El actual modelo de gestión de los centros de menores que tenemos en nuestro país no podemos decir que haya surgido recientemente ni de forma casual. En su diseño y posterior desarrollo han ido contribuyendo aspectos como la oportunidad política para hacerlo, los intereses sociales que lo han ido permitiendo y el beneficio económico surgido con todo ello. Ni la casualidad ni la costumbre han intervenido. Veamos por qué.
En 2001 con la entrada en vigor de la Ley del Menor, asociaciones y otro tipo de agrupaciones con objetivos diferentes vieron la oportunidad para construir centros para menores conflictivos. Este fue el caso de la asociación GINSO y de Alfredo Santos García. Un arquitecto que a la cabeza de dicha organización decidió lanzarse a la construcción de centros para menores conflictivos, tomando de la mano su experiencia en la construcción de centros penitenciarios. En 2006 esta asociación ya había participado en la construcción y gestión de tres centros de menores en España.
¿Necesidades de los menores? ¿Intereses sociales o lucrativos?
En una entrevista del diario El País a Alfredo Santos García publicada en 2006, éste afirmaba tener “inquietudes sociales. Es cierto que fundo esa asociación en 2001 después de la Ley el Menor. Gente de la Administración me llamó y me sugirió que mi experiencia de más de 30 años en la construcción de centros penitenciarios podría aportar mucho a las necesidades de las comunidades. No tenían reformatorios suficientes para los menores”.
Y tal y como se percibe, en ningún momento se cita la cobertura de las necesidades de menores conflictivos o de atender una demanda social hacia los menores sin protección. Los centros de menores ni deberían tildarse de reformatorios ni mucho menos tomar el modelo de un centro penitenciario. El debate debe ir por otro lado. Por el lugar en el que empresas privadas, fundaciones y asociaciones toman las riendas en la construcción. También en la promoción y gestión de estos centros de atención a menores conflictivos. ¿Realmente existe en ellas un objetivo social o de atención a la infancia?
La economía que mueve a este tipo de centros
Por continuar con GINSO: se encargó de la construcción de centros de menores en Algeciras, Purchena (Almería), Dos Hermanas (Sevilla), Mazagón (Huelva) o Tierras de Oria (Almería). Aquí en junio de 2019 falleció Iliass Tahiri (18 años), diez minutos después de que seis vigilantes le inmovilizaran.
En concreto y para que podamos ver de qué volúmenes estamos hablando, en 2006 esta asociación firmó un convenio de colaboración con el gobierno de la Comunidad de Madrid para la construcción y gestión del centro Teresa de Calcuta. En este centro falleció Ramón Barrios (18 años) en 2011, tras ser inmovilizado por varios vigilantes de seguridad. El convenio tiene una validez de 15 años (hasta 2021) y un presupuesto de 157 millones de euros.
Sin embargo no solo GINSO como asociación se encarga de la construcción y la gestión de centros penitenciarios para menores. Perdón, centros de menores queríamos decir. Aunque un modelo u otro están tan dados de la mano, que ya no se sabe a ciencia cierta cuál es la diferencia entre ellos.
Desde la revista It Magazine hemos tenido acceso a la documentación con la que está trabajando la sección Infancia de la Asociación Justicia Poética. En dicha documentación se contabilizan hasta 40 organizaciones no gubernamentales que en una comunidad autónoma o en varias a la vez, gestionan centros orientados a los menores, también a los menores conflictivos. En la mayoría de dichas organizaciones aseguran ocuparse de menores vulnerables, colectivos sociales en riesgo de vulnerabilidad o de la infancia sin más.
¿Acogimiento o entrega del menor?
Pongámonos en situación: una familia tiene varios hijos adolescentes. Los adolescentes por su propia naturaleza son conflictivos o rebeldes, como se les quiera llamar. Bien pues uno de ellos es más conflictivo de lo habitual. La familia desesperada acude al trabajador social que le queda cerca del domicilio. Éste da la voz de alarma y el adolescente queda recluido en un centro de menores para reinsertarse. No es ciencia ficción, ni un thriller social. Ocurre y en nuestra propia sociedad. El engranaje se activa.
En el otro lado de la balanza el proceso se dibuja de la siguiente manera: en la asociación Ginso, que hemos citado al comienzo de este artículo, se desarrolla un programa específico llamado “Recurra-Ginso”. Trabaja para dar apoyo y respuesta a las familias en conflicto con sus hijos e hijas adolescentes. El responsable y actual director es Javier Urra Portillo, psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid desde 1985. Desde este programa se detecta “el problema” en la familia que corresponda, se inicia el protocolo para llevarse al menor y recluirlo en el centro que ellos mismos gestionan.
La pregunta es la siguiente: ¿qué presupuesto hay asignado para que ese menor tenga «plaza» en el centro? ¿Es realmente necesario llevarse al menor o el protocolo podría tener algún que otro paso intermedio en el que entre en juego el tratamiento o seguimiento del caso del menor conflictivo sin necesidad de llevarlo a un centro?
A veces el presupuesto es más interesante si en algún paso del proceso existe lucro y se gana con ello. Lo cierto es que muchas empresas que gestionan estos centros de menores en realidad trabajan para ayudarles, reinsertarles, proveerles de un futuro exento de problemas que ellos puedan crearse por malas conductas. La realidad es que se benefician a costa de estos niños.
Cuantas más plazas, mejor. Cuanto más espacio, mejor. También cuantos más niños, mejor. Y ahí es donde radica el problema porque estamos hablando de niños, no de dinero. Que no se nos olvide.
