El reparto como un botín entre los partidos políticos de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tiene sus consecuencias. Lo tenemos escrito aquí en esta casa. Muy graves. El pasado 26 de octubre hemos tenido una. Gravísima. Pensábamos que debíamos celebrar que el TC tumbara el Impuesto de Plusvalía Municipal en miles de casos ilegalmente a gente que ha tenido una minusvalía en la venta pero no ha habido posibilidad de fiesta alguna. Salió la nota de prensa y se disparó la alegría pero enseguida nos enteramos de que solo podrá reclamarse el pago indebido si existe un proceso judicial o administrativo en curso.
Eso y que las reclamaciones han de fecharse antes del dichoso 26 de octubre y nunca después, aunque el propio Tribunal admite desde siempre que las resoluciones lo son cuando se publican en el BOE. Milagro que todavía no ha ocurrido. Aquí no hay quien se aclare. O quizá sí. El despropósito sería precioso si no fuera indignante. El TC declara nulo un impuesto y presentas un calendario sin días para alejar el amparo de esa nulidad. Sentencia el TC que los Ayuntamientos están cobrando abusivamente y a la vez incluye instrucciones en la misma sentencia para imponer quién podrá defenderse de ese abuso y quien no. Así que la sentencia se ha celebrado en los Ayuntamientos que van a seguir disfrutando indebidamente ese dineral. O sea, que el TC ampara la financiación ilegal que perpetran nuestros municipios desde hace años.
Se de que tributo hablamos. Hace seis años vendí una casa en Madrid. La vendí por necesidad, un 30% más barata de lo que la compré y el Ayuntamiento me calzó 20.000 euros de impuesto de plusvalía. Para poder reclamar tuve que pagar, claro. Terminé recurriendo a la vía judicial y cinco años después de comenzar el litigio logré que me devolvieran mi dinero pero durante cinco años me lo birlaron para juguetear con él en el municipio.
Los ciudadanos sabemos ya porque nos lo dice el TC, que nos han venido birlando por la cara. Y ahora el TC avala el birle y no permite reclamar excepto que tengas ya los recursos en marcha. Y como ha escrito mi amigazo Ángel Antonio Herrera: “nos han engañado dos veces, en fin. Una, al pedirnos un impuesto municipal de trinque. Y dos, al declarar inconstitucional ese cobro pero vetando deprisa la normativa del papeleo de la justa reclamación bajo esa causa. Con la razón cabreada nos vamos a quedar sospecho, aunque nunca debiera ser así. La sentencia insólita del Constitucional dice que sí pero mejor no. La fecha del día 26, donde está el birlibirloque, fue un alegrón pero un alegrón de amargura. Somos la infinita plusvalía. Seguiremos pagando, ya ellos sabrán porqué”.
Una plusvalía ilegal y avalada por el TC
Insisto, lo que ha venido a hacer el Constitucional, sus magistrados colocados allí por siervos obedientes, es amparar la financiación ilegal de los Ayuntamientos, que van a seguir disfrutando del estacazo. Y mucho personal no recurrirá, porque no sabe cómo hacerlo, porque cuesta dinero recurrir a los tribunales y porque incluso una vez que ganas hasta que el Ayuntamiento te paga, pasa mucho tiempo. Juegan con que el personal no recurra porque el personal está hasta los huevos de recursos y recursos que terminan muchas veces en nada porque, además, aunque ya hubiera sentencias del Supremo declarando ilegal este impuesto de trinque, se seguía cobrando. Y ahora lo harán con más alegría.
Una vez se lo dije en un almuerzo al alcalde Martínez Almeida y me respondió: “tienes razón pero el problema que tenemos es que no hay dinero en el Ayuntamiento para pagar todo lo que se debe devolver. Ese problema es una deuda de Carmena”. Y le pregunté a Carmena, sí, Manuela, y me dijo: “se ha acumulado mucho, es verdad, pero es un impuesto legal”. Toma ya Carmena.
El impuesto, tal cual lo vienen aplicando era legal, pero a la vez un robo y sin sentido. No hay que ser fiscalista para saber y entender que, si has vendido por menos dinero de lo que pagaste en su día por el piso o la casa, no existe plusvalía, sino minusvalía. Y cobrar en ese caso plusvalía es un robo. Robo, según la Real Academia, es :“quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro”. O sea que sí, que los Ayuntamientos nos vienen robando, así en masa, y ahora el Constitucional les avala. Los magistrados designados, colocados, instalados en su sillón por los mismos partidos que gobiernan los Ayuntamientos. O sea, lo que viene siendo una banda organizada para el trinque.
Estuvieron la Filesa y otras del PSOE, la Gurtel y otras del PP, la del 10% y otras de los nacionalistas catalanes, y todo lo demás, pero aquí sigue esta corrupción avalada por el Constitucional y ahí siguen estos ropones con puñetas y birrete, sin inmutarse, tan contentos de haberse conocido. Y el personal seguirá pagando este tributo o seguirá esperando a que se lo devuelvan si aún no ha iniciado los trámites desesperantes.
