Es un no vivir. Cada día empeora la situación de Pedro Sánchez. Cercado por casos de corrupción en los que él aparece señalado como el uno, el puto amo, porque nada de lo que va saliendo pudo suceder sin que el uno lo sugiriera, ordenara o al menos tolerara. Ya veremos si él termina o no empapelado, como todo su círculo de confianza.
Es insuperablemente grave la actuación del fiscal general del Estado borrando pruebas
Es un dato cierto que el móvil del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, estaba vaciado cuando fue analizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No es, como dijo después Sánchez, que no hubiera en él pruebas de la filtración de secretos profesionales sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, es que había sido borrado.
O sea, que si las hubiera habido, las hizo desaparecer. O no, porque si los expertos se ponen podrán recuperarlas. Y, además, en otros teléfonos, como en el de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, y en otras cuentas de correo electrónico, como la de la fiscal superior Almudena Lastra, permanecían esas pruebas.
Cualquier fiscal o magistrado, en cualquier causa, considera que el borrado de un teléfono móvil, o sea, la eliminación o manipulación de una fuente de prueba, es un evidente indicio de criminalidad. También un intento de obstaculizar la acción de la Justicia. Los jueces dirán lo que tengan que decir penalmente sobre el asunto. Eso sí, pero desde un punto de vista político y moral es insuperablemente grave que quien haya actuado de este modo sea el fiscal general del Estado.
Una explicación que toma a la Justicia y a los españoles como imbéciles
Que la explicación de la Fiscalía General sea que García Ortiz se limitó a aplicar una instrucción interna de protección de datos que aconseja a los fiscales eliminar todos los datos personales y documentos de sus dispositivos “una vez dejen de ser necesarios” es tomar a la Justicia y a los españoles por imbéciles, o por gilipollas. La información borrada por García Ortiz era más que necesaria, para inculparle si reveló secretos. Como es evidente que hizo, o para exculparle si no lo hubiera hecho, supuesto éste en el que hubiera sido el primer interesado en guardarlos.
Y respecto a ese protocolo de seguridad no hay que ser experto e incluso un cenutrio tecnológico como yo puede constatar que era poco o nada eficaz si además de quedar vacío el móvil del emisor no lo quedaba el del receptor. Ya quedó claro que García Ortiz actuó de un modo indecente y presuntamente delictivo cuando el propio García Ortiz afirmó en noviembre que la incautación de sus dispositivos comprometía la seguridad del Estado. Es más que sabido que nunca está en peligro la seguridad del Estado cuando una autoridad dice que lo está. En estos casos lo que está en peligro es el futuro de quien tal cosa afirma.
Y no se olviden del testimonio del fiscal Salvador Viada, que declaró ante el juez que cuando la UCO procedía al registro de su despacho, García Ortiz manejaba un móvil junto a su número dos, Angeles Sánchez Conde. O sea, que incluso en presencia de la Guardia Civil el fiscal general trataba de destruir pruebas, una escena que si la viéramos en una película nos sugeriría apelar a una imaginación excesiva de los guionistas. Pero fue real, como la vida y la corrupción mismas.
Y después de lo del fiscal la compra de la alcaldía de Jaén
Para terminar con los teléfonos, el de Juan Lobato ha permitido saber que en el manejo de los correos confidenciales sobre el novio de Ayuso participó la cúpula del Gobierno y del partido, o sea, Francisco Vallés, secretario de Estado de Comunicación y su sucesor y ex jefe de prensa del PSOE Ion Antolín. O sea, que, en una operación política, presuntamente delictiva, para desacreditar a una rival política, Isabel Díaz Ayuso, participaron las personas de máxima confianza del número uno, de Pedro Sánchez.
Mientras que en España la Fiscalía depende del Gobierno sería un disparate, como pretende Sánchez, sustraer a los jueces y dejar en manos de la Fiscalía la dirección de las investigaciones penales. Miedo da solo pensarlo. Y entre el fiscal general, Puente, Koldo, Begoña y compañía, entre escándalo y escándalo, poco o nada se ha hablado de cómo la vicepresidente del Gobierno, ministra de Hacienda y lideresa del PSOE, María Jesús la chiqui Montero, se compró con dinero de todos los españoles la alcaldía de Jaén para el PSOE.
En esa capital andaluza gobernaba el PP con el apoyo de la formación Jaén Merece Más. El PSOE necesita como el comer recuperar poder en Andalucía, y el PP perderá en enero la alcaldía de Jaén para que se haga con ella el PSOE. El precio es público. 600 millones de euros que ha comprometido la chiqui Montero de su puño y letra, para financiar la moción de censura de Jaén Merece Más. Con ese dinero de todos se va a enjugar el déficit generado durante años por el Ayuntamiento de Jaén gobernado por el PSOE y en dos ocasiones por el PP.
La degradación política y moral del PSOE es insuperable
Una vez que Sánchez y su PSOE inventaron el autoindulto y la autoamnistía, ahora han perfeccionado la autocondonación. La chiqui Montero le perdona 600 milloncejos de euros de nada a Jaen y el PSOE recupera la alcaldía. Aunque acreditada la capacidad de mentir del PSOE y de la chiqui Montero, y no es descartable que, una vez que los tres concejales de Jaén Merece Más le hayan devuelto la alcaldía al PSOE, la chiqui Montero se olvide, o surjan problemas técnicos en la condonación de la deuda o en la promesa de inversiones.
Del PSOE ya no nos sorprende nada. Su degradación política y moral es insuperable. Aunque no, ellos la superan cada día. Quizá tienen diseñado un plan para ir comprándose alcaldías, porque a la chiqui Montero y a Sánchez se la suda el dinero de los españoles, solo les importa mantenerse en el poder, y para ello igual condonan deuda que conceden una amnistía ilegal, indultan a sus ladrones, ceden competencias o colocan en empresas públicas. No tienen límites legales, mucho menos los van a tener morales. Todo les vale para cumplir con su único objetivo. Pero bueno, menos mal que no gobiernan la derecha y la extrema derecha.
