La reciente imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, un particular, ha generado un terremoto político y judicial en España. Este escándalo pone nuevamente en entredicho la independencia de la Fiscalía y el papel del Gobierno en la gestión de las instituciones públicas. ¡Caen todos! Tenemos imputada a la mujer del Presidente del Gobierno. Imputado a su hermano. Tenemos bajo la lupa de Hacienda al padre de Sánchez. También a José Luis Ábalos a punto de ser imputado y ahora el Fiscal General del Estado está oficialmente imputado.
Escándalo por la imputación del Fiscal General del Estado
Pero pongámonos en contexto. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por revelación de secretos. Está imputado por el Tribunal Supremo. Y está siendo investigado porque, en el ejercicio de su cargo, ha tenido información confidencial y la ha filtrado a los medios. Cuando un Fiscal General del Estado debe guardar secreto y ser imparcial. García Ortiz dista mucho de esa definición.
Ha sido imputado por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal. Pero recordemos que es un particular, y que en el momento de su imputación aún no era pareja de Ayuso. Y aunque lo hubiera sido, seguiría siendo un particular.
Y lo he hecho de forma “velada”. Tras conocer su imputación, García Ortiz se sentaba en un programa de RTVE (cómo no, todo queda en casa) para defenderse de las acusaciones que ya pesan sobre él. Y lejos de entonar un “mea culpa” o defenderse de forma limpia, lo único que hace es amenazar a los partidos de la oposición. Dice: «Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera», ha afirmado. ¿Esto qué es? ¿Amenazas? ¿Prevaricación? ¿Otra vez revelación de secretos? Sin pudor.
La influencia del PSOE en las instituciones judiciales
Y, además, el señor dice que no dimite, porque según él no está investigado. Y encima nos lo tenemos que tragar. Pero curioso todo esto, ¿no? Un Fiscal General del Estado, simpatizante de PSOE, que en lugar de ser honesto y ejercer su cargo con legalidad y legitimidad, lo que es hace es ser un muñeco más del “Uno”, de Sánchez. Acribilla a la oposición y así, no se habla de la corrupción que existe en su partido, que no es poca.
La imputación de García Ortiz vuelve a situar en el centro del debate la influencia del PSOE en las instituciones judiciales. Y, en particular, en la Fiscalía General del Estado. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía ha sido objeto de duras críticas. Sobre todo por la forma en que el Gobierno ha gestionado los nombramientos en el ámbito judicial.
El caso de Dolores Delgado, ex-ministra de Justicia que fue nombrada fiscal general del Estado por Sánchez, ya generó polémica por la evidente falta de separación entre el Gobierno y la Fiscalía. Su sucesor, Álvaro García Ortiz, también ha sido señalado como una figura cercana al PSOE. Esto refuerza la percepción de que el partido ha intentado controlar el aparato judicial para proteger sus intereses políticos y atacar a sus rivales.
La revelación de información sensible sobre el entorno de Ayuso, en este contexto, no es un hecho aislado. Es un ejemplo más de cómo el PSOE ha instrumentalizado la Justicia para debilitar a la oposición. Esta práctica no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también pone en peligro el principio fundamental de la separación de poderes.
Necesidad de una reforma judicial urgente en España
Este escándalo subraya la necesidad urgente de una reforma del sistema judicial en España. La politización de la Fiscalía y la falta de independencia de algunas instituciones clave han erosionado la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Reformar el proceso de nombramiento del fiscal general del Estado para garantizar que sea verdaderamente independiente del Gobierno es una medida esencial para restaurar la credibilidad del sistema judicial.
El caso de García Ortiz demuestra lo peligroso que puede ser los nombramientos políticos en instituciones que deberían ser completamente imparciales. Si bien el PSOE ha defendido su derecho a nombrar a figuras cercanas para ciertos cargos, esta práctica ha demostrado ser perjudicial para la percepción pública y para el funcionamiento de la democracia española.
