Este pasado lunes, los 27 decidieron en Bruselas retrasar la aplicación de la llamada normativa Euro 7 que afecta a coches, furgonetas y camiones. El objetivo de la reunión fue tratar de suavizar las condiciones y la entrada en vigor de esta normativa. Esta afectaría no sólo a un grandísimo porcentaje de los vehículos que hay ahora mismo en circulación en toda Europa, sino a los de nueva fabricación. Con ello pretenden favorecer la transición de todos los ciudadanos de la Unión a los vehículos eléctricos.
La decisión tomada en el Consejo pasa por mantener los límites de emisiones, así como las condiciones de prueba para los vehículos ligeros. Además, para éstos se retrasa a 2027 su entrada en vigor. Se esperaba que fuera en 2025, y para 2029 en el caso de los vehículos pesados.
Desde la Comisión Europea se quiere limitar la cantidad de gases de metano CH4. Óxido de nitrógeno N2o, amoniaco NH3 en los vehículos que funcionen a combustión. Esta nueva regulación, establece nuevos límites para las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos que se venden en toda la UE. Desde su anuncio, países como Italia, Francia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria y Rumanía se han mostrado contrarios a su puesta en marcha. De hecho, solicitaron que se ampliasen las fechas de aplicación. También el sector del automóvil vio la normativa con claro recelo por las implicaciones que ésta pudiera tener al respecto de la fabricación y venta de nuevos vehículos.
España por su parte no se ha pronunciado al respecto ni cuando se anunció la nueva normativa, ni ahora que parece que se ha prolongado su entrada en vigor. Sin embargo a todas luces acoge con los brazos abiertos el anuncio del retraso de la puesta en vigor de la normativa.
¿Qué es la normativa Euro 7?
Se trata de una regulación europea que establece límites de las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos que se vendan en Europa. Establece los requisitos mínimos que han de cumplir los vehículos al respecto de su rendimiento, así como para la durabilidad de las baterías de los eléctricos. Imponiendo para todos ellos requisitos aún más estrictos que incidirían directamente sobre la vida útil de los vehículos.
Euro 7 es la evolución de las otras seis normativas que la preceden y que llevan poniéndose en marcha en Europa desde el año 1992. En el caso de la que ahora nos ocupa, se prevé la imposición de límites más estrictos en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas finas de los vehículos que funcionan por combustión. Con total claridad, su aplicación tendrá implicaciones importantes tanto en la industria del automóvil como en el medio ambiente.
Sin embargo, la normativa Euro 7 también es para muchos una normativa que torpedea las inversiones en el sector de la automoción. Con su aplicación, el precio de los vehículos aumentaría casi en 2.000€. Esto según indicaba recientemente el presidente de la patronal europea de fabricantes de vehículos, Luca de Meo. Ostenta el cargo de consejero delegado del Grupo Renault. Avisó de que con la introducción de la normativa Euro 7 ellos podrían llegar a tener que cerrar, probablemente, hasta cuatro fábricas en Europa. En el caso de nuestro país, más de la mitad de los vehículos funcionan a Diésel.
Además cerca también del 50% tienen más de 10 años. La renovación de nuestro parque automovilístico probablemente se retrase o por lo menos no se produzca en el plazo que desde la Comisión o el Parlamento Europeo pudieran tener planificado. Es decir, el ciudadano de a pie ahora mismo quizá no se plantee cambiar su vehículo diésel o gasolina por uno eléctrico porque va a ser menos contaminante. El desembolso que le supone esto es importante y panorama futuro al respecto nada clarificador.
La Comisión Europea, por su parte, se propuso prohibir la comercialización de vehículos de combustión en 2035. Sin embargo el horizonte aún es lejano. Al menos en lo que respecta a la aplicación de normativas que, poco a poco, vayan dilapidando la construcción, la venta y el uso de vehículos a combustión.
Desde la patronal ya avisaron que la propia normativa Euro 7 debería buscar un equilibrio entre la mejora de la calidad del aire (o la intención de que así sea) y el impacto económico que acarrearía su aplicación. Es decir, el binomio salud ambiental – economía, se encuentra otra vez sobre la mesa. Lo que da lugar a un debate que seguramente aún no ha esbozado el punto y final.
