Ya lo decía Otto von Bismarck, «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido.» Un dicho tan contundente como ambiguo, totalmente voluble a la situación que queramos mencionar. ¿Quién destruye España? ¿Sus representantes o los ciudadanos? ¿Somos los ciudadanos responsables de nuestros propios representantes y por ende, de nuestro país? ¿Quién gobierna a quienes nos gobiernan?
En estos momentos, anunciar que España se encuentra en un momento delicado, sería utilizar una definición precaria. Con apenas dos meses para finalizar el año, tanto las Redes Sociales como las calles del país parecen estar incendiadas: son varios los asuntos que nos empujan a considerar que la situación es tan crítica que un paso en falso podría condenarnos a un nuevo capítulo en la historia de la Sociedad, arrastrando no sólo nuestros restantes años de vida, sino el día a día de las nuevas generaciones. “Es el momento de estar a la altura, de que todos los políticos y partidos estemos a la altura y no les quepa duda a los españoles y a los catalanes de que los socialistas estaremos a la altura” dijo Pedro Sánchez en su intervención del 1 de octubre de 2017 ante la situación en Cataluña.
Que nuestros políticos (independientemente de su ideología) sean o no marionetas de las altas esferas es algo que dejamos a la opinión de nuestros lectores; en It-Magazine ya explicamos que, de entrada, la democracia en España dejaba mucho que desear: prueba de esto fueron los últimos acontecimientos narrados en el post: «Nuestra democracia: ¿bloqueada o simple falacia?»
Con un primer vistazo, vemos que mientras los medios de comunicación convencionales se hacen eco de asuntos tan banales como pueriles (como que en EEUU ha nacido un perro verde), en la Internet profunda se masca y aviva la tensión en Cataluña: discusiones entre usuarios, difusión de artículos dispares entre sí e imágenes y vídeos explícitos sin una fuente contrastada, viralizados más por lo provocador del asunto que por su veracidad. Pese a la batalla campal (tanto metafórica como literal) en la que nos encontramos, aún podemos encontrar documentación fiable y datos objetivos y libres, y lo más importante: información sobre otros asuntos relacionados con España, pero que parecen haber quedado bajo una cortina de humo.
La casta política va a tener que esforzarse estos días para volver a ganarse la confianza de sus votantes (si es que es posible que pueda recuperarse en unas pocas semanas). Por otro lado, lo que sí ha envuelto a los ciudadanos en una latente e inamovible alerta roja, es la situación económica y el paso de los días que nos acercan a fechas clave (las cuales demostrarán si se ha cumplido con los objetivos establecidos para el país).
La España imparable: políticamente destrozada y en números rojos
Las esperanzadoras palabras como las de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (“la economía de España es robusta y está aguantando mejor los datos de enfriamiento”) chocan con la realidad verbalizada de economistas como Santiago Niño Becerra, quien ya vaticinaba en 2015 que “El 99,9% de la población tiene que hacerse a la idea de que va a vivir peor”.
La creciente falta de recursos y de estabilidad ha promovido con más ímpetu la necesidad de buscar alternativas para detener el apocalipsis económico que parece gestarse: una iniciativa perfecta para el debate es el decrecimiento, teoría que nació en la década de los 70 de la mano de Georgescu-Roegen, matemático y economista que sentó sus bases: “a día de hoy, el crecimiento sólo es rentable si su peso y precio recaen sobre la naturaleza, las generaciones futuras, las condiciones de trabajo de los asalariados”, estrechamente ligada con el medio ambiente y el daño que las empresas y grandes corporaciones hacen al planeta.
Y Santiago Niño Becerra no se ha equivocado. Lo que creíamos que iba a ser “apretarse el cinturón en fechas especiales”, se ha convertido en un estado de emergencia que ha saltado las fronteras con Europa. Sin ir más lejos, Bruselas ha llamado la atención al Gobierno, instándole más detalles del Presupuesto remitido la semana pasada. Las exigencias se escudan en que el documento mencionado no incluye medidas para lograr los ingresos adicionales, entre otros puntos de carácter apremiante.
En concreto, la Comisión Europea (que había pedido a España un ajuste para el año que viene de unos 7.800 millones de euros) busca aclaraciones sobre las medidas que incluye el Gobierno para reducir el agujero estructural del 3,2% de su PIB (más de 38.000 millones de euros).
O, mejor dicho, la carencia de éstas. El Plan Presupuestario 2020 remitido a las autoridades comunitarias no incluye ninguna de las medidas previstas para lograr ingresos tributarios adicionales ya previstas en el documento que anteriormente se había enviado a Bruselas, lo cual engloba: la falta (o inexistencia) de objetivos tales como poner una tasa mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, aumentar el IRPF a las clases altas, equiparar la fiscalidad del diésel con la gasolina o poner en marcha las tasas Tobin y Google, un conjunto de iniciativas con las que el Gobierno espera lograr más de 5.600 millones de euros.
Asimismo, los serios desvíos de su senda de ajuste también son dignos de mención, como parte del ejercicio de coordinación presupuestaria y de medidas económicas de la región. También se han señalado a otros países de la eurozona; aunque las mismas fuentes no quisieron detallar cuáles fueron, sí confirmaron que Italia será uno de ellos (sin embargo, el caso español es diferente al italiano dado a que contamos con un Gobierno en funciones igual que Bélgica y Portugal, países a los que se les exigirá que actualicen sus presupuestos una vez tengan un nuevo Gobierno instalado). Por ende, el tono de esa misiva, invita –más que sugerir- al Gobierno elegido el 10 de noviembre a que cumpla con la senda de ajuste marcada por Bruselas, que exhorta más ingresos o menos gastos, y un presupuesto «actualizado» cuando sea posible.
Por su parte, Pedro Sánchez rompió otra promesa electoral. No ha incluido en su Plan Presupuestario la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.000 euros en 2020. El Gobierno parece haber cambiado de planes y, lo que manifestaba en abril de este año lo ha decidido aplazar, defendiendo que “aún hay tiempo hasta que se celebre el último Consejo de Ministros del año, en el que el Ejecutivo podía aprobar una subida del salario mínimo para 2020 vía real decreto”.
Curiosamente, este cambio de discurso no ha sido anunciado públicamente, sino que el Ejecutivo ha intentado diluirlo con una ligera modificación. Al fin y al cabo, Sánchez sigue afirmando que subirá el SMI. Eso sí, no aclara que la subida no se producirá en estos momentos: “Les anuncio que desde este mismo mes de diciembre, actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real (…) En segundo lugar, vamos a incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y lo queremos hacer de la mano de los agentes sociales. «Nuestro gran objetivo sería y es que al final de esta legislatura alcancemos el 60% del salario medio que es lo que marca la Carta Social Europea”, prometía la semana pasada.
Crisis social desde agosto: deuda de 50 millones en créditos de Seguridad Social
De igual forma, la paulatina emergencia económica que nos acecha día a día también está estrechamente enlazada con una crisis social. La cual ha batido récord: los créditos a la Seguridad Social superó en agosto la deuda a 50 millones (en concreto, 49.944 millones según los últimos datos publicados ayer por el Banco de España). Esto nos señala que el Gobierno de Sánchez no solo no ha reducido la deuda, sino que la habría aumentado. Los datos así lo evidencian, aunque desde el Ministerio de Economía se concentran en remarcar que, si se observa en términos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), sí se ha registrado una reducción.
Las pensiones de nuestros mayores tampoco han recibido unos resultados muy halagüeños. El 4 de abril de este año, el Parlamento Europeo aprobó la puesta en marcha del megafondo de pensiones privado.
Sumado a esto, el Índice Mundial de Pensiones calificó a España este año con una C en una escala donde A es el mejor resultado posible y E representa la peor de las opciones, dejándonos en niveles similares a los de diferentes países hispanoamericanos como Brasil, Colombia o Perú. El documento analítico señala que España mantiene una gran transparencia en su sistema (argumentando que existe suficiente información disponible para evaluarlo. Y, en esta categoría, España recibe una nota de 69’1 puntos sobre 100, casi a la par con el promedio global del 71’7), y pensiones más que generosas (nos atribuyen una nota de 68’7 sobre 100 y superamos la media global de 61’1 puntos). Esto nos lleva a reconsiderar que el problema es la insostenibilidad del sistema en sí (en esta categoría, el estudio de Mercer nos asigna un triste resultado de 26’9 puntos sobre 100).
El estudio realizado específicamente en nuestro país recalcó la necesidad de “reformar el mercado de trabajo”. La imperiosa necesidad de “subir la edad de retiro” (para así reflejar la mayor esperanza de vida, aunque esto eclipsa con el famoso comunicado que realizó Christine Lagarde -la directora gerente del FMI- en el cual remarcó que “los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo, ¡y ya!”, lo que dio paso al aumento de la edad de jubilación, así como bajar las pensiones, el recorte de derechos sociales básicos y otras cosas que podemos ver en esta nota de prensa) así como la importancia de “crear mejores sistemas de ahorro privado y la persistencia de un problema de ahorros líquidos” (que se matiza, en parte y en teoría, con la posibilidad de echar mano a la riqueza inmobiliaria de los hogares).
Este 10 de noviembre, España no sólo va a quedar a la deriva del gobernante elegido, sino que los españoles asistirán a un día que marcará un antes y un después de su situación. Si bien, como decíamos antes, la situación política ha roto la confianza y lealtad de los ciudadanos, PSOE, Podemos y Más País han sido señalados como los partidos más peligrosos dado a lo sacrificado de sus programas, los cuales incluyen una larga e intensa lista de incrementos fiscales a familias y empresas: podríamos decir que “los españoles se juegan el 10-N la mayor subida de impuestos de la historia”.
Sea como fuere, se entiende que no importan los representantes que tengamos. Parece haber unos objetivos inevitables, plasmados en una excéntrica Agenda sólidamente encabezada por firmantes de alto rango.
