Alrededor de 15.000 repartidores que hasta ahora trabajaban para Glovo como “falsos autónomos” serán asalariados. Es una medida que la empresa pone en marcha para cumplir con la llamada Ley Rider, aprobada en 2021 y que afecta aproximadamente al 80% de todos los repartidores que trabajan para esta plataforma. La presión judicial y política sobre Glovo ha podido finalmente y ha decidido cambiar su modelo de negocio.
Abrirá, no obstante, una mesa de diálogo con los agentes sociales para poder realizar este cambio de manera controlada, guiada y consensuada. Aunque no ha concretado cuándo tendrá lugar la mencionada mesa. Tampoco cuándo comenzará a ponerse en marcha este cambio que, por lo pronto, se aplicará en todas las ciudades españolas en las que tiene presencia Glovo, más de 900.
El cambio de modelo de Glovo supone un gran impacto fiscal
Casualidad o no, lo cierto es que el anuncio de Glovo se produce unos días antes de que su fundador, Óscar Pierre acuda a declarar a los juzgados de instrucción de Barcelona, ya que figura como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía hizo caer sobre Pierre una denuncia en la que se indicaba que la compañía suprimía los derechos de sus trabajadores al contratar lo que se conoce como “falsos autónomos”. Es decir, una práctica que obliga al trabajador a darse de alta como autónomo, pero teniendo que pagarse sus propias cotizaciones sociales si desean seguir prestando sus servicios para la empresa.
En un comunicado de la empresa Delivery Hero, propietaria de Glovo, la compañía ha indicado que el cambio de modelo responde a su deseo por “evitar más incertidumbres legales que deriven en un aumento de contingencias”. Por ello, cambiará “de un modelo autónomo a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España”. Y se espera que este cambio tenga un “impacto de aproximadamente 100 millones de euros en el Ebitda ajustado para el año fiscal 2025”.
La titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su conformidad con la decisión adoptada por Glovo y se ha pronunciado al respecto afirmando que “las normas que hacemos y para quién gobernamos, importa”, además de que “lo hemos conseguido. Ninguna gran empresa puede imponerse a la democracia”, ha afirmado.
De falsos autónomos a asalariados
Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en España hay más de 200.000 falsos autónomos o autónomos fantasma. Se trata de trabajadores que están dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero cuyas funciones laborales son las mismas que realiza un empleado por cuenta ajena. Están “atados” a su empleador, que es quien realmente decide el tiempo que deben trabajar y las condiciones laborales del trabajo. Y a la vez tampoco gozan de la ”libertad” que se les presume a los emprendedores.
Cuentan con menor protección social en caso de incapacidad temporal, despido y jubilación. La práctica de contratar falsos autónomos no es algo que únicamente haga Glovo. Según últimas cifras, Trabajo regularizó más de 30.000 falsos autónomos en 2023. Y es, según organizaciones como UATAE, “una de las mayores lacras laborales que vivimos en nuestro país”.
Pese a la sentencia del Supremo, Glovo mantuvo estas condiciones para sus repartidores, lo que le granjeó muchas críticas, decenas de millones de sanciones además de más de 140 inspecciones de Trabajo. Ahora su fundador deberá responder ante las autoridades mientras más de 60.000 repartidores esperan con ánimo el cambio de operativa. La compañía, por su parte, deberá abonar también, de forma provisional o bien aportar avales bancarios los importes que se le reclaman, que según varios medios, se irán devengando progresivamente a lo largo de los próximos años. Algo que no parece afectarles en cuanto a posicionamiento ni en la percepción que el consumidor tiene de ella.
