En este contexto político actual, el gobierno ha reafirmado su postura sobre la ley de Amnistía, declarando que su contenido es claro y que corresponde a los jueces aplicarla conforme a derecho. Esta ley ha generado un intenso debate tanto en los círculos políticos como en la sociedad en general, destacando la importancia de la interpretación jurídica y el papel de los tribunales en la implementación de la normativa.
El Gobierno defiende haber hecho el trabajo que le corresponde al aprobar la ley de amnistía y que ahora son los jueces los que se tienen que encargar de su aplicación. Eso sí, el Ejecutivo cree que los tribunales deben aplicarla «en los términos en los que está redactada«. Una redacción un tanto ambigüa y nada clara. Esta falta de claridad puede dar lugar a que individuos responsables de delitos graves, incluyendo corrupción y violencia, sean liberados sin enfrentar un juicio adecuado. La vaguedad en la redacción de la ley socava su efectividad y la confianza del público en el sistema judicial.
Una ley a cambio de poder
El texto recoge que “quedan amnistiados” de “responsabilidad penal, administrativa o contable” los actos “que se hubieren realizado entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023” y que tuvieran como objetivo “reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña”. “En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funcionales públicas o malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar”, agrega el escrito.
Traducido a palabras coloquiales, esta ley de amnistía es una ley a cambio de poder. Claro, Puigdemont necesitaba la amnistía para volver a España. El PSOE se lo pone en bandeja. Como perdieron las elecciones en julio de 2023, la única forma que tiene para seguir en el poder, que es lo que al señor Sánchez le gusta, es pactar con Puigdemont. Y los de Puigdemont querían algo a cambio: ser amnistiados y volver a España sin responsabilidades políticas ni penales.
¿La justicia es igual para todos?
El artículo 14 de la Constitución Española declara que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿De verdad todos los españoles somos iguales ante la ley?
Si se aplica esta ley de amnistía, evidentemente no. Esta ley solo está escrita para unos pocos, como Puigdemont. ¿Y el resto de personas anónimas que han realizado los mismos delitos? La ley, en su forma actual, no garantiza un mecanismo transparente y equitativo para determinar quiénes son los beneficiarios de la amnistía. Esto deja espacio para que el Gobierno pueda favorecer a ciertos grupos o individuos alineados con sus intereses políticos, mientras deja fuera a otros. Tal favoritismo erosiona la credibilidad de la ley y refuerza la percepción de que el sistema legal puede ser manipulado para servir a intereses particulares.
Desde mi punto de vista, tampoco aparece claro que el derecho a la tutela judicial efectiva que aparece recogido en el artículo 24 de la Constitución Española sea respetado, ya que elimina el derecho a una sentencia condenatoria, por ejemplo a quienes hubieran presentado demandas contra los agentes de la ley que hubieran cometido un delito de lesiones.
¿Qué papel juegan los jueces al aplicar esta ley?
El Gobierno también insiste que deben aplicarla «en los términos en los que está redactada». Con estas afirmaciones se pretende por parte del Gobierno monopolizar el Poder Judicial, que los jueces pretendan borrar actuaciones que ha ya han sido procesadas y donde ya han sido condenados por otros jueces compañeros a los líderes del ‘procés’. ¿Cómo puede el Gobierno actuar con esta falta de escrúpulos?
Es que no olvidemos que se ataca a un principio fundamental del derecho: la independencia judicial. Es decir, el señor Sánchez pretende que actuén cuando políticamente a ellos les conviene. Una falta de respeto a este principio y al resto de los españoles. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que el presidente del Gobierno está creando unas leyes a su medida, sin atender a los principios rectores del Derecho. Una barbaridad en tiempos de democracia e igualdad ante la ley.
