Hasta el momento se contabilizan en más de mil abusadores los que han recibido como premio la rebaja en sus condenas tomando la Ley del Sólo sí es sí. En su día, la ministra de igualdad Irene Montero, tildó de propaganda machista aquellos mensajes que anunciaban una rebaja en la pena de muchos abusadores con la puesta en marcha de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Y tal y como se presagiaba, el Consejo General del Poder Judicial dio a conocer el pasado mes de mayo que 1.079 agresores sexuales han sido beneficiados con la aplicación de esta Ley. Y 108 de ellos, además, han sido excarcelados. De hecho, 1.025 han recibido rebaja en sus penas. Desde el CGPJ han alertado de que declaraciones al respecto defendiendo la Ley están provocando a la vez un aumento de la desprotección de las víctimas de abuso y agresión sexual. Ellas sufrieron y sus agresores y abusadores ven rebajadas sus penas.
La Ley obliga a los menores abusadores a hacer un curso de educación sexual
Pero, ¿qué ocurre cuando el infractor es menor de edad? La nueva Ley indica que en caso de que se trate de un menor que haya cometido abusos o incluso violaciones, además de imponerle una medida de internamiento en régimen cerrado se le debe acompañar otra. ¿Cual es? Pues una basada en “educación sexual y educación para la igualdad”. Claramente quien comete un abuso o una agresión, sea del tipo que sea, la realiza porque se cree en situación de superioridad respecto a sus víctimas.
Ahora bien, si el menor reconoce el daño causado a la víctima y ha completado su proceso de educación sexual y educación en igualdad, se entiende archivado el procedimiento en caso de que la víctima lo solicite en un proceso de conciliación. Para que lo comprendamos, el procedimiento se vuelve papel mojado y agresor y víctimas acabarán en tablas. Eso sí, uno habiendo abusado o agredido sexualmente a otra persona. Padeciendo esta víctima lo que puede llegar a ser una de las grandes heridas que sufrirá a lo largo de su vida.
Jueces y tribunales, encargados de aplicar la Ley, son plenamente conscientes de que leyes como ésta pueden llegar a beneficiar al infractor. Aunque no haya sido ese el objetivo mientras se redactaba y se ha puesto en marcha. Se sabe que la función del legislador es crear un marco legal. Y no se pretende que éste tenga grietas en las que pueden colarse las infracciones sin ninguna otra medida que lo impida.
Un programa que el Ministerio de Igualdad no sabe en qué consiste
De modo que buscan la manera de que las penas impuestas sean lo que ellos consideran “justas” o “más beneficiosas”. En Jaén un juzgado decidió aplicar la Ley del menor anterior a la nueva Ley de garantía sexual por ser más beneficiosa a la hora de juzgar a un chico que estaba siendo juzgado por violar a una niña. Tal y como recogieron algunos medios, este chico fue condenado a dos años de libertad vigilada. Además de otros dos años de prohibición de aproximarse o comunicarse con la niña, por haber cometido un delito de abuso sexual con penetración sobre una menor de edad.
Las nuevas medidas para menores afectan sobre todo a jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 17 años. Según recogen desde algunos medios de comunicación, jóvenes que “antes eran condenados por abusos sexuales de menor entidad, ahora tendrán que atenerse al nuevo delito ampliado de agresión sexual, que obliga a mantenerles al menos un año en un centro”. Y a implicarse en un programa de educación sexual y educación en igualdad. Lo curioso es que desde el propio ministerio de Igualdad, no saben concretar programa ni temática a abordar en ello.
Como colofón, basta un dato. Y es que según el INE, en 2021 se registró un total de 439 menores condenados por delitos sexuales. Esto supuso un 12,6% más que el año anterior. El 96,8% de ellos fueron varones y el 3,2%, mujeres. Los delitos sexuales continúan en aumento. No bastan leyes hechas a medias o con lagunas y grietas entre las que se puedan escapar infractores y abusadores. No es lo justo. Y tampoco lo que nos merecemos como sociedad.
