Aquí lo hemos tenido muy claro desde el principio. Sabíamos que la intención de fondo del nuevo Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual creado por el 39 LGCA (Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual) era embridar a los influencers y youtubers que se habían colocado fuera del sistema de radio y televisión del régimen de la PPSOE y que venían amenazando, desde hace tiempo, ese discurso único con el que moldean a la opinión pública a través de los grandes medios de comunicación y de su equipo de opinión sincronizada.
Objetivo de la PPSOE: eliminar la auténtica libertad de prensa
Ahora, todos los streamers que resulten notorios por sus seguidores tendrán obligatoriamente que registrarse bajo el pretexto de homologarles al resto de los actores audiovisuales, aunque el fin último perseguido sea controlar sus contenidos a golpe de multa y SLAPP. Se trata, a la postre, de eliminar la auténtica libertad de prensa y sustituirla por un nuevo NODO producido en Moncloa y distribuido en los medios afines. Intención que tenían presente mucho antes de la reflexión de Sánchez y su discursito sobre el fango.
El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá –ese que al frente de la AIREF defendía una cosa y cuando entró en el gobierno directamente la contraria-, presentó por fin el Real Decreto que los define y sujeta a registro si cumplen estos tres requisitos:
1.- Generar ingresos iguales o superiores a 300.000€/año derivados del conjunto de su actividad audiovisual.
2.- Contar con más de 1M de seguidores en una única plataforma o más de 2M entre todas aquellas en las que esté presente.
3.- Publicar o compartir 24 o más vídeos al año. Lo que no queda claro es si tendrán que registrarse otros usuarios –famosos, deportistas, etc…- que, sin ser catalogados de «creadores de contenido«, puedan llegar a cumplir con dichos requisitos.
Aquellos que los cumplan, tendrán dos meses para inscribirse y estarán obligados a identificar y etiquetar de forma expresa tanto el contenido publicitario como la edad a la que van dirigidos dichos contenidos. Asimismo, no podrán hacer publicidad de tabaco, alcohol o medicamentos, ni tampoco anuncios que puedan generar un perjuicio psicológico o físico a los menores y someterse a un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito, esto es, con el Ministerio para la Transformación Digital y con la CNMC. La persecución no se ha hecho esperar y la CNMC ha derivado a ‘Autocontrol’, el pasado febrero y por primera vez en la historia, siete denuncias, siete, contra las publicaciones de distintos influencers como Marta de Lola, Rocío Camacho o JavixBuyer.
Censores gubernamentales y prácticas totalitarias
Los censores gubernamentales no están solos y cuentan con fervorosos seguidores como la AUC (Asociación de Usuarios de la Comunicación) y la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales) que aplauden estas prácticas totalitarias y consideran que el régimen sancionador preparado para combatir la disidencia de esos «usuarios de especial relevancia» (con multas que van desde los 10.000€ a los 750.000€, en función de la infracción y del volumen de facturación del supuesto autor) es demasiado amable. Sin duda piensan que como las cunetas no hay nada.
Este es el panorama que tenemos. Mientras el gobierno y la oposición, esto es, la PPSOE y sus satélites, no paran de mentirnos en todo absolutamente y convocan ruedas de prensa sin preguntas para cambiar de opinión sin motivación o autocrítica de ningún tipo –y los medios acuden y les creen y nos transmiten la buena nueva- resulta que los culpables del fango existente son aquellos que llaman la atención sobre este tipo de conductas -impropias en una democracia- o que se cuestionan la representación y la autoridad de los comisarios políticos.
El fango se cura con responsabilidad, empero la PPSOE odia la responsabilidad porque viene del franquismo donde podían hacer lo que querían sin tener que encomendarse luego a nadie. Estamos enfangados, pero lo estamos por los gobiernos de la PPSOE. Que no te engañen.