Hace relativamente poco saltó la noticia: un electricista de 45 años ofrecía a una niña de 12 años en redes sociales a otros hombres. Este pederasta la violó y prostituyó estando la menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat. La Fiscalía pide 107 años de cárcel para este ser al que en Cataluña han bautizado como el “Pelicot catalán”. No vamos a entrar en los detalles escabrosos pero queremos hacer una llamada de atención sobre la vulnerabilidad en este caso.
Son decenas y decenas las noticias sobre menores tuteladas por la administración que terminan violadas y prostituidas. Mallorca, Madrid, Valencia… Hay evidencia de que nada más entrar en estos centros, les retiran el carnet de identidad, las dejan indocumentadas pero con un móvil con conexión a internet. ¿Dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de los gestores de estos centros de menores? Los asistentes sociales retiran a los niños y niñas de sus familias con expedientes de desamparo, la mayoría de las veces con excusas inventadas para engrosar los asientos contables. Supuestamente han de protegerlos, cuidarlos y alejarlos del delito. Pero ocurre todo lo contrario: los menores de estos centros son carne de cañón para pederastas, proxenetas y traficantes de seres humanos.
Pederasta y proxeneta
En el caso de esta niña, el juzgado de instrucción está investigando a todos esos hombres que violaron a la menor. El electricista acumuló material pornográfico de su víctima. El juez lo ha procesado por varios delitos de pederastia y elaboración de pornografía infantil. El fiscal reclama 12 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años, con dos agravantes: víctima especialmente vulnerable y violación en grupo. Asimismo solicita otros 66 años de cárcel como cooperador necesario en las agresiones de los otros seis adultos identificados en esta investigación y 11 años y medio más por la violación de otro cliente.
Otra petición de tres años de cárcel por acoso a menor de 16 años y un año más por exhibición obscena frente a menor. También pide cinco años de cárcel por posesión y distribución de pornografía infantil así como nueve años de cárcel más por un delito continuado de utilización de menor para la elaboración de pornografía infantil con tres agravantes: el de la violencia y el sexo, la edad de la víctima y su perfil vulnerable.
La menor tutelada y abandonada por la Administración
Parece que el Ministerio Fiscal ha olvidado en su petición de condenas, la responsabilidad civil de DGAIA. La Generalitat tiene su parte de culpa en este proceso. ¿Qué hubiera ocurrido si esta niña hubiera seguido a cargo de sus padres o familiares? Las redes sociales juzgadoras los habrían lapidado virtualmente. Educación, responsabilidad, tutela…
En los estatutos de la Asociación Justicia Poética se establece como uno de sus fines la defensa judicial y extrajudicial de menores de edad bajo tutela de la Administración frente a los abusos, irregularidades o extralimitaciones de las entidades públicas o las organizaciones en las que aquéllas deleguen sus responsabilidades de guarda, custodia y tutela. Si esta organización sin ánimo de lucro contara con la financiación adecuada, haría valer los derechos de esa menor por encima de la administración catalana. Esta niña ha vivido unos años en el infierno y no solo ha sido víctima del pederasta, la administración encargada de su tutela también tiene su parte de responsabilidad por permitirlo.
¿Consentimiento de menores?
Mientras tanto otra administración española -en este caso extremeña-, ha organizado un taller sobre consentimiento sexual para niños de 6 a 8 años. La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura -gobernada por el Partido Popular-, organizó una charla que se impartió en un centro de atención psicológica. ¿Qué pretenden con ello cuando todo el mundo sabe que el consentimiento de menores no existe?
Como bien saben los lectores de It-Magazine, el letrado defensor de las víctimas de Kote Cabezudo, Mario Díez, presentó una denuncia en Fiscalía General del Estado con abundantes pruebas de la actividad criminal de Kote Cabezudo en Senegal. Pornografía infantil y agresiones sexuales mucho más terribles y con niñas más jóvenes incluso que sus víctimas vascas. La denuncia fue destruida.
Hace unos meses nos llegó la noticia sobre un misionero escolapio acusado de abusos sexuales a menores durante más de una década en Senegal. Los niños tenían entre 8 y 12 años. Este sacerdote era el director de un internado en la localidad de Usui. Las violaciones se dieron entre los años 1992 y 2005 y hay que tener en cuenta que la homosexualidad en Senegal es delito. La congregación ha pedido perdón a todas las víctimas.
