El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito doloso de revelación de secretos a pena de multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general. El Gobierno, que insiste en declarar inocente al condenado, anuncia que busca relevo. ¿Hay rumores, que no me creo, de que piensan en la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la que le dijo al condenado que “la nota está perfecta, ¿aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro”? No me creo el rumor, pero sí creo capaz a Sánchez de hacer una barbaridad de ese calibre.
Fuentes que me merecen la máxima solvencia me cuentan que el fallo lo tenían claro los siete magistrados desde el día siguiente de terminar el juicio, y que los esfuerzos de Martínez Arrieta y Marchena por lograr unanimidad eran baldíos. Y el 5-2 era inamovible. El contenido del fallo era conocido por la presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Los magistrados juzgadores no dudaban de que de ellos no iba a salir filtración alguna, pero no se fiaban del CGPJ y sabían que el fin de semana en algunos medios afines al Gobierno disponían de la información, y por ello decidieron adelantar el fallo antes de estar redactada la sentencia.
En el PSOE hay una larga tradición de defender la inocencia de condenados por delitos gravísimos
Conocido el fallo, el Gobierno, sus socios y sus siervos mediáticos salieron en tromba. El mantra principal era “es un golpe de Estado”. En La 1 de RTVE, donde Javier Ruiz, José Antonio Martín Pallín, ex fiscal y ex magistrado del Supremo afirmó que el fallo “es lo más parecido a un golpe de Estado”. Con un par.
Por la tarde, donde Cintora, la novia de Ruiz insistía en lo del golpe de Estado, afirmaba que la sentencia era un “homenaje a Franco” y Pablo Iglesias Turrión, vestido con la bandera republicana, reiteraba que hay que reventar a la derecha política, judicial y mediática. Y en La Sexta, donde Iñaki López y Cristina Pardo, Cristina Almeida, quien te ha visto y quién te ve Almeida, afirmó: “Estoy triste. Yo creía en la Justicia, pero ya no. Vamos a tener que hacer otra vez la democracia”. Como nos hagan una democracia a lo Almeida, comunista, vamos jodidos.
En el PSOE hay una larga tradición de defender la inocencia de condenados por delitos gravísimos. Cuando en 1995 el Supremo concedió el suplicatorio para juzgar al ministro Barrionuevo por el secuestro de un anciano viajante de comercio, Segundo Marey, el Gobierno de González manifestó su “convicción absoluta de la inocencia del ministro Barrionuevo”. González dijo incluso que “ni hay pruebas ni las habrá nunca”. Poco después González acompañó a Barrionuevo y a su secretario de Estado, Rafael Vera, hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara, donde ingresaron por cometer delitos de crimen de Estado. Y el PSOE organizó en la puerta de la prisión un akelarre contra los periodistas que habíamos investigado y destapado el crimen de Estado de los GAL.
Ls sentencia contra García Ortiz será firme en el instante que sea publicada. Recurrirá al Constitucional
Pedro Sánchez, que cuando los GAL, siendo estudiante de Derecho, acudió a Tele 5 a criticar a los que denunciamos el crimen de Estado y defender a sus autores, repitió cuando se iniciaron las investigaciones a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán: “son personas honestas. Confío en su inocencia”. Y fueron condenados.
La sentencia contra Alvaro García Ortiz será firme en cuanto sea publicada. No cabe recurso, pues al ser juzgado por la Sala Segunda del Supremo se le agota la vía jurisdiccional penal, el Supremo es la última instancia. Parece probable que presente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Pumpido con su toga manchada por el polvo del camino.
Al ser condenado por un delito doloso tendrá que ser expulsado de la carrera judicial
Aunque la sentencia le inhabilita solo para el cargo de fiscal general, al ser la condena por un delito doloso, tendrá que ser expulsado de la carrera judicial en aplicación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en cuanto se haga pública la sentencia.
Pedro Sánchez en varias ocasiones y el periodista José Precedo de eldiario.es en su testifical en el juicio habían absuelto a García Ortiz. Pero el Supremo le ha condenado. Y de lo visto en el juicio queda acreditado que el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta no difundió ningún bulo al publicar que “la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”.
Qué triste haber escuchado a periodistas las mismas palabras que cada día elabora la propaganda de Presidencia del Gobierno
Urreiztieta, a quien conozco bien, es un periodista de prestigio que no publica bulos ni trabaja para agradar a ningún Gobierno. Y tampoco dicta sentencias, solo publica informaciones debidamente contrastadas. Me ha resultado triste en el largo proceso al fiscal general escuchar y leer a varios periodistas emplear las mismas palabras que cada día elabora el departamento de propaganda de Presidencia del Gobierno, en una evidente estrategia de defensa del acusado.
No opinaré de la sentencia hasta que pueda leerla completa. Si tengo una opinión sobre García Ortiz, y es muy negativa. Recuerdo como la Sala III del Supremo anuló un nombramiento suyo por desviación de poder. Curiosamente, el de su antecesora Dolores Delgado, señora del prevaricador Baltasar Garzón, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Y ahí ha quedado demostrado como borró los datos de su teléfono y de su correo electrónico, o sea destruyó pruebas, el mismo día que se inició la investigación contra él. Como para no tener una opinión negativa sobre el caballero.
No dudo que los magistrados han decidido solo por su conciencia jurídica, tanto los 5 que condenan como las 2 que querían absolver
Para la historia de la infamia queda también ese video preparado por el ahora condenado en el que un buen grupo de empleados de la Fiscalía General le aplauden como grupis en la puerta de su despacho cuando salía camino del Supremo. Y qué decir de esos otros que en pleno juicio, durante la testifical de tres miembros de la UCO, imprecaron a los declarantes dentro de la Sala.
Suscribo las palabras de Salvador Viada, ex presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en un artículo en El Mundo: “La condena demuestra hasta qué punto la dependencia del poder político puede llegar a ser lesiva para el Estado de Derecho y para los derechos de los ciudadanos, y hasta que punto la sumisión de un fiscal a la conveniencia de un Gobierno que le nombra puede hacerle perder el buen juicio, la prudencia y el respeto por el cargo que ocupa”.
Las hordas sanchistas y de la mayoría progresista hablan de “un juicio y una sentencia políticos”. No. El juicio, celebrado con todas las garantías, ha sido estrictamente jurídico. No dudo de que cada uno de los 7 magistrados ha actuado en conciencia jurídica, no por motivos políticos. Y sin dejarse influir por su ideología, que la tienen, como todos. Tanto los 5 que han optado por condenar como las 2 que van a redactar voto particular y eran partidarias de absolver. Lo que fue política pura fue la actuación del Álvaro García Ortiz difundiendo datos privados de un ciudadano para perjudicar a una adversaria del Gobierno.
Llegó con el CGPJ considerando inidóneo su nombramiento y se va condenado. Eficaz contribución al deterioro de la institución
El CGPJ consideró “inidóneo” el nombramiento de García Ortiz como fiscal general. Así aterrizó en el cargo. Y se despide con una condena de inhabilitación del Supremo. No cabe más dislate, y ha contribuido muy eficazmente el deterioro de una institución esencial en un Estado de Derecho.
Creo incluso que con la condena del fiscal general debería dimitir el presidente del Gobierno, que fue quien le nombró. El delito cometido por García Ortiz se enmarcaba en una operación de guerra sucia contra una adversaria política, y recuerden la frase de Sánchez en RNE: ¿“de quien depende la fiscalía?, pues eso”. Pues eso, que Sánchez debiera presentar su dimisión.
Y digo yo que habrá que cambiar el Estatuto Fiscal, que obliga a dimitir a cualquier fiscal que sea imputado por un tribunal, pero no al máximo responsable de la Fiscalía. Es improbable que un fiscal general vuelva a delinquir, pero no es imposible. Y confiemos en que Sánchez, al nombrar al nuevo fiscal general, no nos suministre un poco más de cianuro a los ciudadanos. Porque capaz es.
