El pasado mes de enero entró en vigor la reforma del Código Penal que ha mantenido en vilo a los políticos de nuestro país y a los medios de comunicación. Fue aprobada por 140 votos a favor frente a 118 en contra y tres abstenciones. Y se hizo mediante la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 14/2022. La reforma incluye dos puntos calientes: la modificación de los delitos de malversación y de sedición.
Dicen las malas lenguas que ha sido una reforma hecha a medida de los independentistas catalanes. Aunque desde el Gobierno se han afanado por aclarar que, como otros muchos puntos de nuestra normativa, el Código Penal necesitaba ya una reforma. Sin embargo, los efectos colaterales de la mencionada reforma obligará al Tribunal Supremo a revisar, entre otras cosas, la sentencia que condenó a algunos de los líderes políticos que protagonizaron el proceso independentista en Cataluña en 2017.
En dicha reforma se incluye la eliminación del artículo 544 del Código Penal, que es el que recoge el delito de sedición. Actualmente éste está penado entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación. Y se pasa a contemplar un nuevo tipo de delito de desórdenes públicos agravados que se contempla en el artículo 557. En el que las penas oscilan entre los 3 y 5 años de cárcel y los 6 y 8 de inhabilitación. En resumen, con esta reforma se establece que si los actos contrarios a la Ley o que impliquen desorden público se llevan a cabo con violencia o intimidación, se impondrán penas de prisión de 6 meses a 3 años. Si se actúa en grupo, las penas serán de 3 a 5 años de cárcel y de 6 a 8 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público.
Pero, ¿qué es exactamente la sedición? Según nuestro marco legal, el delito de sedición es aquél que irrumpe contra el orden público. Según el Código Penal el delito de sedición es atribuido a todas las personas que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público”.
Y basta recordar la escena de todos los diputados en el Parlamento catalán hace ahora ya seis años. A puerta cerrada, votando una independencia que casi pilló por sorpresa al resto de la población. Tras la reforma del Código Penal, muchos de los imputados por el proceso independentista catalán ya han solicitado su absolución al Supremo.
Reforma del delito de malversación: los corruptos serán menos castigados
En el caso del delito de malversación se contempla en el artículo 432. También ha sido afectado por la reforma. A partir de ahora lo que se castigará será la apropiación del patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público, en lugar de castigar la administración desleal, como había sido hasta el momento. Asimismo, con la reforma se castigará también el que se permita a un tercero la apropiación.
Hasta ahora, el delito de malversación (solo aplicable a los políticos) era penado con hasta 8 años de prisión. Sin embargo, a partir de ahora, siempre que no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, tendrá penas máximas de 4 años de cárcel. Se relaja, por tanto, el castigo. También se reduce el tiempo en prisión echando más leña al fuego a un debate que está en la calle aunque no se quiera. ¿Quiere decir que si no hay ánimo de lucro o enriquecimiento personal, no van a cumplir tanta cárcel como antes? ¿o que a partir de ahora será más laxa la lucha contra la corrupción? Con esta reforma, los corruptos obtendrán penas más bajas, serán menos penados e igual de corruptos. O más aún, no se sabe a ciencia cierta, porque en política las ciencias exactas no funcionan.
El Gobierno confía en sus reformas y los cambios en la Ley que están realizando en los últimos meses. Estás satisfechos. Y, ante la desazón por parte de muchos sectores porque estas reformas agraven la situación política, económica y social de nuestro país, se adelantan a responder. En palabras de la portavoz del Gobierno y Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, desde el Gobierno tienen “confianza” en que la ley se aplique de manera que no se tolere ningún comportamiento ilícito. Que se castigue menos o con menos fuerza que antes, ya queda en manos de otros.
