Siguiendo la oscura estela de Maduro que invocó, hace años, el concepto de «Lawfare» -juego sucio de los tribunales o judicialización de la política si lo prefieren- para salir al paso de cualquier cosa con anterioridad a lograr el control directo de todos los jueces y tribunales del país –como han hecho todos los tiranos de Hispanoamérica- el PSOE importa ese concepto en España con el mismo fin. El de exculpar a cualquier político que ellos señalen y, paralelamente, poder juzgar a cualquier juez que no responda a la llamada de los imperantes y su séquito.
La extensa Exposición de Motivos de la futura Ley de Amnistía, pactada por el PSOE con sus socios de la «Frankenstein 2.0« para investir presidente a Sánchez y continuar en el Poder, por supuesto que no hace referencia expresa al «Lawfare». Aunque está presente como han reconocido los «indepes» (el problema será su alcance que estimo largo, muy largo). Los Reglamentos de las Cámaras ya prevén las «Comisiones de Investigación Parlamentarias» pero la Ley de Amnistía va más allá para darle carta de naturaleza a las «Comisiones contra el Lawfare«.
La vía que disponen los jueces para depurar la futura Ley de Amnistía
El Parlamento de Cataluña ya apunta maneras –¡qué adelantados están en Cataluña, coño!- como podemos comprobar con la Comisión de Investigación del «Caso Pegasus«. En el fondo, investiga al magistrado Pablo Lucas que lleva la investigación judicial del mismo haciéndole requerimientos de información que no puede cumplir sin incurrir en un delito de revelación de secretos. Por ahí van los tiros.
La solución podríamos encontrarla tanto en el TC como en el TJUE. Sin embargo, el primero está tomado por las «ganaderías jurídicas» de la PPSOE que a día de hoy arrojan el siguiente conteo. Siete morlacos propiedad del PSOE y cuatro, propiedad del PP. ¡Qué bien sabe tener más ganado que el vecino! El PP pactó este sistemita con el PSOE hace muchos años, así que no creáis que sus quejas son a favor de la ciudadanía y de la separación de poderes, sino de su propio poder.
La solución, en consecuencia, tiene que venir del TJUE y del Derecho de la UE ya que el Poder Judicial Europeo está integrado por todos y cada uno de los jueces de sus Estados Miembros. Recientemente, el TJUE tuvo muy claro con Polonia que las garantías de independencia que el TFUE exige para el TJUE se tienen que predicar también de todos y cada uno de los jueces europeos.
Es cierto que no hay acción directa de los ciudadanos contra las decisiones del Gobierno o del Parlamento de un Estado Miembro, pero no es menos cierto que tanto la Comisión Europea -que dispone del recurso de incumplimiento- como cualquier juez de cualquier Estado Miembro, puede dirigirse al TJUE para preguntarle si la ley nacional en conflicto es compatible o no con el Derecho Comunitario. Esta será la vía para depurar la futura Ley de Amnistía.
No tenemos magistrados sino comisarios políticos
Más allá de que la futura Ley de Amnistía se autoproclame constitucional, más allá de que pretenda eliminar los efectos suspensivos de las cuestiones que se plantean ante el TC o ante el TJUE –cosa imposible si antes no se reforman sus leyes reguladoras- lo que ahora cuenta de verdad es que el juez español, a la hora de aplicar esa futura ley de amnistía, puede elevar una cuestión de compatibilidad con el Derecho de la UE mientras suspende el procedimiento hasta obtener respuesta. Con apoyo además en que el Derecho la UE tiene primacía sobre el Derecho Interno y en que la Jurisprudencia del TJUE es muy clara a la hora de permitir la inaplicación de las leyes nacionales que se estimen contrarias al Derecho Comunitario.
La cuestión de constitucionalidad ante el TC no tiene visos de prosperar porque en el mismo no tenemos magistrados sino comisarios políticos. Algo asqueroso sí, pero que ha sido patrocinado por la PPSOE -por sus dos facciones- y consentido por el Poder Judicial. Lo que sorprende ahora es la aceleración que ha tomado el tema.
En definitiva, que haciendo un llamamiento a la responsabilidad personal de todos los ciudadanos que ocupan cargos públicos de cualquier índole, ha llegado el momento de que los jueces españoles se mojen, al margen de manifiestos, entrevistas, cartas…, y planteen, en cuanto les sea posible, esas dos cuestiones ante el TC y ante el TJUE para suspender la aplicación en la práctica de esa futura Ley de Amnistía y de su «lawfare encubierto«. Vamos a ver si podemos decir como el molinero Hans Krüger en su pleito contra el Rey Federico II el Grande de Prusia “¡todavía quedan jueces en Berlín!”, ante el amparo de su pretensión contra el monarca. Nosotros vamos a ver si todavía quedan, de verdad, jueces en Madrid.
