Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez anunció este pasado miércoles 17 que dentro de su plan de regeneración democrática exigirá que los medios de comunicación en España sean claros y transparentes en torno a quiénes son sus accionistas. También cuáles son sus fuentes de financiación y sus cifras reales de audiencia, siempre en base a una medición que sea realizada de forma “honesta”.
A más likes: ¿más financiación pública?
El Presidente del Gobierno anunció tanto una «Estrategia Nacional del Gobierno Abierto«como una nueva «Ley de Administración Abierta«. Ambas iniciativas tienen el objetivo de «ampliar y mejorar» la calidad y la cantidad de información gubernamental. Esto, unido al «plan antiguos» anunciado por el Gobierno, con el que, según palabras del presidente se quiere «acabar con la impunidad de algunos pseudosmedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha, entre PP y Vox», hacen que se ponga el foco sobre la información y los canales de difusión. Además de poner de frente una mirada atenta sobre nuestros medios de comunicación.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María José Montero, en rueda de prensa este jueves no quiso profundizar demasiado sobre los planes del Gobierno. Indicó que las audiencias de los medios son uno de los elementos con mayor relevancia a la hora de distribuir la financiación pública. Se mostró a favor de solicitar nuevos criterios de medición y atender a aspectos como las audiencias, el interés que éstas muestran sobre los contenidos que se publican, los tiempos de permanencia, la viralización de los contenidos, “el retuiteo” y el impacto de las noticias en las redes sociales.
Las audiencias son, según Montero, el primer criterio que tienen las administraciones a la hora de repartir publicidad institucional. Ante el auge de medios digitales, Montero se muestra a favor de que cambien los criterios de medición y de valoración de los medios, que ya nada o poco tienen que ver con los tradicionales: la televisión y la radio.
Sánchez y la reforma de la Ley de Publicidad institucional
Sánchez ha anunciado también una reforma de la Ley de Publicidad institucional, que fue aprobada hace más de veinte años, porque según explicó se aprobó cuando aún se leía únicamente en papel y no tenían cabida las redes sociales. Hoy, indicó, “debemos limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”.
Pedro Sánchez incluyó también entre sus explicaciones sobre la reforma de la Ley Electoral que serían obligatorios los debates entre candidatos durante el tiempo que duren las campañas electorales. Algo que Montero ha apoyado afirmando que considera que al menos uno de esos debates debería producirse en la radiotelevisión pública. Propuso también medidas para que puedan evitarse “las presiones de ámbito político y empresarial” que recaen en muchas ocasiones “sobre los profesionales de la información”. Profesionales sobre los que convendría plantear también una revisión en torno a quién se le considera profesional de la información y quién ostenta realmente esa consideración porque tiene detrás una preparación que así lo avala.
Quizá este problema, del que se vienen aquejando desde hace tiempo los verdaderos profesionales de la información, no es para el Gobierno problema alguno en estos momentos. Preocupan mucho otros aspectos porque ciertamente inciden sobre la intimidad, el honor y la propia imagen de nuestros políticos. No hay que olvidarnos de que son importantes, pero tampoco descuidar que hay muchos otros aspectos alrededor de la información que, por desinterés, llevan mucho tiempo sin considerarse parte del problema.
El Gobierno pone el foco sobre el contenido de la información
Montero ha señalado que uno de los objetivos de todo esto es conocer quién está detrás de todos los “bulos” que luego acaban llevándose ante los tribunales. Quizá algo tenga que ver la tortuosa trama en la que parece estar metida la mujer del presidente del Gobierno en estos momentos. O cualquier otra de esas noticias que salen a la palestra en cualquier campaña electoral en la que se afean las amistades de unos y otros candidatos. En los que se muestra cómo engañaron al fisco. O si tienen más o menos intención de defraudar con sus actos privados al electorado porque de lo que predican a lo que hacen, hay un trecho bastante grande.
En definitiva, desde el Gobierno se está poniendo el foco sobre el contenidos. No se presta atención, porque no se considera importante, a quién elabora ese contenido. Tampoco si se contrastan fuentes. Ni quiénes son las fuentes o si se están utilizando. Las redes requieren contenido rápido, fácil de ver y en muchas ocasiones engañoso pero que llame la atención. Nadie ha anunciado hasta ahora, qué ocurre con ese contenido de mentira, cuáles serán las multas, cómo se va a controlar.
El melón del mundo de la información es bastante grande y jugoso. Pero quizá hora lo que interese sea frenar los bulos que recaen sobre muchos miembros del Gobierno. Los bulos hay que frenarlos y poner medidas para que no vayan más allá. Pero si ese melón se abre, que se abra con todas sus consecuencias. Atajando todo lo que sale y no está en buenas condiciones ni para que se consuma ni para que de él, puedan salir muchos melones más.
