Me sorprende ver cómo se alarma la gente al pensar en el inmenso poder de las empresas tecnológicas. He llegado a escuchar en boca de expertos en la materia que estas compañías, al desarrollar unas tecnologías tan poderosas, en algún momento se verán abocadas a su conversión en empresas públicas.
Aunque no me queda claro si estos comentarios provienen de una cuestión de seguridad. O por el miedo a que el gobierno decida nacionalizarlas al ver que dichas empresas pueden acumular más poder que ellos mismos.
Como digo, me sorprende pero sobre todo me asusta que después de las cientos y miles de evidencias que los políticos van dejando con sus vergonzosos comportamientos, sigamos creyendo que los gobiernos trabajan para velar por el bien de los ciudadanos.
La gente olvida o tal vez desconoce la cantidad de ocasiones en las que los gobiernos democráticos y aparentemente protectores de la población nos han hecho pagar con creces sus desfalcos y robos sistemáticos. Por eso, me parece bastante probable que estas empresas tecnológicas acaben siendo nacionalizadas. Nadie juega en el patio de los políticos sin su permiso y menos aún saltándose sus normas.
Hay una visión inocente sobre el peligro que supone un inmenso poder en manos de un empresario . Y en cambio no se alarman cuando día tras día nos aprietan el cuello con las leyes que nos gobiernan. Una empresa nunca nos impondrá leyes. Jugará con nuestros gustos y necesidades, nos hará dependientes de recursos que nos manipulan, nos hará adictos a todo tipo de sustancias y elementos solo por vernos enganchados a su producción. Pero no tiene la capacidad de imponer leyes de forma unilateral.
Es cierto que algunas empresas o grupos empresariales han llegado a provocar la redacción de leyes que protegen ciertos beneficios. Pero al final siempre han dependido de los legisladores y por ello, siempre deben contar con otro jugador más en el tablero para imponer sus designios.
Los gobiernos en cambio son el máximo poder. Y a pesar de que una legislatura tras otra vemos que se repiten y multiplican los casos de corrupción, seguimos tolerando la incompetencia de quienes están al mando, la falta absoluta de empatía a la hora de aplicar medidas y la rotunda desconexión de la realidad.
¿Qué sabrá un político sobre cómo llegar a fin de mes?
Es cierto que muchas empresas tienen un volumen de negocio superior al PIB de algunos países. Pero eso no me inspira más temor que cualquier político promedio. Sin mirar fuera de nuestras fronteras, si hay algo inalterable de un cambio de gobierno al siguiente, es que en todos los casos, sin duda, el nuevo gobierno ha hecho bueno al anterior.
Somos tan ingenuos que pensamos que si un gobierno lo hace mal, el siguiente no puede ser peor. Pues siempre nos sorprenden y baten sus propias marcas. Son los eternos plusmarquistas de la corrupción. Parece incluso que el partido en la oposición, mientras está esperando su turno se estuviera entrenando en robar, estafar y mermar las paupérrimas arcas estatales.
A los especialistas en economía les alerta que además las tecnológicas manejen tanta información que pueden utilizar en nuestra contra. Pero hay una gran diferencia entre el abuso de una gran empresa y el de un gobierno.
Una empresa siempre va buscar una mayor facturación o sobre todo aumentar sus beneficios y eso indefectiblemente debe ir asociado a un consumo. Las empresas necesitan que tengamos dinero para gastarlo en sus productos, anhelan que nos vaya bien. Que la economía sea boyante para que nos podamos gastar nuestro sueldo y nuestros ahorros en los innecesarios elementos que se empeñan en vendernos como objetos y servicios imprescindibles para nuestra vida.
En cambio a un gobierno le somos más útiles cuanto más dependientes somos de él. Si todos dependemos de lo que nos provee el gobierno, estaremos en la mejor disposición posible. Porque nadie en su sano juicio dejaría de favorecer a la mano que le da de comer. Sobre todo si nos han acostumbrado a ver el mundo como un panorama desalentador en el que sólo un gobierno amable y protector puede ser la balsa a la que asirse en medio del turbulento mar de la economía.
Los privilegios de los políticos
Y da igual el lado ideológico en el que se encuentre el gobierno que asuma el mando. A ninguno le interesa revertir los beneficios adquiridos. No habrá un grupo político que decida restringir sus privilegios para favorecer a la población. Ninguno se bajará los sueldos en favor de la maltrecha economía. Ninguno optará por rechazar sus teléfonos y tabletas que se les entregan independientemente de si ya disponen de equipamiento o incluso si no lo necesitan.
Los políticos no llegan al poder por méritos justificados de acuerdo al cargo que asumen. Es increíble la normalidad con la que aceptamos que un ministro de sanidad pase por ejemplo a la cartera de interior y poco después se haga cargo del ministerio de cultura o de defensa. Justifican sus cargos por su valía personal y por el apaño de verse rodeados de cientos de asesores y camaradas.
En una empresa privada los cargos suelen ser los necesarios y cualquier gerente trata de optimizar los altos sueldos de directivos para que sean rentables y consigan aumentar los beneficios. En una empresa se planifica desde la máxima de contratar a alguien siempre que su posición aumente la productividad por encima del coste contraído.
Si esta medida se tomara en los gobiernos, sólo los más capacitados serían los titulares de los cargos de responsabilidad, pero lo normal es que estos cargos los asuma la “gente de partido”; inútiles que han pasado la vida pegados a las faldas de las siglas que les alimentan y que su mayor aspiración es moverse en las arenas movedizas de la política, alagando a quienes conviene y listos para clavar el puñal en la espalda de quien suponga una traba en su ascenso.
¿De verdad esta gentuza inspira más confianza para llevar las riendas de un país? Por todo esto, siempre estaré más tranquilo si el dinero y el poder está en manos de empresarios que en manos de políticos.
