La reciente propuesta del PSOE para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la «ley mordaza«, ha despertado un intenso debate en España. Aunque el PSOE asegura que la reforma representa un avance significativo respecto a la ley aprobada por el Partido Popular en 2015, las críticas que surgen de diferentes sectores, tanto de la izquierda como de la derecha, apuntan a que los cambios son superficiales. Además no garantizan la protección efectiva de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. A continuación, analizamos los aspectos más controvertidos de esta reforma.
Puntos claves de la reforma de la Ley de Mordaza
Uno de los principales puntos de la reforma es la reducción de sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. En la ley original de 2015, las infracciones podían ser castigadas con multas de hasta 30.000 euros. Esto se consideró una herramienta de represión hacia los movimientos sociales y protestas pacíficas. La nueva propuesta del PSOE sugiere reducir estas sanciones a multas que oscilan entre los 100 y los 500 euros. E incluso contempla la posibilidad de que, si el infractor pide disculpas, pueda evitar el castigo. Este punto, más que un aspecto de seguridad ciudadana es de una auténtica inseguridad. Y, esto es porque hay una vía libre para seguir atentando (por un precio ridículo) contra la autoridad.
Sin embargo, esta medida es criticada desde distintos sectores. Para algunos, la reducción de multas sigue siendo insuficiente, ya que mantiene la posibilidad de sancionar a ciudadanos que expresen su descontento o que, en el marco de una protesta, entren en conflicto con las fuerzas de seguridad. Otros, como el PNV, han señalado que esta medida podría debilitar el principio de autoridad. Esto complicaría el trabajo de las fuerzas del orden en situaciones de desobediencia civil. Algo que me parece totalmente comprensible.
Otro punto clave de la reforma es la eliminación del uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios. Este tipo de armamento es objeto de duras críticas por su peligrosidad y por el uso excesivo que se ha hecho de él en diversas manifestaciones, provocando graves lesiones. La reforma del PSOE propone una eliminación gradual de las pelotas de goma. Se recibe con escepticismo.
Mientras que la eliminación de este tipo de material represivo es una demanda histórica de los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, la reforma no ofrece un calendario claro ni garantiza su eliminación inmediata. Podemos, un socio clave en el gobierno de coalición, ha expresado su descontento, calificando este paso como un “retoque estético” que no aborda la raíz del problema. La postura del PSOE en este tema refleja, una vez más, su tendencia a buscar compromisos políticos antes que soluciones profundas.
El impacto en la libertad de expresión
Uno de los temas más sensibles en la reforma de la ley mordaza es el impacto que tiene sobre la libertad de expresión. Desde su aprobación en 2015, la ley ha sido duramente criticada por limitar este derecho fundamental. Sobre todo en lo relacionado con la posibilidad de grabar y difundir imágenes de las actuaciones policiales. La ley original impone sanciones severas a quienes difundan imágenes que “comprometan la seguridad de los agentes”. Esto ha sido interpretado como una forma de silenciar la crítica y de evitar la documentación de posibles abusos de poder.
La propuesta del PSOE mantiene la penalización de la difusión de imágenes que «pongan en riesgo» a los agentes, aunque las multas sean más reducidas en comparación con la ley de 2015. Esto ha generado inquietud entre defensores de los derechos humanos y periodistas. Estos consideran que cualquier limitación a la difusión de información atenta contra el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información. En una sociedad democrática, la posibilidad de documentar la actuación de las fuerzas del orden es clave para garantizar la transparencia y evitar abusos.
Esta falta de compromiso total con la eliminación de las restricciones a la libertad de expresión plantea la pregunta de si la reforma realmente protege este derecho o si, por el contrario, sigue dejando espacio para la censura y el control de la información en un contexto de protesta social. Al Gobierno de Sánchez le interesa la censura. Le interesa callar bocas. Al señor Pedro Sánchez le interesa callar a todos aquellos periodistas que informan de forma rigurosa sobre las andanzas judiciales de su prole: su mujer, Begoña Gómez, su hermano o su cuñada. Al Presidente no le interesa que salgan ciertas informaciones que comprometen a él y si familia. Vivimos en un país de censura y dictadura.
La reforma como gesto político y no como defensa de los derechos fundamentales
Otro aspecto fundamental es la cuestión de las devoluciones en caliente. Una práctica implementada en las fronteras de Ceuta y Melilla fuertemente criticada por su falta de respeto a los derechos humanos. Aunque la reforma incluye la promesa de revisar la Ley de Extranjería seis meses después de su entrada en vigor, no queda claro si se eliminarán definitivamente estas prácticas. Esto ha provocado insatisfacción en las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El hecho de que no se eliminen las devoluciones en caliente de manera inmediata sigue generando una gran incertidumbre sobre el compromiso del gobierno con los derechos humanos en este ámbito. Mientras tanto, las expulsiones sumarias, que vulneran el derecho internacional, siguen siendo una realidad en las fronteras españolas. Así que se pone en entredicho el verdadero alcance de la reforma.
Finalmente, la propuesta del PSOE parece estar más orientada a consolidar su base parlamentaria que a realizar una reforma integral de la ley mordaza. El pacto con EH Bildu y Sumar, aunque representa un avance en términos de negociación política, es criticado por algunos sectores por dejar intactos muchos de los aspectos más controvertidos de la ley original.
Todo se hace siempre en interés del dictador Pedro Sánchez. Todo gira en su beneficio, en lugar de pensar en los españoles. Pero esto no es nuevo, es lo que viene haciendo desde que puso un pie en la Moncloa. En definitiva, en un contexto donde la libertad de expresión sigue en riesgo, y donde el control estatal sobre las manifestaciones y las actuaciones policiales se mantiene, la reforma parece más un gesto político que una verdadera apuesta por la defensa de los derechos fundamentales.
