Conozco bien a Cándido Conde Pumpido desde hace muchos años. La imagen que ilustra este artículo fue tomada en noviembre de 1984, en un tren en un viaje que hicimos juntos desde Madrid hasta Bilbao. Manteníamos una relación de amistad y era una buena fuente de información para mí. Cándido, junto a Juan Alberto Belloch, batallaba por el control de Jueces para la Democracia. Recuerdo con agradecimiento y afecto a ambos el apoyo que los dos me transmitieron en los momentos más duros en los que en una inmensa soledad trabajé en la investigación y denuncia del terrorismo de Estado. Forjamos una buena amistad que se diluyó con el paso de los años y con el acercamiento de ambos a los gobiernos de González y Rodríguez Zapatero.
Si por algo se recuerda al recién nombrado presidente del Tribunal Constitucional es por lo sucedido el 25 de mayo de 2005. Sitúense. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, ya ha puesto en marcha negociaciones con ETA y Herri Batasuna, aunque lo niega varias veces públicamente. Conde Pumpido es fiscal general del Estado. Fernando Grande Marlasca, magistrado juez de la Audiencia Nacional, toma declaración a un detenido, Arnaldo Otegui, en una causa sobre la subordinación de HB a la dirección de ETA y la financiación de la organización terrorista a través de las Herriko Tabernas de HB.
Su abogada es Jone Goirizelaia, habitual defensora de terroristas de ETA. Se celebra después de declarar una vistilla para decidir si ingresa o no en prisión. El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso, con el visto bueno del fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, solicita prisión incondicional. Al escuchar la petición de Alonso, Otegui pide educadamente la palabra y dice en perfecto español: “Me parece increíble, ¿pero esto lo sabe Conde Pumpido?”. Estupor en la sala.
Otegui no trataba de argumentar inocencia sobre los delitos de los que se le acusaban, lo que hacía era expresar que se sentía traicionado por el Gobierno. Además consideraba que su ingreso en prisión podía interferir en las negociaciones que llevaba a cabo con Zapatero. Grande Marlasca, hoy ministro de Interior de un Gobierno sostenido por Bildu, ordenó el ingreso en prisión de Otegui. Fundamentó su decisión en la reiteración delictiva del detenido y en el riesgo de fuga.
Jone Goirizelaia, la abogada de Otegui, dijo que su defendido ostentaba la condición de interlocutor del presidente del Gobierno. Conde Pumpido, fiscal general del Estado, dijo públicamente que “la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos. El vuelo de la toga de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”. En marzo de 2017, siendo fiscal general, ordenó retirar una acusación contra Arnaldo Otegui por enaltecimiento del terrorismo. El fiscal del caso consideraba pedirle 15 meses por homenajear a la etarra Olalla Castresana tras morir cuando estaba manipulando una bomba.
Pumpido: el candidato del Gobierno de Sánchez
Varios fiscales me han dicho que “cuando Zapatero le nombró fiscal general, su nivel de máxima confianza con el presidente del Gobierno fue útil para la Fiscalía en cuestiones como la creación de fiscalías especiales, las de extranjería o violencia de género. También logró un incremento de la plantilla. En cuestiones materiales consiguió muchas cosas”.
El actual presidente del Constitucional forma parte de una saga de juristas de prestigio. Su abuelo, magistrado, presidió tres Audiencias Provinciales. Su padre, llegó a ser teniente fiscal del Tribunal Supremo. Nuestro protagonista se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Ingresó por oposición en la carrera judicial en 1973. Su primer destino como juez de instrucción fue en Puebla de Sanabria, de donde pasó a Carballino y Verin (Orense). En enero de 1981 llegó a magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Aquí permaneció hasta 1985 y donde ejerció también como profesor encargado de Derecho Civil en la Universidad Pública del País Vasco.
En 1985 fue designado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. El 16 de marzo de 1995 tomó posesión como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con 45 años. El magistrado más joven que ha habido en la Sala Segunda. Y el 27 de abril de 2004 fue nombrado fiscal general del Estado, cargo para el que fue reelegido en un segundo mandato el 13 de mayo de 2008, donde permanece hasta el 19 de diciembre de 2011. Se reincorpora a la Sala Segunda del Supremo en enero de 2012.
Conde Pumpido está casado en segundas nupcias con Clara Martínez de Careaga. Actualmente magistrada del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial del denominado sector progresista. O sea, los colocados por el PSOE. Como magistrado del Supremo, Conde Pumpido fue ponente de más de 1.000 sentencias. Y en medios jurídicos y académicos es fácil escuchar que “es un jurista de mucho nivel y enorme prestigio. Alguna de las sentencias de las que fue ponente son de las mejores que se han hecho nunca en el Supremo”.
Los años que pasó como magistrado en San Sebastián marcaron mucho su trayectoria. Fueron los años en los que traté intensamente con él. También con otros magistrados de mucho nivel que después tuvieron también carreras exitosas, como Juan Alberto Belloch (llegó a ser ministro de Justicia e Interior), Joaquín Giménez (después también magistrado de la Sala Segunda del Supremo) o Angel Juanes (presidente de la Audiencia Nacional y vicepresidente del Supremo). En San Sebastián coincidió también con el fiscal Javier Zaragoza y su señora, Elvira Tejada, padres de Javier Zaragoza Tejada. Hoy letrado del Tribunal Constitucional que preside Conde Pumpido.
Conde Pumpido, de siempre considerado un hombre de izquierdas, es reconocido en el mundo jurídico como un jurista “fino, de nivel”. Un miembro del actual Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP me dice: “Hay que reconocerle que es un hombre inteligente, de sólida formación jurídica. Siempre ha puesto por delante sus obligaciones profesionales a su ideología. Otra cosa es que, dentro de los márgenes de la legalidad, tuvo habilidad para modular algunas de sus actuaciones de modo que le interesaba a gobiernos socialistas. Muy especialmente, cuando era fiscal general, con su pasividad frente al caso del Bar Faisán”. El chivatazo de un alto cargo a ETA para evitar una operación policial en marcha.
Un Magistrado que no deja indiferente a nadie
Si hablas con la Asociación de Víctimas del Terrorismo la opinión sobre Pumpido es muy negativa. También es cierto que en 1988 su voto fue decisivo para que José Barrionuevo y Rafael Vera fueran condenados por el Caso GAL. Sentencia que indignó al PSOE y también fue ponente de la sentencia que aumentó la condena al ex-director de la Guardia Civil Luis Roldán de 28 a 31 años de prisión. En la carrera judicial es de sobra conocida la mala relación que mantiene con el magistrado Manuel Marchena, con quien primero coincidió unos meses en la fiscalía general. Pumpido cesó a Marchena como fiscal jefe de la secretaría técnica. Años después ambos aspiraron a la presidencia de la Sala Segunda del Supremo. Y resultó elegido Marchena en la votación del CGPJ por 12 votos frente a 7.
Es en marzo de 2017 cuando Conde Pumpido llega al Tribunal Constitucional como magistrado bajo la presidencia de Juan José González Rivas. Cuando el Constitucional tuvo que dictaminar sobre la constitucionalidad de los estados de alarma decretados por Pedro Sánchez, la batalla interna fue descomunal, y Cándido Conde Pumpido defendía la constitucionalidad. Cuando la resolución final fue declarar inconstitucionales los estados de alarma de Sánchez, Conde Pumpido emitió un polémico voto particular en el que hablaba de “juristas de salón” y “legos”. Y tras las críticas recibidas de sus compañeros accedió a retirar esas expresiones.
Una persona que coincidió con Conde Pumpido en el Supremo me cuenta lo duro que fue para él el fallecimiento de la ex-alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Perdió la vida dos días después de ser interrogada por Conde Pumpido en un sumario por un caso de corrupción: “Cándido, en aquellos meses en que había una catarata de casos de corrupción, se dirigió a muchos políticos para recordarles que cualquier ciudadano, aunque este imputado, es inocente hasta que se dicta una sentencia condenatoria y que es esencial respetar la presunción de inocencia”.
Sus años como fiscal general se recuerdan por sus enfrentamientos con Eduardo Fungairiño. Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, a quien en marzo de 2017 ordenó retirar una acusación contra Arnaldo Otegui por enaltecimiento del terrorismo. O el polémico juicio contra el etarra Iñaki de Juana Chaos, en el que le ordenó rebajar la petición de pena de 96 años que iba a solicitar el fiscal del caso a 13 años. El fiscal del caso, Jesús Alonso, se negó a asumir esa rebaja y fue sustituido en el juicio por su compañero Fernando Burgos, dispuesto a aceptar la orden del fiscal general.
Conde Pumpido no deja indiferente a nadie. Las opiniones sobre él pasan del blanco al negro. En lo que coincide la mayoría es en destacar que es “terco, es muy difícil que de su brazo a torcer en una discusión. Y tiene mucha habilidad para manejarser en los escarceos internos y en las batallas ideológicas en la judicatura. Desde hace muchos meses se sabía que el candidato favorito del Gobierno para presidir el Constitucional era Conde Pumpido. Y la batalla duró hasta el último segundo.
Los 7 magistrados de izquierda trataron de acudir a la votación con un solo candidato, pero María Luisa Balaguer no aceptó retirar su candidatura para que quedara solo Conde Pumpido. Éste logró ser elegido con el voto de María Luisa Segoviano, que hasta el final se pensaba que iba a votar a María Luisa Balaguer, de quien entre los magistrados de derecha se decía que “aunque es del bloque de la izquierda es menos peligrosa que Conde Pumpido”.
Finalmente ganó Conde Pumpido por 6 votos a 5. Por el mismo resultado de 6 a 5 el pleno del Constitucional eligió a Inmaculada Montalbán, también del bloque de izquierdas, como vicepresidenta. Rompiendo la norma no escrita durante los últimos años de que los bloques de izquierda y derecha se repartían la presidencia y la vicepresidencia. La entrada en el Constitucional de cuatro nuevos magistrados ha provocado un vuelco de la antigua mayoría de derechas por 6 a 5 a una holgada mayoría progresista de 7 a 4.
En su toma de posesión, Conde Pumpido, para hacer frente a las noticias que apuntaban que podía inclinar al Tribunal en resoluciones favorables a los partidos independentistas socios de Sánchez en el Gobierno, hizo un discurso dirigido a sus compañeros de tribunal en el que dejó claro que “la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación”, después de que la magistrada María Luisa Segoviano hiciera unas declaraciones a Onda Cero en las que afirmó que “la autodeterminación es un tema complejo que se tiene que estudiar sin tener miedo a ningún planteamiento, posición o sugerencia”.
El Constitucional va a tener que resolver con la presidencia de Conde Pumpido recursos de alto voltaje e importancia política, como los relativos a la aplicación del 25% de educación en español en las escuelas catalanas, la ley del sólo sí es sí, la ley Celaá, la supresión de los delitos de sedición, la rebaja de la malversación, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley del aborto y la ley de eutanasia. Todos los ojos van a estar puestos en las posiciones que sostenga Conde Pumpido, dada la evidencia de que era el candidato que deseaba el Gobierno de Sánchez.
