El caso de los ERE en Andalucía copó titulares. Y, en general, toda la actualidad política años atrás. El “EREgate” destapó una profunda grieta de corrupción política en esta comunidad. Uno de los mayores de la democracia, y encausó a varios miembros del PSOE andaluz. Entre ellos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por la Audiencia de Sevilla, y luego ratificado por el Supremo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El Constitucional anula las sentencias iniciales
Según algunos medios, con ellos se terminó de hundir el PSOE en Andalucía. Y ahora, El Constitucional ha afeado a ambos tribunales y anula las sentencias iniciales condenatorias de la Audiencia porque afirma que “incurren en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de resolución y asunto administrativo que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal”. Se produce tras una votación en la que ha habido siete votos a favor y cuatro en contra.
Además, solicita a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que excluya los hechos de 2002 a 2009 incorporando además los fundamentos que han sido añadidos por el tribunal sobre todo este asunto. Afirma el Constitucional que ambas sentencias vulneran el “derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”. Griñán, que no ingresó en prisión debido al cáncer que padece, es muy probable que con esta exoneración de su delito de malversación por parte del Constitucional, nunca vaya a la cárcel.
Pero no han sido los únicos. Tal y como informan desde Europa Press, el Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias tras las cuales, varios miembros de la Junta de Andalucía quedarían libres. Es el caso de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex director del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, el ex consejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y del ex consejero de empleo Antonio Rodríguez.
¿Se tambalean los pilares del Estado de Derecho?
Algunos magistrados del TC se han lanzado a opinar y han expresado que con acciones como ésta “se tambalean los pilares del Estado de derecho”. Y, aún más, indican que logran transmitir a la ciudadanía que “la corrupción política es un medio válido de actuación de los poderes públicos”. Al hilo de lo que se expresa “en la calle” con aquello de “no pasa nada, delinque, insulta, roba o compórtate como un mal ciudadano, porque al final nunca pasa nada”.
Aunque con la salvedad de que nuestros representantes políticos están ahí porque se les ha votado y porque “desde la calle” se les ha dado la confianza para que manejen asuntos de Estado que luego repercuten en el día a día de todos. Con la salvedad de que están ahí y ganan su salario haciendo lo que hacen. Y si mienten, roban, malversan fondos o forman parte de casos de corrupción política, no sólo faltan a su palabra del respeto a la ley, sino a la del respeto al ciudadano que somos cada uno de nosotros.
Dicen que la Justicia es lenta. Pero cuando saltan casos como estos, el ciudadano percibe que la lentitud sólo ocurre en algunos casos. Puede suceder que algo tarde años en solventarse. Máxime cuando hay involucrados diferentes tribunales y estadios judiciales. Con lo que el ejemplo que expone el magistrado, aquello de “qué más da, si da todo igual” no puede tener una muestra más clara que siempre da igual, pero “según a quién”.
