La Audiencia de Madrid ha mantenido el juicio con jurado a Begoña Gómez, la amada de Pedro Sánchez, por los delitos de malversación y tráfico de influencias, pero le ha devuelto el pasaporte y le ha retirado dos de los cuatro delitos de los que le acusaba el juez Peinado. No debiera tener queja el sanchismo sobre la Audiencia.
Uno de los dos delitos retirados es el de apropiación indebida que parecía sensato al existir prueba documental del registro a su nombre del famoso software.
En RTVE han ido con todo, a todas horas. Lawfare, golpe judicial y fascismo con toga
Pero el Gobierno, con sus estrellas habituales al frente, y todos sus mariachis, han salido de nuevo en tromba contra los jueces por osar cuestionar la honradez de la mujer del jefe, “la presidenta” que dice el sin par Pachi López.
En RTVE han ido con todo, a todas horas. Siguen con el lawfare, el golpe judicial y el fascismo con toga. Con lo de Begoña se han puesto estupendos con que no les gustan los juicios con jurado, y menos si son en Madrid, porque en Madrid gobierna Isabel Díaz Ayuso y es un nido de fascistas.
No son Peinado y la Audiencia quienes llevan a Begoña a un jurado, es la Ley que obliga a que sea así por los delitos de que se le acusa
Si fuera por esta peña a Begoña debiera de juzgarla un tribunal presidido por Sara Santaolalla y conformado por Ruiz, Cintora, Inchaurrondo, Aroca, Ekaizer y compañía.
Pero no son el juez Peinado y la Audiencia quienes han decidido por sus huevos morenos que a Begoña la juzgue un jurado. Es que la ley obliga a que sea así por los delitos de los que es acusada.
Para este peña la familia personal y política de Sánchez es una suerte de casta intocable
Para la “mayoría progresista” el fiscal general García Ortiz, el hermanísimo David Sánchez, Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez son inocentísimos, aunque haya condenas y acusaciones serias y fundadas.
Como serán inocentes Leire Díaz, la directora general de la Guardia Civil, el DAO, la vicepresidente de la SEPI y la gerente del PSOE. Porque para esta peña la familia personal y política de Sánchez es una suerte de casta intocable. Y si al final se acumulan las condenas son capaces de fabricarles una amnistía.
La Ley del jurado fue promovida por Belloch y redactada por Varela. ambos entonces capos de Jueces para la democracia
La Ley del Jurado fue aprobada por una “mayoría progresista”, promovida por el biministro Juan Alberto Belloch y redactada por el juez Luciano Varela, estos dos, capos entones de Jueces para la Democracia.
Para la “mayoría progresista” cualquier resolución judicial que no les guste o convenga a ellos es lawfare, palabra inglesa que describe un uso espurio de los tribunales como arma política.
Es legítimo discrepar de una resolución judicial y criticarla pero no es admisible cuestionar la legitimidad de quien juzga
Al entorno político y personal de Sánchez les han empapelado más de veinte jueces e instancia judiciales. ¿De verdad piensan que todos se han puesto de acuerdo para complicarle la vida al presidente y al Gobierno? ¿De verdad creen que pretenden dar un golpe al Estado?
Hay antecedentes para acreditar que el ordenamiento jurídico español considera penalmente relevante aprovecharse de una posición de proximidad al poder para abrir puertas, facilitar relaciones o generar oportunidades que no habrían existido en otras circunstancias. Un precedente conocido por todos es el de Iñaki Urdangarin, marido de la entonces infanta Cristina de Borbón.
No hay duda de que es perfectamente legítimo discrepar de una resolución judicial y criticarla. Y cualquier acusado puede recurrir con argumentos jurídicos a instancias judiciales superiores, como ha hecho Begoña Gómez con Peinado con un éxito parcial.
En la misma semana condenan a su hermano y llevan a juicio a su esposa, pero Sánchez no asume responsabilidad alguna
Lo que no es admisible es cuestionar la legitimidad de quien juzga y atribuir prevaricaciones a cualquier juez que haga algo que no les convenga. Se aproxima mucho más a un golpe el comportamiento de esta “mayoría progresista” que el de los jueces que han empapelado al entorno político y personal más próximo al presidente.
En la misma semana hemos conocido la condena al hermano de Pedro Sánchez y la apertura de juicio con jurado a su esposa. Lejos de asumir responsabilidad alguna, Sánchez y sus corifeos arremeten contra el juez Peinado y contra los cinco magistrados de la Audiencia a los que acusan de instruir una causa política con falsedades.
Nueve ciudadanos decidirán si Begoña es culpable o inocente. De considerarla culpable, los magistrados deciden la pena a imponerle
El auto de esos cinco magistrados, bien extenso, define las conductas de los acusados y los tipos delictivos basándose en una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo y tan no evidencia animadversión alguna hacia Begoña Gómez que corrige a Peinado al levantar las medidas cautelares y revocar dos de los cuatro delitos de los que era acusada en la instrucción.
Once ciudadanos (9 titulares y 2 suplentes) decidirán tras el juicio si Begoña Gómez es culpable o inocente. De considerarla culpable, serán los magistrados quienes decidan la pena que ha de imponérsele.
En 1995, cuando se aprobó la Ley del Jurado, hubo un gran debate jurídico. El jurado estuvo vigente en España desde 1888 y lo suspendió el franquismo. En España finalmente se optó por un modelo mixto llamado escabinado en el que ciudadanos y jueces profesionales conforman un único tribunal. Los ciudadanos deciden los hechos y emiten veredicto, pero no fijan la pena ni dictan sentencia.
Según las estadísticas oficiales del CGPJ un 90% de las sentencias con jurado con condenatorias
Para la “mayoría progresista” los 11 ciudadanos elegidos por sorteo serán “peligrosos fascistas” que dictaminaran culpabilidad. Yo lo que creo es que la selección será compleja, porque será difícil encontrar ciudadanos que no conozcan el caso y tengan una opinión conformada a partir de todo lo que ya se conoce sobre el caso, lo cual permite intuir que habrá recusaciones.
Curiosamente, Luciano Varela, el magistrado progresista que redactó la ley del jurado, asume ahora, según El País, “una posición crítica con la ley, no porque desconfíe de la capacidad de los jurados, sino que aboga precisamente por ampliar el tipo de delitos que pueden asumir”.
Según las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo se dan sentencias por jurado en un 0,075% del total de sentencias de 2025. Las estadísticas señalan también que el 89,7% de las sentencias de jurado son condenatorias.
Quizá si Begoña es condenada la “mayoría progresista” se cargue el jurado o modifique su Ley. Todos los condenados previamente no les han importado pero una condena a la amada del jefe probablemente los lleva a modificar lo del jurado popular. Así son las cosas.
