destino final.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha hecho que una parte de la trama acabe en archivo. Declaran que no existen indicios suficientes para que los dos responsables de la funeraria, que igual que los empleados figuraban como investigados en la causa, vayan a juicio. La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana ha informado recientemente de que los controles no han fallado en ningún momento. Pero, aún así, ha afirmado que “se están depurando responsabilidades”.
