Pedro Sánchez compareció para hacer balance del año. Triunfal. La realidad no va con él. Un presidente que vuela en su Falcon como una estrella mientras España ocupa el último lugar en cuanto a recuperación según la OCDE. Nos soltó un rollo de una hora, insoportable, presumiendo de un porcentaje de cumplimiento de sus promesas que no casa con la puñetera realidad. Y todo lo remató presumiendo de haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado y de haber sacado la reforma laboral, una reforma de pensiones y de haber obtenido una buena remesa de fondos europeos.
Según Sánchez: “la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para impulsar reformas y avances sociales”. Con un par. Claro que para él habrá sido un acelerador y un avance pero para el personal ya se sabe que lo contrario. El precio de la luz se ha desbocado en 2021 dejando en evidencia a Sánchez. La inflación se ha disparado y cierra el año con una subida del 6,7%. La viviendas nueva y usada se han encarecido de media un 4,3%. Las economías familiares están cerca de la ruina. El Ibex 35 está un 13,4% por debajo de los niveles prepandemia. Y respecto a los Presupuestos parten de premisas macroeconómicas que poco tienen que ver con la realidad y que ya han sido cuestionadas por organismos internacionales y nacionales, además de ser unas cuentas evidentemente desequilibradas en lo que se refiere al gasto.
La reforma laboral son retoques que vienen a reducir la flexibilidad en todo aquello que no consolida lo heredado del PP de Rajoy. Con las pensiones solo ha colocado un parche con cargo a las cotizaciones sin resolver la brecha generacional y que probablemente lastre el empleo. Respecto al dinero de Europa, las intenciones reformistas de Sánchez ya no cuelan y para soltar un euro más, Europa va a ponerse seria de verdad exigiendo con pruebas.
Qué decir de su promesa de que terminaríamos el año pagando el mismo recibo de la luz que en 2018 o de las ayudas a La Palma, donde es ahora cuando las víctimas del volcán se han dado cuenta de que no llega el dinero, excepto el dinero privado del Consorcio de Compensación para quienes tenían sus casas aseguradas o el de las ONG. Y mejor no hablar de la gestión sanitaria de la pandemia.
Sánchez y su comodidad ante «sus medios» de prensa
Y después del discurso triunfal vino el espectáculo de la rueda de prensa en la que solo se permitió preguntar a seis periodistas de medios afines al Gobierno. El encargado de llevar a cabo la censura, o sea la selección a dedo de los seis que iban a preguntar, fue Miguel Angel Marfull. Solo permitió preguntar a los representantes de medios de acredita inquebrantable adhesión a Sánchez. Marfull no le falla al jefe. Seis de seis. Ni una pregunta que ose generar la más mínima incomodidad al amo. Todas las preguntas amables y preparadas para el lucimiento del amo.
Periodistas y medios que contribuyen a la propaganda del Gobierno no al servicio a los lectores, que es su obligación constitucional. Marfull es un perro de presa que además, le quita la acreditación a quien osa criticar, como ha hecho con Josué Cárdenas, acreditado en Presidencia por la cadena de televisión 7NN. A otros medios como IT Magazine, directamente no nos la conceden. Marfull dirá: “total, para lo que voy a tardar en retirársela, pues no se la doy”.
En su línea Sánchez en las 115 disposiciones adicionales de los nuevos Presupuestos Generales del Estado incluyó 25 reformas que no tienen nada que ver con las cuentas. Vamos que las coló de matute. Y se quedan tan anchos él y el Congreso. Se trata de cambios en 14 leyes ordinarias y 11 reales decretos ley que eluden de ese modo el trámite ordinario para ser aprobadas sin debate. Entre todo lo que nos ha colado Sánchez en los PGE hay cuestiones menores y cuestiones relevantes como la jurisdicción social, las víctimas del terrorismo, RTVE, la Comisión Nacional de Competencia o el asilo internacional. Por ello estos Presupuestos pueden ser calificados de inconstitucionales, pues el Tribunal Constitucional tiene dicho que los Presupuestos deben abstenerse de regular materias que no esté incluidas en su propio cuerpo o relacionadas con la política económica del Gobierno.
Y sigue el Gobierno empeñado en decir que va a legislar para evitar la circulación de informaciones falsas y la proliferación de ciberataques en procesos electorales. El Gobierno en una democracia solo ha de ocuparse de una verdad: la que salga de sus comunicaciones oficiales. El derecho a la información de los ciudadanos se satisface a través de los medios de comunicación. Este Gobierno que ha difundido bulos a conciencia, no es quién para erigirse en controlador de la verdad. Menos aún con un presidente que miente más que habla como Sánchez.
Y además…
- El Gobierno ha sacado una vez más su lista de morosos a Hacienda. Una lista que ha crecido no porque los morosos no hayan pagado nada sino porque han bajado el criterio de inclusión en la lista a los que deben 600.000 euros o más, cuando antes era de 1 millón. No soy muy partidario de la justicia popular ni de la publicación de listas de este tipo. Hay de todo en esa lista, lógicamente. Para los demagogos habituales apuntar que en la lista aparece el sindicato Comisiones Obreras y no he encontrado ni a Amancio Ortega ni a ninguna de sus empresas, con lo vilipendiado que es reiteradamente el dueño de Zara o sea, Inditex. Y respecto a muchos de los que aparecen me consta que cada año van abonando parte de la deuda de acuerdo con Hacienda. Así que machacarles ahora no me parece justo. Si alguien que debe a Hacienda cumple con los plazos de pago no debiera ser expuesto en la vía pública. No hay muchas novedades en la lista. Siguen proliferando las constructoras. Lo que debe hacer Hacienda es perseguir de verdad el fraude fiscal y no masacrar a quienes pagamos puntualmente nuestros impuestos.
- El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III a diversas gentes “por su servicio a la corona”. No falta ningún ex ministro. Lo alucinante es que se le haya concedido esa Gran Cruz a Pablo Iglesias. Alguien que dedicó buena parte de su tiempo en la política a tratar de acabar con la Corona, con la institución entera, en uso de su derecho claro, pero que ahora le concedan la crucecita de marras me parece una tomadura de pelo. Es una muestra más de que las medallas y cruces oficiales se han convertido en una coña marinera. La concesión de esta cruz le confiere el derecho a recibir el tratamiento de Excelentísimo Señor de por vida. En esta tanda le han caído cruces a siete ex ministros del PP, catorce ex ministros del PSOE y dos de Podemos. Con su pan se la coman.
- El fiscal Bermúdez solicitó en su escrito de acusación contra Kote Cabezudo 121 años de prisión. Un escrito que me dio la impresión de ser fruto de un trabajo muy superable, poco respetuoso con el contenido del sumario. Y me da la impresión de que en su cabeza está que en sala puede modificar su petición elevándola en la línea que marcará el escrito de acusación del letrado de las víctimas. El lunes que viene hablaremos en detalle del asunto.
