Parece el título de una canción, pero en realidad es como se llama el informe que periódicamente realiza y publica la FUNDACIÓN HAY DERECHO que, entre otras cosas, se dedica a evidenciar y medir la perversión de nombrar cargos públicos a dedo. Para ello, elaboran este estudio sobre el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de entidades públicas. además valoran si su contratación obedece a los principios de mérito, capacidad y transparencia, o si son producto de otra cosa. Llegando a la conclusión de que, en España, nos enfrentamos a una corrupción estructural ya que estas malas prácticas contractuales no afectan a un solo partido político, sino que son propias de todos en general.
Un estudio sobre el nivel de politización y amiguismo
En el último estudio publicado, analizaron 43 entidades de dos CCAA gobernadas, al momento de esa investigación, por partidos diferentes: Madrid (PP) y Valencia (PSOE-IU Compromís). Obtienen un indicador de mérito y capacidad con una fórmula que pondera seis variables: la formación, la experiencia profesional, la experiencia en la materia, la experiencia de gestión, la permanencia en el puesto y la independencia de partidos políticos. A partir de ahí, los resultados –como era de esperar- son estupendos:
1.- Suspenso en transparencia. 9 de cada 10 incumplen al menos una de sus obligaciones legales de transparencia. El 77% de las entidades de la CCAA de Madrid no publica -o lo hace de manera incompleta- el CV de su máximo responsable y el 47% de las de Valencia no muestra salarios.
2.- Suspenso en mérito y capacidad. De los 101 CV analizados, 60 reciben una nota inferior a 5 sobre 10.
3.- Aprobado en amiguismo y favores políticos. Esos máximos responsables están expuestos a altos niveles de rotación vinculados, fundamentalmente, a los cambios de gobierno.
¡Lo público cada vez más privado de los partidos!
El estudio, además, destapa otra maniobra deplorable de los partidos. Y es que muchos de esos supuestos «directivos» van saltando de una entidad a otra, de un sector a otro, con el único aval de ser en realidad comisarios políticos puestos a dedo por el partido de turno. Asimismo, constatan que la transparencia sigue resultando muy incómoda en el sector público y solo 6 de esas 43 entidades, solo el 14%, cumple con todas las obligaciones legales. Así que podemos afirmar que el 86% incumple la normativa en materia de transparencia. ¡Lo público cada vez más privado de los partidos!
En números, 3 de las 43 entidades analizadas ni siquiera tienen una web propia donde alojar la información que las respectivas leyes autonómicas les exigen publicar; en Madrid, el 77% no facilitan el CV completo de su máximo responsable; en Valencia, otro 47% no publican su salario… Además, el 54% de las de Madrid y el 45% de las de Valencia tampoco publican información acerca del derecho de acceso a la información.
Finalmente, destacan los casos más sangrantes entre los que encontramos, por ejemplo, a un licenciado en geografía e historia junto a una empresaria sin experiencia gestionando el Aeropuerto de Castellón –ese que fuera uno de los mayores ejemplos de corrupción de la historia. También los cambios constantes de responsables inadecuados para promocionar, financiar y gestionar infraestructuras y patrimonio inmobiliario en Planifica Madrid o los expertos «en política» que llevan Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalidad Valenciana que acumula 1.700M€ de deuda y 1.130M€ en sobrecostes. ¡No es magia… son tus impuestos y tus votos!
La PPSOE se dedica a colocar a dedo y a candidatos sin formación
No resulta razonable -ni admisible democráticamente- que la PPSOE se dedique a colocar impunemente a esa pléyade de acólitos inútiles en el sector público a costa de todos los que pagamos impuestos. Y mucho menos que además lo haga sin que el candidato cuente con un mínimo de preparación y un mínimo de experiencia en el sector donde los designan a dedo.
Eso pasa de castaño oscuro. La FUNDACIÓN HAY DERECHO, a pesar de todo, considera que, cumpliendo con la transparencia exigida a todas las entidades públicas, con unos procesos de selección abiertos, competitivos y meritocráticos y con un régimen sancionador que responsabilice a la entidad y al máximo directivo del cumplimiento de todas las obligaciones legales, todo esto podría revertirse.
Sin embargo, yo niego la mayor y creo que la PPSOE ya ha entrado de lleno en la anomia en el sector público. Entiendo que esos fines solo podrían alcanzarse con una vuelta a un auténtico Estado de Derecho y eso no se conseguirá hasta que la PPSOE desaparezca negándoles nuestro voto masivamente y abriendo un nuevo periodo constituyente.
