La pasada semana se celebró en el Ateneo de Madrid un homenaje al condenado Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, al que asistieron jueces jubilados, catedráticos, abogados, fiscales y algún periodista. Relevante fue la presencia de Baltasar Garzón, que fue condenado en su día como magistrado por el gravísimo delito de ordenar escuchas de conversaciones de abogados con sus clientes en prisión. Un homenaje inquietante.
Todos los presentes y alguno más firmaron previamente un manifiesto titulado “una sentencia inquietante” en el que, como en el homenaje, se atacaba ferozmente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
No comparto las críticas al Ateneo por albergar el homenaje a García Ortiz. No conozco un solo caso de alguien a quien se le haya impedido hablar en el Ateneo
He escuchado críticas, de las que discrepo radicalmente, hacia el Ateneo de Madrid por albergar el homenaje al fiscal condenado. El Ateneo de Madrid ha sido siempre, y sigue siendo, un foro en el que se acoge a cualquiera que quiera expresar, debatir e intercambiar ideas. Como debe ser. No conozco ni un solo caso de alguien a quien se le haya impedido hablar en el Ateneo. Y cada uno homenajea a quien considera oportuno.
A mí me parece inquietante e insólito homenajear a jueces o fiscales condenados tras un juicio justo en el que han podido defenderse sin cortapisas. Y que han sido condenados por delitos gravísimos.
Lo que se podría acercar a un golpe de Estado es lo que sostienen los homenajeadores de García Ortiz, que la ideología está por encima del Estado de Derecho
Leídos el manifiesto y las crónicas del homenaje me parece evidente que se trataba de un acto eminentemente político de apoyo al Gobierno autodenominado “progresista” de Pedro Sánchez. En el que se evidenció un formidable desprecio a los derechos fundamentales. Envueltos en su supuesta “autoritas” como juristas, los homenajeadores ocultaban motivaciones puramente ideológicas y partidistas.
Hablan de que la condena a García Ortiz es “un golpe de Estado” de la derecha judicial. Lo que se podría acercar a un golpe de Estado es lo que sostienen ellos defendiendo a García Ortiz con esos argumentos, que no es sino considerar que la ideología está por encima del Estado de Derecho. Que es tanto como liquidar directamente los fundamentos esenciales de un Estado de Derecho y una Justicia garantista.
Su defensa del fiscal general condenado les aleja del progreso y les sitúa en el regreso a los tiempos de la dictadura franquista
El hecho de que entre los asistentes que aplaudían eufóricos y desatados a un fiscal general condenado hubiera fiscales en activo es también muy inquietante. Y perturbador para los ciudadanos. Afortunadamente no son mayoría en la carrera fiscal, aunque ellos pretendan aparentar lo contrario.
Nadie va a poder confiar ahora en que los asistentes a este inquietante homenaje puedan ejercer imparcialmente su función en cualquier asunto que pueda afectar a alguien que forma parte de la autodenominada “mayoría progresista”. Su defensa del fiscal general condenado les aleja del progreso y les sitúa indefectiblemente en el regreso a los tiempos de la dictadura franquista.
Da miedo que puedan sacar adelante el proyecto para que los fiscales asuman el liderazgo de la investigación en vez de los jueces
No es posible defender la primacía de la ideología sobre la ley y a la vez defender el principio de legalidad y velar por la independencia judicial, que son las funciones que otorga la Constitución a la Fiscalía.
Da miedo imaginar que esta “mayoría progresista” pueda sacar adelante su proyecto legislativo para que sean los fiscales quienes asuman el liderazgo de la investigación de los delitos en vez de los jueces.
Es asombroso que el Consejo General del Poder Judicial no haya salido en defensa de los magistrados del Supremo
Me asombra que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya salido a defender a los magistrados del Supremo que dictaron la sentencia condenatoria del fiscal general ante esta campaña de acoso que evidencia un interés impúdico en deslegitimar al Supremo. Y en liquidar las bases de nuestro Estado de Derecho.
Félix Pantoja García, fiscal del Supremo ya jubilado que fue colocado por Izquierda Unida como vocal del CGPJ y María Virginia García Alarcón magistrada de Supremo jubilada, vinculada al sector izquierdista de la judicatura, presentaron el 15 de diciembre un escrito solicitando al Gobierno el indulto de Álvaro García Ortiz de las penas principal y accesoria. E incluso de la de inhabilitación para cargo público.
No se me ocurre mayor disparate que defender la “presunción de inocencia” de un condenado en firme por el Tribunal Supremo
Los firmantes del manifiesto en favor de García Ortiz defienden su “presunción de inocencia”. No se me ocurre un disparate superior que defender la “presunción de inocencia” de un señor condenado en firme por el Tribunal Supremo. ¿150 juristas defendiendo este despropósito? Es muy inquietante.
Fiscales en activo en conversación con Nati Villanueva, de ABC, se muestran indignados por la campaña de deslegitimación del Supremo, y afirman: “no es un acto espontáneo sino una campaña de deslegitimación de cara a otros procesos que están en marcha y que afectan de lleno al Gobierno”.
Todo muy inquietante.
