Este relato de hechos en lenguaje común lo que dibuja es a una Administración pública convertida en secuestradora de una menor. Así de claro. Una menor que ha sido sustraída a sus padres por una resolución administrativa y otra judicial y que, estando recluida en un centro de menores, se le retira la documentación. Es agredida sexualmente y abandonada por ese centro. Se la impide comunicarse con su abogado. Es una menor en manos de una mafia de secuestradores de menores.
La Administración convertida en secuestradora de menores
Lo que hoy contamos en It Magazine es un drama que no puede pasarse por alto. Ya contamos con el silencio de los medios importantes. Pero la Administración, el Gobierno, la Fiscalía, los diputados no pueden permanecer quietos mientras en España hay niños secuestrados por la Administración y abandonados.
El Congreso ya escuchó, en una extensa comparecencia antes de aprobar la famosa Ley Rhodes (el pianista amigo de Pedro Sánchez), como Mario Díez reclamaba que la ley recogiera la obligación de que cualquier menor que sea sustraído a sus padres acceda en un máximo de 72 horas a la revisión judidicial y pueda designar a un abogado que defienda sus derechos y sus intereses. Frente a la Justicia, a un agresor o a la Administración. Los diputados presentes ni le miraban. Estaban atentos a las anotaciones de sus cuadernos, que serían sobre cualquier tema menor. Y la Ley Rhodes, de la que tanto han presumido en el Congreso se aprobó sin esas dos medidas básicas.
Insisto, estamos ante una Administración convertida en un cartel de secuestradores de menores. Sustrae a los menores de sus familias y les encierra. Les quita la documentación y no les deja designar a un abogado. Tal cual hacen las mafias que trafican con seres humanos. Encerrados, indocumentados, sin poder llamar a un abogado. En manos de sus secuestradores.
Un sistema corrupto, mafioso que destroza infancias
Y en este caso, cuando la menor consigue fugarse de sus secuestradores y designa ante notario a un abogado, vuelven a llevarse a la niña e impiden la comunicación entre abogado y cliente. La responsable del centro de menores, Lidia Antuña, la Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias, Marta del Arco, y el presidente asturiano, Adrián Barbón, informados de la situación, de la manifiesta ilegalidad, no han hecho nada y la niña sigue «secuestrada».
Estos centros de menores de la Administración se han convertido en la sede de la desolación, en un infierno. Y, el infierno es el infierno le llames como le llames. Aunque esos centros tengan rango de edificio oficial son peores que los burdeles de carretera. Creo que muchos de ustedes, como yo, hemos pensado que de mayores queremos ser niños. Visto lo visto, lo que jamás querríamos ser es ese niño encerrado en un centro tutelado por la Administración española. Recuerden lo sucedido en Baleares, siendo presidente la actual presidenta del Congreso Francina Armengol.
Niñas tuteladas prostituidas. Ahora Asturias. Esto no es casualidad. Esto es un sistema corrupto, mafioso, que destroza infancias y encima presume de labor social. Para los niños encerrados en estos centros de menores los días son noches y las noches son visiones oscuras que de nuevo te llevan al día.
