Isabel Perelló, Presidente del CGPJ no pudo ser más contundente en su discurso de apertura del año judicial. “Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos“. El destinatario de sus palabras: Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno. Su Sanchidad se despachó a gusto en su entrevista/masaje en la televisión pública. “Hay jueces haciendo política” sentenció el puto amo. Suponemos que se refiere, claro, a aquellos que tienen imputado a su hermano, a su mujer, a su Fiscal General y a sus secretarios de organización. Y se quedó tan ancho. El reproche de Perelló no se hizo esperar: “Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional”.
Las palabras de Isabel Perelló están muy bien. Y teóricamente son incuestionables. El problema es que ni España es ya un Estado de derecho avanzado, ni aquí rige la separación de poderes. Más bien todo lo contrario. Aquí lo que rige es la concentración de poderes. Casi todos concentrados en El Uno, que ha hecho lo imposible por colonizar cuantas instituciones se le han puesto a tiro. Hasta el punto de tener que pasar por el bochorno de un Fiscal General del Estado procesado dirigiéndose a aquellos Jueces que tendrán que juzgarle y al mando de los Fiscales que tendrán que acusarle. Sin que pase nada. Totalmente delirante.
Perelló, Óscar López, las descalificaciones a la justicia y la doble vara de medir.
A finales del año pasado el Ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, acusó públicamente al Juez Peinado de cometer un delito de prevaricación. Acusación especialmente grave proviniendo de un Ministro del Gobierno, es decir, de un Poder del Estado. Establece el artículo 205 del Código Penal el delito de calumnias. “Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.” Y en relación a las autoridades públicas el artículo 215 del Código Penal lo coplementa. “Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos“.
Basta comparar el proceder de Fiscalía en el caso de la Jueza Ana Isabel Pérez Asenjo, instructora del Caso Kote Cabezudo, en comparación con el caso del Juez Peinado. Todo salta por los aires. Pérez Asenjo tuvo que ser apartada de la instrucción por la admisión a trámite contra ella de una querella por omitir su deber de perseguir los delitos de Kote Cabezudo. Y pese a ello la Fiscalía formuló acusación contra mí por alzar la voz contra ella. En cambio sin que el Juez Peinado tenga abierta ninguna causa penal, la Fiscalía mira hacia otro lado frente a las flagrantes calumnias de un Ministro.
Queda claro que no existe la Fiscalía General del Estado. Porque desde que llegó Sánchez es la Fiscalía General del Gobierno. Apela la Sra. Perelló a los Estados de Derecho avanzados. Pero España ya no lo es.
