LOS CENTROS DE MENORES

En el año 2009 la revista Interviú publicó un interesante artículo sobre lo que se esconde detrás de los centros de menores. Hablamos en presente porque 14 años después, la realidad de los centros de menores es la misma. Aquel artículo de Interviú estaba firmado por un escritor y periodista que 7 años después figuró como protagonista en otro artículo de similar contenido en el diario El País. La actualidad de los centros quedó marcada nuevamente 7 años después. El lector pensará: “de 7 en 7 años y tiro porque me toca”, como en el juego de la oca. Sin embargo en este caso, en lugar de ir de casilla en casilla, el salto es temporal. La situación sigue siendo la misma. 

A lo largo de estos años se ha denunciado en varias ocasiones la realidad que rodea a los centros de menores. Una realidad en la que los intereses económicos marcan en buena parte el funcionamiento de este tipo de centros, y no el bienestar de los menores sin protección. 

La gestión y el coste de los centros de menores

Y no hablamos de dos o tres centros porque en nuestro país hay muchos más. Tirando de directorios: en España hay un total de 1.104 centros de menores: 1.018 se corresponden con centros llamados ordinarios y los 86 restantes son centros para menores con problemas de conducta. También en números en España hay cerca de 21.000 menores que viven en centros. Y son cantidades que delatan que quizá el problema no sea tan de andar por casa como parece. 

Una noticia del diario El Mundo publicada en 2015 hablaba de que la crisis migratoria estaba haciendo que el 70% de las plazas en centros de acogida en Andalucía estuvieran ocupadas por menores no acompañados inmigrantes. Los llamados “menas” habían multiplicado su número, pasando de 895 en 2015 a más de 4.000 solo tres años después. 

Por aquel entonces, la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, indicaba que para los menores de 12 años había mayores posibilidades de acogimiento familiar. Para el resto, no tantas. El artículo entonces hablaba del coste de estos menores que eran mayores para el acogimiento. Coste: dinero que cuesta mantener a un menor. Mucho más si se contabilizan miles. El futuro para estos menores “mayores” que llegaban a Andalucía allá por 2018 era contabilizado en euros. 

Igual ocurre en otras comunidades. En Madrid por ejemplo se licitaron 120 nuevas plazas en 2019 para menores no acompañados. Otros medios hablaban del coste mensual que determinados centros iban a recibir por la tutela de cada niño acogido residente. Otra vez coste pero al contrario, no cuesta, sino que se gana con ellos. 

Lo que llama la atención a la opinión pública

¿Qué está en boca de la opinión pública? ¿Que algunos menores que viven en centros y se acercan a la mayoría de edad se dedican al vandalismo? O que ¿la gestión de estos centros no es del todo transparente? En los manuales para padres que existen de forma invisible pero tácita en todas las casas se sabe, se rumorea y se asume que cuando un niño tiene malos comportamientos quizá es porque los estímulos que recibe por parte de sus referentes no son los adecuados, o por lo menos no están encaminados de forma correcta. 

En los centros de menores debería asumirse que quizá ocurra algo similar. En realidad la gestión de estos centros pasa siempre desapercibida a la opinión pública. No interesa. Y sin hacer demagogia podríamos incluso decir que, a rasgos generales, la infancia y los menores en nuestro país tampoco. Cada menor cuesta dinero público. Según la documentación publicada en medios y consultada por IT-Magazine, estaríamos hablando del orden de los 4.000-6.000 euros por menor… al mes, claro. 

El menor en manos de las CC.AA.

Además hay que tener en cuenta que las competencias de protección del menor están en manos de las CC.AA. Cada una lo legisla y lo gestiona como sabe, puede o quiere. Y en cuanto a los centros muchos de ellos son de titularidad pública, pero algunos otros están gestionados por empresas privadas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales a través de concesiones administrativas. Ese modelo de gestión público-privada se da sobre todo en lugares como la Comunidad de Madrid. 

La pregunta es: si lo que salta a los medios es que algunos de estos menores prefieren el vandalismo antes que la reinserción, quizá es porque interesa más que se cuente esto, a tratar de valorar por qué no ha habido medios suficientes y una gestión más eficiente en la educación y cuidado de estos menores. La opinión pública prefiere erradicar el vandalismo antes que cuestionarse si los medios empleados para educar y cuidar a esos menores han sido los adecuados. Prevenir antes que curar. 

Lo que tal vez la opinión pública no perciba es que el Sistema está hecho así. Se cuenta lo que interesa contar. Lo que cabe en la agenda. Y 14 años después de aquel artículo de Interviú, nos damos cuenta de que sigue sin querer que interese que los menores no cuentan. Aunque sí cuesten. Y aunque se gane con ellos. 


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