Parece mentira, pero de nuevo nos hemos encontrado con otras elecciones. Esta vez en Andalucía y entre la población se repite la confusa sensación de vivir un proceso democrático. Ese alabado sistema en el que las decisiones globales provienen de lo que elegimos los ciudadanos gracias al voto voluntario. Esa es la teoría y lo que se supone implica dicho proceso.
En este punto quisiera recordar una anécdota que sucedió con el excelso escritor Mario Vargas Llosa, también en Andalucía, concretamente en Sevilla, en una convención el 30 de septiembre de 2021. Allí soltó aquella descontextualizada y malentendida frase: “Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien”. Añadiendo después: “Los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”.
De inmediato, las redes se llenaron de insultos e improperios dando por entendido que lo que promulgaba era que sólo algunos votos son correctos. Y que quien no votase como a él le parecía, lo hacía de forma errónea. Realmente sólo trataba de explicar que la democracia no se agota en el acto de votar libremente. También importa la responsabilidad del votante y las consecuencias de elegir determinados proyectos políticos, refiriéndose especialmente a países de Hispanoamérica que, según él, habían elegido opciones que luego derivaron en populismo o autoritarismo. Acabó explicando lo sucedido desde su espacio de “Tribuna” en el diario El País. Pero las voces discordantes ya habían encendido la tea en busca de hoguera.
El buen voto y las promesas electorales
A su reflexión yo añadiría que un voto introducido en la urna por el simple motivo del color habitual al que se suele votar. O porque me cae bien uno de los candidatos que muestran los carteles, sin haber leído el programa ni entendido los valores que se representan. Tampoco me parece un “buen voto”. Pero parece que en los últimos años, la calidad y valor de cada voto se dirime en las redes sociales. O en las algarabías de los debates televisivos, adelantándoles en los resultados a aquellos que mejor sepan esquivar los ataques y más hábilmente repartan los “zascas”.
Las ideologías que fundaron los partidos ahora sólo son palabras confusas que se van reinterpretando de acuerdo a las coaliciones y acuerdos más convenientes. Los objetivos se van definiendo a cada paso, según requieren los estudios de marketing. Y para colmo de males, las promesas y líneas inquebrantables que lanzan en las insufladas arengas de sus mítines y que engalanan sus apariciones en programas de radio y televisión, se pierden por completo el mismo día en el que consiguen el poder y les toca manejar el timón durante el siguiente periodo. Programas electorales escritos sobre bloques de hielo, conscientes de la mala memoria del electorado.
Por ello, creo que deberíamos exigir a nuestros políticos un mínimo de coherencia representativa y al menos esforzarse en mantener sus promesas electorales.
¿Por qué no existe ninguna democracia en el mundo en la que si el gobierno no cumple siquiera un mínimo porcentaje de lo prometido en el programa electoral, se vean obligados a dimitir? Creo que ninguna cámara de representación votaría a favor de dicha medida. A pesar de todo, seguimos creyendo que elegimos a nuestros gobernantes, que decidimos sobre el modelo de gobierno que queremos. Y que tenemos en nuestras manos la voluntad de dar o quitar poder a quienes deban representarnos.
Hablamos de una supuesta libertad que ensalzamos como si fuera una medalla ganada a pulso y con orgullo de vencedor cuando, desde mi humilde opinión, vivimos un conjunto de estafas con reflejos de chatarra que hace mucho tiempo no brillan como deberían.
¿Qué elegimos realmente los ciudadanos?
La realidad es que sólo elegimos el color del collar con el que nos amarran a un sistema caduco y destinado al colapso. Desde mi forma de entender la sociedad occidental, con mi marcado sesgo hacia el libertarismo con un modelo monarquista. Por supuesto veo muchas cosas que deberían cambiar. En pocas palabras, el monarquismo es una corriente del pensamiento político liberal-libertario que defiende un Estado mínimo: un gobierno reducido a sus funciones más esenciales, cuya misión principal es proteger la libertad individual y la propiedad privada. Pero sin intervenir apenas en nada más.
Y claro, en un modelo así, lo primero que destaca es el exceso, la redundancia e incluso lo innecesario de muchos cargos que mantenemos. Si en el Congreso de los Diputados todos los representantes se deben a los criterios de su partido, podríamos reducir la asistencia a un sólo representante por cada partido que votase con el porcentaje de representación que le corresponde.
Cada año, sólo nuestros estimados 350 diputados tienen un coste groso modo de en torno a 30 millones de euros. Me da vértigo ponerme a calcular lo que sumarían todos los servicios y personal adjunto, pero ya me provocaría un desmayo si sumo las redundancias autonómicas y la pléyade de organismos gubernamentales que sólo sirven para dorarse la píldora entre sí.
Si asumimos el modelo actual, por favor, al menos forcemos a nuestros representantes a hacerlo de verdad. Los políticos deben dejar de lanzar promesas y ponerse a trabajar. No se les paga para que luzcan bien, ni siquiera para que tengan una buena presencia y se desenvuelvan en varios idiomas con fluidez. De nada sirven sus palabras si no se concretan en hechos. De nada valen las promesas si sólo son vaticinios y nunca se acercan a la realidad.
Los compromisos que se manejan en los procesos electorales están tan alejados de lo que luego plasman al llegar al poder que básicamente son un conjunto de mentiras flagrantes.
Dejemos de escuchar sus cantos de sirena y que se pongan a trabajar de una vez.
