Luz verde a la polémica Ley de Amnistía. Una Ley que borra los delitos que ha causado el proceso independentista de Cataluña, desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley con 177 votos a favor, 172 en contra y ninguna abstención. Se trata de una Ley que, negociada entre el PSOE, Esquerra y Junts, beneficiará a los líderes del procés. También a un centenar de encausados por el 1-O. Su aprobación se ha producido tras una sonora bronca entre los diputados de Vox y Sumar.
«La Ley más corrupta de la democracia»
El debate de la aprobación de esta nueva Ley, “la más corrupta de la democracia”, como ha indicado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha producido con una sonora ausencia. Sí, la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llegado en el preciso momento en que iba a producirse la votación. Un hecho que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha echado en cara a Sánchez en cuanto ha tenido ocasión.
En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, ha declarado ante los medios que la Ley de Amnistía ha logrado “normalizar” las relaciones entre el Gobierno central y el de Cataluña. Y mientras, Pere Aragonés, president en funciones de la Generalitat, ha pedido ya máxima celeridad en la aplicación de la amnistía. Ha aprovechado también para pedir también un referéndum, porque considera que esta nueva Ley de Amnistía “tiene que abrir una nueva etapa de negociación del conflicto político” y debe acabar “dando la palabra a la ciudadanía de Catalunya”.
Algo que también ha solicitado Oriol Junqueras, quien ha celebrado la aprobación de la Ley de Amnistía, pero considera que ésta debe ser únicamente “un punto y seguido” en todo el proceso independentista, porque se hace necesario un referéndum. Por su parte, comunidades como Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Baleares y Murcia, todas gobernadas por el PP, ya han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el TC.
Publicación en el BOE y materialización por el poder judicial
Desde Baleares también se posicionan en contra de esta nueva Ley, a la que definen como muestra de un claro “ataque contra la igualdad de los españoles y la separación de poderes”. Su presidenta Marga Prohens ha declarado que recurrirán “con todos los medios a nuestro alcance para plantarle cara y defender nuestra Constitución”. María Guardiola, presidenta de Extremadura, también ha indicado que “la amnistía es aplaudir la ruptura, la desigualdad y los privilegios”.
Por parte de los partidos independentistas, también ha habido posiciones encontradas. Aunque todos parecen celebrar la nueva Ley de Amnistía, la CUP ha acusado a Junts y ERC de intentar “pacificar el conflicto”. A través de la red social X, la CUP ha declarado que para ellos, esta Ley de Amnistía supone «el levantamiento del castigo que niega la posibilidad de abordar la autodeterminación con madurez”.
La nueva Ley de Amnistía, que deberá esperar unos 15 días hasta poder estar publicada en el BOE, da un plazo estimado de unos dos meses al Poder Judicial para poder verse materializada. Cuando entre en vigor esta Ley, unos 400 líderes independentistas y 73 policías quedarán amnistiados. Nombres como Carles Puigdemont, en la mente de muchos como principal beneficiado de esta Ley, verá abierta su puerta de regreso a España, enfrentándose ya únicamente a un delito de malversación por la causa del procés. Con esta causa, que el Tribunal Supremo considera agravada, Puigdemont se podría enfrentar hasta a 12 años de cárcel.
Esta nueva Ley, a la espera de que prosperen los recursos de inconstitucionalidad anunciados tras su aprobación, será también analizada por la Comisión Europea, que deberá determinar si, una vez finalice toda su tramitación la nueva norma cumple con los estándares europeos.
