Ahítos de tanto progreso, a la PPSOE le ha dado por involucionar. La prueba la encontramos en las dos noticias económicas de la semana: el Estado Español, a través de la SEPI, va a entrar en Telefónica comprando un 10% de su capital (invirtiendo 2.000M€) y, por otro lado, el PNV acaba de conseguir la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos. Detrás de ambas acciones no existe una razón económica o jurídico laboral que trate de mejorar, para el conjunto de los españoles, el funcionamiento de esos mercados, sino una razón política de control que solo beneficiará a la PPSOE y a sus mamporreros autonómicos.
El Gobierno anuncia que va a entrar en Telefónica
Telefónica, tras la Guerra Civil, fue nacionalizada (el Estado llegó a controlar casi el 80% de su capital) lo que siempre lastró a la empresa y al servicio de telecomunicaciones en España. Ese desastre llevó al Régimen a diluir progresivamente su participación con las OPV de acciones que se lanzaron en su momento y que le granjearon el sobrenombre de «Matildes» en el parqué, gracias al anuncio protagonizado por José Luis López Vázquez. Después, en los 90, primero Felipe y a continuación Aznar –la PPSOE- privatizaron la compañía junto con muchas otras empresas públicas.
Eso posibilitó su despegue en el mercado -gracias a la nueva gestión privada- pasando a competir y ganar cuota de mercado en España y en los mercados internacionales hasta convertirse en la gran multinacional que conocemos hoy, con ventajas tanto para los usuarios como para los accionistas. Sin embargo, ahora vemos el movimiento contrario con ese anuncio del gobierno que dejará un 14,9% del capital en manos públicas, si a la participación de la SEPI le sumamos el 4,9% que este verano adquirió STC (Saudí Telecom, controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí) que le ha servido a Pedro Sánchez de excusa para entrar también en la teleco. Todo esto, amigos, no presagia nada bueno.
La prevalencia de los convenios colectivos autonómicos
La otra jugada, la de la “prioridad aplicativa” de los convenios autonómicos, conseguida por el PNV a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez (junto con los ferrocarriles de cercanías, la homologación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de migrantes, etc…), significa una mayor atomización del mercado español, mayor desigualdad. Y sobre todo, una mayor intervención de los poderes públicos en las empresas a las que poco a poco les van marcando el paso unos políticos que, lógicamente, tienen sus propios intereses.
Por eso, el sindicato independiente USO –ya sabemos que CCOO, UGT y CEOE son apéndices de la PPSOE- denuncia que dicha prevalencia «rompe la unidad del mercado laboral, porque un trabajador de una misma empresa, según esté en el País Vasco o no, puede tener condiciones distintas«. Cómo será la medida, que ni fue anunciada por el Consejo de Ministros, ni el Ministerio de Trabajo comenta nada.
Los mercados deben ser regulados, pero no intervenidos. Los poderes públicos deben actuar como árbitros, pero no pueden intervenir como jugadores. Ya existe una normativa, tanto nacional como europea, para proteger empresas estratégicas de la potencial voracidad de potencias extranjeras. Esto es otra cosa. Esto es intervencionismo puro y duro que viene a complicar la libre empresa y la libre competencia en España, supuestamente garantizadas por el Derecho de la UE. Esto, además, se suma al 27,99% de la SEPI en INDRA. Una oscura pinza. Aunque no lo parezca, esto va directamente contra las libertades individuales.
Un Estado cada vez más grande y omnipresente
El Estado controlando las telecomunicaciones y el software que interviene en muchos procesos electorales. Un Estado cada vez más grande y omnipresente. ¿Da que pensar, a qué sí? Además, esto abre la puerta no a las puertas giratorias que ya están presentes entre el oligopolio político y el resto de oligopolios que sirven al Poder, sino al control de cualquier empresa y de cualquier mercado a través de las empresas grandes que en ellos operan con el resultado que podemos contemplar en Argentina, Cuba o Venezuela. Del intervencionismo al proteccionismo hay un paso y, de éste, a la nacionalización y a la ruina económica solo uno más.
A las provincias vascongadas y catalanas el proteccionismo les ha ido cojonudamente, pero al «Resto de España» no. Estamos dentro de una espiral involucionista donde el Estado opera sin contrapesos en las colonizadas instituciones y ahora van a por lo poco que queda del Mundo Libre. El «Cuento de la Criada» va a dejar de ser un cuento en España dentro de poco. Si no eres de los imperantes y su séquito, preocúpate.
