El pasado año fueron asesinadas en España al menos 49 mujeres. Diciembre fue un último mes fatídico con 12 asesinadas. La violencia machista es un drama que evidencia que solo legislando no se va a resolver el problema. Los partidos políticos se acusan mutuamente, e incluso en el seno del Consejo de Ministros se lanzan puyas entre ellos con el problema. La realidad es que las estadísticas son terribles y evidencian que desde la llega de Irene Montero el problema no ha decrecido, y que el ministerio de Interior con Marlaska también ha fallado en la prevención, que es esencial. Desde la ley contra la violencia de género aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace diez años, no ha disminuido esa violencia.
Algo ha de cambiar el Gobierno en su política contra el machismo. Pero parece que el feminismo institucional no aprende, y sus corifeos tampoco. La semana pasada la periodista Cristina Fallarás, muy alineada con el feminismo institucional, zona radical, aportó en Telemadrid una explicación dantesca a los asesinatos machistas: “Los hombres acostumbran a asesinar a sus mujeres”. Y se quedó tan ancha. La presentadora del programa se limitó a abrochar el dislate añadiendo un escueto “por Dios, pero no todos”.
El Gobierno debe ocuparse del machismo
En mi modesta opinión la clave, lo esencial, es la educación. A golpe de Ley no se resuelven los problemas. Este Gobierno, al dictado de la señora Montero, incluso lo ha empeorado con la Ley «sí es sí» que ha rebajado las penas a los delincuentes sexuales. A la hora de escribir este artículo, 133 de ellos se han visto beneficiados con una reducción de su condena y más de 20 han salido de prisión.
Tampoco el encarcelamiento de los asesinos resuelve el problema, aunque sea recomendable. Al margen de que los expertos dicen que los delincuentes sexuales muy mayoritariamente reinciden en cuanto pueden, el hecho de que los presos no reciban ayuda psicológica o psiquiátrica y nos limitemos a encerrarlos, no ayuda a cambiar las cosas.
Digo yo que visto lo visto quizá sería hora de modificar algo en el andamiaje jurídico y sobre todo, más eficacia habría que exigir a Gobierno, jueces y Policía en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, en la aprobación de medidas cautelares y en no excarcelar antes de tiempo a los condenados. Es decir, en todo lo relacionado con la prevención.
Contra el machismo siempre, y más aún contra quienes asesinan. En la educación, en casa y en la escuela, sin sectarismos ideológicos, está la clave para que solucionemos este problema social. Y a los políticos pedirles que dejen de zarandearse escupiendo de un lado a otras responsabilidades y se ocupen de verdad de su tarea.
Y además…
- El Caso Azud. Revela una trama corrupta del PSOE valenciano para financiarse ilegalmente que pone de nuevo sobre el tapete el doble rasero de medir de los principales medios de comunicación españoles y de los partidos al respecto de la corrupción política. A los casos que afectaron al PP valenciano y a Francisco Camps, buena parte de los cuales terminaron en sentencias absolutorias, le dedicaron portadas y más portadas durante meses. Ahora dos titulares y a callar. El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita que empresarios afines al PSOE pagaron las campañas electorales de Carmen Alborch y Maria Teresa Fernández de le Vega. Alborch compitió y perdió con Rita Barberá, a la que el PSOE y la prensa afín machacaron por un asunto de 500 euros. En Valencia los socialistas superaron el famoso 3% de la Cataluña de Pujol y elevaron las mordidas al 6%. Y la mayoría de izquierda en el Parlamento valenciano impide que se crea una comisión de investigación. El presidente Ximo Puig ha dicho, con un par, que “los hechos sucedieron hace más de 15 años, y en un momento en el que todas las instituciones valencianas estaban gobernadas por el PP”. Mientras PP y PSOE solo denuncien y persigan de verdad la corrupción ajena seguiremos igual. Da mucho asco.
- Habrá que estar muy atentos a los próximos recuentos electorales. Las sospechas sobre posibles pucherazos del Gobierno de Sánchez son fundadas. El recuento de los votos le ha sido encargado por el Ejecutivo a Indra. Sánchez se ocupó de expulsar a los socios independientes del accionariado de Indra y colocó a obedientes del PSOE. Además, entró en su capital la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por el Gobierno. Y el tercer socio es el Grupo Prisa, los dueños de El País y la cadena SER, entregado a la causa de Sánchez y receptor de numerosas prebendas gubernamentales. Vamos, que puede decirse que el recuento de los votos lo van a hacer El País y la SER. Pone los pelos de punta. Este es un asunto que debiera debatirse a fondo en el Congreso de los Diputados. Pero no se hará. En mi próximo artículo les explicaré por qué.
