«Lawfare» es, junto a amnistía, uno de los términos más repetidos en las últimas semanas. Ambos, relacionados con el pacto cerrado entre el PSOE y los partidos independentistas para acordar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Aunque también con la politización que se «sugiere» existe en el poder judicial. Palabras mayores, cuando en realidad lo que siempre se ha defendido ha sido la separación de poderes. Uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho.
Apareció como un término sin más en el acuerdo que firmó el PSOE con Junts en el marco de la llamada Ley de amnistía. Sí, para hacer referencia a la manipulación de la justicia española para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas con el objetivo de influir en la opinión pública. El «lawfare» al que se hace referencia en el mencionado acuerdo pone en duda la independencia judicial en España. Y, según los partidos independentistas, sujetos como Laura Borrás o Gonzalo Boye serían una de tantas víctimas de la judicialización de la política que tenemos a día de hoy en nuestro país. Víctimas del «procés» y no encausados, como también tendría esta consideración otros como Oriol Junqueras.
¿Existe realmente «lawfare» en España?
Este término, extraído del mundo anglosajón, viene a referirse a la utilización del sistema judicial de un país con meros fines partidistas. Como partidista es su empleo en cualquier declaración pública. Ahora que la confrontación se ha convertido en casi una rutina diaria para nuestros políticos. Como las expresadas por Pedro Sánchez en una reciente entrevista en la cadena SER. Expone que en España se está dando un claro caso de «lawfare» ya que el PP está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y es que el CGPJ cumplirá el próximo lunes nada menos que cinco años con su mandato caducado. Un hecho insólito, pues se está duplicando prácticamente el plazo que suelen tener los miembros de este órgano para su renovación. Expresó que más que un problema de separación de poderes, en España “hay un problema de que el principal partido de la oposición tiene rehén, preso y capturado al Poder Judicial”.
Unas declaraciones que fueron reforzadas por Félix Bolaños. Ministro de la Presidencia y Justicia, quien, en Bruselas, afirmó que era “un día triste para la democracia española”. Se refería con ello a que “se consuman cinco años de bloqueo del Partido Popular del gobierno de los jueces y, por tanto, cinco años de incumplimiento de la Constitución”. “Hay una acepción de lawfare que es la politización de la justicia. Y no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial”, recalcó.
Ahora que se habla de «lawfare» surge la duda de si es una práctica que ha existido siempre en nuestro país o estos últimos días su expresión es fruto de una moda. Abogados, expertos en política afirman que la manipulación de los jueces, aunque no se reconozca, ha existido siempre. Algo que, tal cual, expresó el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en declaraciones a medios de comunicación.
Puente afirmó que «lawfare» ha existido siempre. “Esto es como las meigas, uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas”. Tal vez la buena política, la política calmada o una legislatura como la que se merecen los ciudadanos, sea también como las meigas, haberla hayla. Sólo que aún no la conocemos y vista la deriva que está tomando todo, tampoco se espera que la veamos a corto o medio plazo. Será cuestión de fe. O no.
