LA RESPONSABILIDAD DE GOBIERNOS Y FUNCIONARIOS EN EL CASO DEL REY EMÉRITO

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“Hay mucho empeño en tirar del hilo de Corinna Larsen para destejer la Monarquía”, que escribe Santiago González. Y a mí no me parece mal. Me trae al pairo la intención de la fuente de información o su condición moral, lo esencial es si lo que cuenta es verdad o no lo es. Y con los testigos de las causas judiciales sucede lo mismo. Para investigar una causa criminal o una trama de delincuentes no acude uno a un convento de carmelitas descalzas sino a lo peor de la sociedad, que es lo que allí se junta. En el caso de Corina seguro que una parte es verdad y la otra verdad a medias o mentira. Por eso es muy importante investigar a fondo, judicial y políticamente el caso, diferenciar lo inventado de lo que se puede probar y obrar en consecuencia. Entre tanto, veremos si tiran del hilo solo en Suiza o se animan a tirar aquí en España quienes pueden y deben hacerlo. Tengo para mí que lo mejor sería, además de lo judicial, una comisión de investigación parlamentaria aprobada por unanimidad. Que llegara hasta el final. Los antecedentes de María Cristina de Borbón Dos Sicilias, sí, la de las coplas, así lo aconsejan. De esa comisión salieron muy reforzadas la institución e Isabel II, aunque después esta lo estropeara.

Pero no se habla en el caso del Emérito Don Juan Carlos de la responsabilidad formidable que tienen los presidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el asunto. Así como todos los funcionarios que han pasado por la Casa Real, pues todos ellos tenían la obligación legal de haber controlado al Rey, y haberle embridado cuando sabían que hacía de las suyas, en vez de consentir como cortesanos de quinta, y después presumir de juancarlistas, pues ya se sabe que España es la única monarquía sin monárquicos. González le consintió todo, sabiendo lo que había, lo mismo que Aznar, ambos al cabo de la calle, y en el caso de Aznar hasta llegó a decir “yo no estoy para ejercer de niñera de Don Juan Carlos”. Todos ellos abdicaron de una obligación esencial de su cargo en un Estado que es una monarquía constitucional. Y por ser justo con los funcionarios, los jefes de la Casa y compañía, que consintieron, y ayudaron al Emérito en sus golfadas varias, hay que salvar y mencionar a José Joaquín Puig de la Bellacasa, que después de unos meses allí destinado, y tras advertir del desastre que se avecinaba, se fue con la cabeza alta y con la dignidad crecida un segundo antes de que le echaran. Puig de la Bellacasa fue el único que cumplió con su obligación.

Ahora, si la Casa Real y el Gobierno actúan con tino, anteponiendo el bien de España al suyo propio, la institución hasta puede salir reforzada. Los parlamentarios pueden de una vez aprobar una Ley de la Corona que resuelva los problemas ya detectados por los especialistas. Los gobiernos aplicarse a su responsabilidad de control y hasta protección del Rey. Y el Rey y la Familia Real asumir un cambio de comportamiento radical, como ha comenzado ya a hacer Felipe VI.

Hace poco, la revista británica The Economist, ha hecho público su informe “Democracy Index 2016”, en el que su llamada Unidad de Inteligencia analiza la salud democrática de cada país y ordena a la gran mayoría de estados del mundo (recoge 165) en un ranking. El estudio adjudica valores del 0 al 10 en ámbitos como “Procesos electorales y pluralismo”, “Funcionamiento del gobierno”, “Participación política”, “Cultura política” y “Libertades civiles”, que luego se prorratean en una media total.

En el ranking de The Economist, los 19 primeros países están incluidos como “democracias plenas”, como notas por encima del 8. Le siguen las “democracias defectuosas”, en las que aún se incluyen países reconocidos como democráticos, como Estados Unidos y muchos de la Unión Europea (incluso Francia, Bélgica, Portugal…). Después están los regímenes híbridos, y en último lugar los países “autoritarios”.

Pues bien: el país que encabeza la lista, el estado más democrático del mundo según esta prestigiosa revista británica es una monarquía. Se trata de Noruega, que encabezada por el rey Harald V, consigue una nota de 9,93.

Entre esos 19 países del mundo considerados “democracias plenas”, The Economist incluye a diez que tienen como jefe de Estado a un rey. El tercero en la lista, tras la República de Islandia, es Suecia.

Le sigue Nueva Zelanda, país de la Commonwealth del que la reina Isabel II del Reino Unido sigue siendo jefa de Estado. También está Canadá, en el puesto 6º empatada con Irlanda, y Australia en el décimo lugar: otros dos países que tienen como reina a Isabel II.

La Dinamarca de Margarita II ocupa el quinto puesto en esta lista de países más democráticos del mundo. Luxemburgo y Holanda, ya con notas por debajo del 9, son undécimo y duodécimo estado en esta clasificación.

Por sólo seis décimas supera Reino Unido (8,36) a España, que son el 16º y el 17º país más democrático del mundo, respectivamente.

Ya en la categoría de “democracias defectuosas” o “democracias imperfectas”, aparece Japón en el puesto 20º, justo por delante de Estados Unidos. Bélgica consigue el lugar 35º, y ya más abajo (63º) se sitúa Lesoto, reino africano de la Commonwealth en el que reina Letsie III. La monarquía electiva de Malasia ocupa el puesto 65º.

También hay monarquías entre los estados más opresores del mundo. La peor considerada es la de Arabia Saudí, ya que su país está en el puesto 159º de un total de 167 y una nota “democrática de 1,93; tampoco mucho mejor valorado por The Economist están Emiratos Árabes Unidos (2,75), Baréin (2,79), y Omán (3,04), otras monarquías de la zona del Golfo Pérsico.


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