“Basta de hijos arrancados por el maltrato institucional” es lo que rezaba la pancarta que encabezó la manifestación organizada por entidades como Aprodeme el pasado mes de abril en Madrid. La marcha recorrió las principales calles de la capital pero los medios no se hicieron eco de ella. Tal vez lo que se pedía en la protesta no encajaba con la agenda que tenían preparada para el día. Protección a la infancia, una revisión de la actual política y los protocolos de servicios sociales. Violencia vicaria, el fin de la privatización de varios servicios que deberían ser públicos, una solución a la demora en la resolución de expedientes. O una respuesta al entramado que se intuye existe en torno al acogimiento de menores en nuestro país.
A lo largo y ancho de la Gran Vía madrileña, asociaciones como Aprodeme, DemocraciActiva, o Asociación Nacional del Menor tutelado, expusieron aquello que demandan como lógico y evidente en un sistema igualitario que presume de proteger a los más débiles: la protección del menor. Los menores forman parte de ese núcleo poblacional pero no se les considera ni prioridad ni objetivo.
En la marcha, los protestantes alertaban del enorme peligro que corren muchos de los menores internos en centros porque dentro no se les cuida. Las ayudas que se reciben desde las instituciones europeas por niño tutelado hacen que en ocasiones interese más esa recepción que el auténtico cuidado de los pequeños. Las familias afectadas se llevan quejando muchos años de ese abandono y dejadez. También lo hacen las organizaciones que trabajan para tratar de cambiar la situación de los menores.
La nota común en la manifestación fue que “el sistema actual de protección a la infancia en nuestro país es un fiasco”. Sobra decir que no estamos hablando de uno o dos menores. En nuestro país son más de 50.000 los menores que se encuentran tutelados.
Casos de maltrato a la infancia silenciados durante años
Los casos de abusos sexuales o de prostitución de menores tutelados aparecidos en los últimos años no son más que la punta de un iceberg que parece que no tiene fin. Pero responden a la perfección a la pregunta de si realmente las instituciones cuidan a los menores de edad. Si se preocupan realmente por su bienestar o si la burocracia es solo una excusa para dilatar más que llegue una solución para tantos problemas.
Los centros de menores son solo la punta de ese iceberg que está escondido en el fango. Los menores no interesan. Y tampoco las familias a las que se les arranca la oportunidad de vivir con ellos y acompañarles en la dura travesía de encontrar un lugar en el mundo. De alcanzar su sitio en la sociedad. De modo que al robarles la oportunidad, se quedan expuestos a lo que quieran proponerles desde las instituciones. Y cuando surge un problema, los oídos se vuelven sordos, las carpetas de expedientes se quedan vacías. Es más, el silencio se vuelve tan ensordecedor que obliga a olvidarse del tema.
La prueba está en la desaparición de este tipo de temas en los medios convencionales. La manifestación en Madrid del pasado mes de abril reunió a un grupo de personas que tan solo pedían un pacto contra el maltrato infantil. Quizá si hubieran pedido una rebaja en el precio de la energía hubieran llamado más la atención de las cámaras. Incluso en las redacciones les habrían reservado un pequeño hueco en el área de Actualidad porque ciertamente es de lo que ahora se habla. Hablar de menores, pedir que se respete la infancia y que se proteja a quienes por circunstancias viven en centros tutelados, es como clamar al cielo muchos imposibles seguidos. No interesa. Y lo que no interesa, ni se publica, ni se graba y tampoco se lleva a ninguna mesa de negociación porque simplemente no existe.
Hablar de la protección de menores es como hacer una carta a los Reyes Magos sabiendo que nunca van a traer aquello que deseas con tanto ansia porque pueden achacar que se trata de una petición abstracta. Sin embargo, cuando el detalle pasa por solicitar mayor control presupuestario en los centros tutelados, que éste sea transparente, que se pongan herramientas al alcance de los profesionales que cuidan a esos menores, que se forme al personal de los centros, que se agilicen los trámites para la resolución de determinados expedientes o que cuando ocurra algo malo, se dé a conocer a la opinión pública y se castigue de verdad a los culpables, ya las tornas cambian. Es entonces cuando no interesa que se sepa.
